Reglas no escritas y corrupción

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El régimen priísta funcionó con varias reglas no escritas, que por lo mismo no figuraban en la legislación pero se aplicaban puntualmente. Una de tales reglas sigue siendo la enorme impunidad hacia el abuso de poder y la corrupción. La enorme impunidad se fundamenta en lo que parece un pacto entre los distintos partidos políticos (fue la PGR de Calderón la que exoneró a Humberto Moreira). Se busca que todos ellos puedan medrar del erario público sin grandes riesgos a ser llamados a cuentas, lo cual ocurre en casos verdaderamente excepcionales, y más por razones políticas que legales. Parte de esa regla era aplicar la ley (aunque no siempre con el debido proceso) a uno que otro pez gordo, que generalmente era además enemigo del presidente en turno (Díaz Serrano, Arturo Durazo, La Quina, Raúl Salinas de Gortari, y en este gobierno, la maestra Gordillo).

En los gobiernos del PAN ni siquiera hubo esos pocos peces gordos; nos aseguraron que se cambiarían los cacahuates por lingotes de oro, pero nos dejaron los cacahuates. A veces el castigo se limitaba a un “exilio dorado” durante algún tiempo. López Portillo salió del país por algunos meses, y Carlos Salinas lo hizo por algunos años en Irlanda y Cuba, hasta que Vicente Fox le allanó el terreno para su retorno —no triunfal pero sí reivindicativo— a México. Moreira optó por estudiar en España.

La regla de la impunidad ha adquirido nuevos rasgos; ahora, si acaso las cosas se ponen complicadas, se le remueve al indiciado del cargo que ostente en ese momento, y se cierra el expediente. Por eso probablemente ya nadie daba importancia oficialmente al enorme endeudamiento provocado por Moreira en Coahuila, y los delitos en ello implicados; cuando estalló el escándalo ocupaba la dirigencia del PRI y fue presionado a dejar su cargo por esa razón. La regla no escrita consiste en que, una vez estallado el escándalo y habiendo elementos suficientes para presumir culpabilidad, se le remueve de su cargo y se considera ese un castigo suficiente. Acto seguido, se cierra el expediente. Pero entonces, ¿por qué se le removió si no había fundamento en las acusaciones de corrupción o falsificación de documentos?

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Algo parecido ocurrió en su momento con, por ejemplo, Arturo Montiel; al conocerse sus múltiples casas, seguramente producto de corrupción, tuvo que abandonar su aspiración presidencial. Suficiente castigo, por lo que después ya no fue investigado ni menos procesado. Y también ocurrió con Arturo Escobar, del Partido Verde, quien siendo subsecretario de Gobernación se le acusa de manera convincente de delitos electorales, por lo cual deja su cargo. Un juez no halló elementos para inculparlo. Entonces, ¿por qué no es restituido en Gobernación? Hay aquí una contradicción en términos legales; si es inocente, ¿por qué se le quita su cargo, o no se le repone en él?; y si es culpable, ¿por qué no se le procesa legalmente? La contradicción desaparece a la luz de la regla no escrita de la impunidad, que parece decirnos: “Sí, hay elementos para considerarlo culpable, y por eso se le ha removido de su cargo, pero justo en eso consiste su castigo por ser corrupto o delincuente. Aplicar la ley resulta excesivo en México, paraíso de la impunidad. Recuerden que no estamos en Suecia. Bastante castigo es para un político mexicano ser removido de su cargo como para encima quererle aplicar todo ‘el peso de la ley’. No exageren”.

Del caso Moreira queda la siguiente lección: a los corruptos mexicanos no les conviene salir del país, ni exiliarse temporalmente. Podrían ser atrapados en países que no respetan nuestras reglas no escritas. Mejor quedarse en México donde cuentan con una eficaz y amplia red de protección; la propia clase política. En cambio México sí respeta los usos y costumbres de otros países, así impliquen violaciones flagrantes a los derechos humanos. De ahí el Águila Azteca al dictatorial monarca árabe. Nosotros sí somos comprensivos con los demás países, no como los canijos españoles.


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