Reelaboran expediente contra Escobar

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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) anunció que no apelará la negativa de orden de aprehensión de Arturo Escobar, el ex subsecretario de Gobernación, y que reelaborará el expediente para volver a solicitar su captura por la presunta distribución ilegal de las tarjetas Premia Platino.

El organismo investigador a cargo de Santiago Nieto dio a conocer que esta tarde decidió no impugnar ante un tribunal unitario el fallo de Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales.

“La FEPADE, determinó no impugnar la resolución de la Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien negó la orden de aprehensión en contra de un ex dirigente partidista.

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“En su pretensión punitiva, dicha Fiscalía, consideró pertinente no agotar el medio de defensa previsto en la ley y subsanar los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional”, adelantó.

Esto significa que la fiscalía solicitará hoy mismo la devolución del expediente para corregir sus fallas y nuevamente consignar el expediente contra el ex funcionario y los empresarios acusados.

El pasado 18 de febrero el ex subsecretario suscribió un contrato con la empresa Proyectos Juveniles por un monto de 2.3 millones de pesos, para la elaboración y entrega de 10 mil tarjetas de descuentos Premia Platino, durante la precampaña y en su calidad de representante del Verde.

Por estos hechos, la FEPADE consignó a los indiciados por el delito de violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), que sanciona de 5 a 15 años de prisión a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición legal para ello.

El pasado 7 de diciembre la juez federal Rosa Cervantes rechazó librar las aprehensiones contra Escobar y María Guadalupe Robles Ponce, apoderada legal de Proyectos Juveniles; Ramiro Quintero Ramos, representante legal de Multiservicios de Excelencia, y Pablo Oliver Robles, representante legal de Cards & Systems Solutions.

La juzgadora consideró que esa figura jurídica no se ajusta al hecho de que Escobar suscribiera un contrato presuntamente ilegal con la empresa Proyectos Juveniles, pues técnicamente los recursos implicados en principio no constituyen aportaciones.

También estableció que, si bien la FEPADE consigna la violación a un apartado de la Ley Electoral, no existe analogía entre las conductas sancionadas por el Código Penal y las de dicha norma.

La juez no valoró si había o no pruebas de delito, sino más bien que no estaba debidamente tipificada la conducta delictiva de los acusados, lo que abrió una puerta a la FEPADE para corregir la acusación y volver a presentarla ante la autoridad judicial.


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