El pasado proceso electoral federal nos recuerda al borrachín que fue remitido a la comisaría por escandalizar en algún callejón, y tan pronto lo acercaron al juez calificador lo saludó con una aguardentosa mentada de madre, preguntándole, enseguida, cuánto debía de pagar por sus infracciones a la ley.
El viejo juez, acostumbrado a las vicisitudes propias de su encargo, lo miró impertérrito por unos segundos y, sin estar dispuesto a ir donde lo mandaba el parroquiano, con voz pausada le satisfizo su petición: «Por su indebido comportamiento en la vía pública quedará usted recluido en la celda número 3 durante 12 horas inconmutables, tiempo estimado, además, para que salga a deambular sin riesgo de ser atropellado; y por la injuria a la autoridad, que es el de la voz, deberá enterar, aquí mismo, la cantidad de 20 pesos de multa».
El remitido, con dificultad para mantenerse erguido y con cierta parsimonia, echó la mano temblorosa a la bolsa trasera del pantalón, hurgó en ella, sacó dos billetes arrugados y le espetó: «Señoría, aquí están dos de a 20, uno por la multa y el otro para que de todas maneras vaya usted y retizne a su… tal por cual madre, y ya estamos a mano».
Algo parecido sucedió durante la reciente campaña federal:
1. Reiteradas violaciones a la ley cometidas por el Partido Verde, según lo consignan resoluciones dictadas por las autoridades competentes; y
2. Multas y más multas —unas ya pagadas y otras en litigio— impuestas al Tucán, sin que corrigiera su conducta el pájaro infractor, quien se hizo de una no despreciable votación, así como «merecedor» de un cuantioso financiamiento público que le permitirá seguir burlando la ley. Ambos «quedaron a mano».
El órgano sancionador, en votación dividida, se negó a cancelar su registro como partido político al plumífero contumaz, y tampoco valieron los desplegados periodísticos de unos «abajo firmantes» ampliamente conocidos.
Lo dividido de la votación se explica, pues no es fácil que alcancen consensos los tribunales cuando el texto de la ley permite interpretaciones e impone castigos trascendentes y de extrema dureza.
Por eso, propongo que el Poder Legislativo incorpore en el código electoral un procedimiento a través del cual el árbitro notifique a todo infractor reincidente, ya castigado pecuniariamente, que una nueva violación lo colocaría fuera de la competencia en curso, o de la que esté por realizarse. No se permitiría candidato sustituto, y la sanción podría alcanzar al partido todo, según fuere la conducta. Se trata, pues, de una inhabilitación temporal, no de pérdida del registro. Para tales casos, tendrían que reglamentarse, también, entre otras cuestiones, lo relativo a la devolución de prerrogativas recibidas, y las por recibir.
De aplicarse con rigor las normas actuales no quedaría títere con cabeza; todos los partidos lo saben. Con mi propuesta, nadie le diría al árbitro: «a mí me vale verde su tarjeta roja», o «reciba otros 20 pesos… con mis mejores deseos».
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