Más allá del borrego puesto a circular el pasado viernes, que atribuyó a Manlio Fabio Beltrones la intención de impulsar una reforma para permitir la compra-venta de spots con fines electorales en TV y radio, lo que resulta evidente es la pretensión de las dos televisoras y varias cadenas de radio privadas de echar atrás la prohibición establecida en 2007, confirmada por la SCJN. Reabrir el mercado de spots ha sido pretensión del duopolio que ahora considera abonado el terreno para la revancha.
La contrarreforma sería suicida para los partidos políticos, no solamente para los tres de mayor presencia electoral sino para todos. Los volvería a poner de rodillas ante el poder de las televisoras y de nuevo a merced de las presiones e intereses de los grandes empresarios, patrocinadores casi únicos en ese mercado; reduciría a casi nada la presencia de los partidos menores en esos medios y abriría el apetito de los millonarios para impulsar a candidatos independientes, convirtiéndolos en peones de poderes fácticos.
Lo anterior no es una especulación; en Milenio del pasado jueves Bárbara Anderson comentó un sondeo realizado por la firma FTI Consulting México entre gerentes y directivos de 565 empresas, que señala que si las elecciones fueran ahora “36 por ciento de los empresarios votaría no por un partido sino por un candidato”; 30% por el PAN, 13% por el PRI, 9% por el PRD, 3% por Morena y el 1% por el PVEM. Está claro el riesgo que implica, para partidos y candidatos independientes volver al mercado de spots.
Que Ricardo Anaya, presidente del PAN, esté dispuesto a respaldar la contrarreforma, metiendo de contrabando la segunda vuelta presidencial y las candidaturas comunes en elecciones federales, sólo se explica por su ignorancia de la reforma de 2007 y del papel que en ella jugó uno de sus correligionarios: Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México. Anaya quiere cambiar las reglas pues sabe que para 2018 son adversas al PAN, por sus malos resultados electorales este año.
El problema no ha sido la prohibición de compra de tiempo en radio y TV con fines electorales, sino el uso del tiempo de Estado que el INE administra durante los procesos electorales y asigna a los partidos políticos a partir del inicio de las precampañas.
El defecto mayor es el abuso de spots por autoridades y partidos, al que se suman el fraude a la ley que Andrés Manuel López Obrador hace desde que su partido obtuvo registro y el mal diseño legal para el acceso a esos medios por los candidatos independientes. Para corregir abuso y fraude, y tratar de manera equitativa a estos últimos, basta con precisiones legales que al INE y al TEPJF otorguen un marco jurídico adecuado.
Para remediar el abuso de spots partidistas hace años que se han presentado propuestas para abrir espacios de debate en TV y radio, o para difundir mensajes partidistas con duración de 3 minutos en que éstos expongan a las audiencias sus propuestas. Han sido los partidos en el INE, adictos a los spots, quienes se han negado a corregir el defecto.
El fraude de López Obrador es de naturaleza diferente. Estamos ante una flagrante conducta que encuadra en la hipótesis que la ley considera como actos anticipados de campaña, no de precampaña pues solo un tonto puede creer que el tabasqueño compite por la candidatura presidencial de Morena; no compite, la tiene asegurada, tanto que ya prometió que de ser electo Presidente no admitirá ser reelecto, aunque el pueblo se lo pida. Lo que sí admitió fue ser ungido por aclamación presidente súbito de Morena.
Las mentiras no son verdades por repetirlas una y otra vez; la reforma de 2007 fue avance democrático, diseñado para poner un alto al poder del dinero y la nociva influencia de las dos televisoras privadas en los procesos electorales. A los poderes fácticos los mueve el dinero, a sus voceros quedar bien con el amo.
Que el duopolio televisivo quiere la revancha es seguro, no lo es que partidos y legisladores admitan regresar al redil que los convierta en pedigüeños.
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