Durante una gira reciente en Tenango de Doria, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó reclamos directos de habitantes de la región Otomí-Tepehua por la falta de medicamentos y personal médico en centros de salud. Los asistentes interrumpieron su discurso para denunciar que, pese a las inversiones anunciadas en infraestructura y programas como las Rutas de la Salud, las unidades locales operan con insuficiencia de doctores —especialmente fines de semana— y desabasto recurrente de fármacos para enfermedades crónicas como la hipertensión.
La mandataria respondió matizando las quejas. Aseguró que el abasto nacional alcanza niveles cercanos al 97 % en instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, y que en el caso específico revisado en Hidalgo se registraba un 80 % de disponibilidad. Atribuyó el faltante del 20 % a incumplimientos de un proveedor y prometió resolverlo de inmediato, incluso modificando su agenda para inspeccionar personalmente el centro de salud. Afirmó que las “Rutas de la Salud” y mecanismos como el trato digno reducen las fallas logísticas heredadas de administraciones anteriores.
Desde Palacio Nacional, el gobierno defiende una estrategia de compras consolidadas y mayor control estatal para eliminar intermediarios corruptos. Destaca el avance hacia un Sistema de Salud Universal, anunciado en abril de 2026, que busca integrar instituciones y garantizar atención gratuita en cualquier unidad para 2027-2028. Funcionarios argumentan que las cifras oficiales muestran mejora respecto al sexenio previo, donde el desabasto de oncológicos y otros insumos generó protestas graves, y que los casos aislados responden a problemas puntuales de distribución o proveedores.
Críticos de diversas posturas cuestionan esta visión. Organizaciones como Cero Desabasto y testimonios ciudadanos documentan que el porcentaje real de recetas surtidas varía por región, con mayores carencias en zonas rurales e indígenas. Señalan que la centralización de compras, si bien pretendía combatir la corrupción, ha provocado retrasos logísticos, dependencia de pocos proveedores y falta de flexibilidad. Médicos y pacientes reportan suspensiones de tratamientos, reabastecimientos irregulares y sobrecarga de personal, lo que afecta especialmente a adultos mayores y enfermos crónicos. Algunos analistas sostienen que los discursos optimistas contrastan con la experiencia diaria en comunidades alejadas, donde el “80 %” o “97 %” nacional no se traduce en disponibilidad local.
El tema polariza. Para unos, los reclamos en giras revelan un problema estructural no resuelto pese a promesas de transformación. Para otros, reflejan resistencia al cambio o casos excepcionales que el gobierno atiende con transparencia al exponer a proveedores incumplidos. La insistencia ciudadana durante eventos de fin de semana evidencia que la salud sigue siendo un reclamo prioritario, más allá de las estadísticas macro.
En un contexto donde el derecho a la salud es constitucional, el desabasto persistente genera dudas sobre la eficacia de las políticas implementadas. La responsabilidad del Ejecutivo radica en cerrar la brecha entre anuncios y realidad cotidiana, mientras la sociedad exige soluciones concretas que trasciendan explicaciones coyunturales.
