La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) ya no es un asunto administrativo o una disputa entre sus integrantes. Las acusaciones de corrupción, las renuncias, las preguntas sobre su estructura y la disputa sobre quién será su nuevo presidente ponen algo más delicado en el centro del debate: la independencia de la institución que organiza las elecciones y asegura la imparcialidad en la competencia por el poder.
¿Permitiremos que el poder político recupere (por otros medios) el control sobre las elecciones que le tomó a México décadas arrebatar al gobierno?
No decimos que el INE haya perdido su autonomía formalmente o que haya una captura institucional consumada. Advertimos que existen hechos y acusaciones que exigen respuestas antes de que el deterioro se vuelva irreversible.
Una conquista que no podemos perder
La autonomía electoral fue una victoria democrática, no una concesión de los gobiernos. En 1990 nació el Instituto Federal Electoral, todavía bajo la conducción de Gobernación. En 1996, una reforma constitucional retiró al Ejecutivo de su dirección. En 2014, el IFE se transformó en INE. Detrás de esos cambios hubo una firme convicción: quien ejerce el poder no debe controlar a quien organiza las elecciones que determinan quién lo conserva y quién lo pierde.
La renuncia de Guadalupe Taddei no puede cerrar las investigaciones sobre su administración. El Órgano de Control Interno informó a la Cámara de Diputados que hay 18 expedientes relacionados con posibles actos de corrupción: trece aún son investigados y cinco están en procedimientos de responsabilidad administrativa. Entre los comportamientos bajo revisión están posibles conflictos de interés, ocultamiento de esos vínculos, simulación en licitaciones, abuso de funciones y daño patrimonial.
Estas no son sentencias y nadie debe ser condenado por ellas. Son investigaciones que deben llevar sus propias consecuencias a una conclusión. ¿Quién autorizó los contratos cuestionados? ¿Quién supervisó las licitaciones? ¿Hubo conflictos de interés? ¿Quién sabía sobre las posibles irregularidades y qué hicieron al respecto?
La salida de Taddei no debe ser una página en blanco. Los contratos, las relaciones con los proveedores y las responsabilidades de los involucrados en la gestión del Instituto necesitan ser reevaluados.
Trabajadores del INE anunciaron que el próximo lunes 9 de noviembre realizarán un paro laboral para denunciar presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, así como el otorgamiento de plazas a cambio de “diezmos”. La protesta busca visibilizar las problemáticas internas que enfrenta el personal, pese al temor a posibles represalias.
Las responsabilidades también son políticas
La investigación también debe alcanzar a quienes promovieron y respaldaron el nombramiento de Guadalupe Taddei. Es cuestionable el mecanismo de selección mediante una tómbola, impulsado durante el gobierno de López Obrador, del que surgió su designación. Es necesario conocer qué criterios prevalecieron y deslindar responsabilidades conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones.
No se trata de condenar a nadie por haber apoyado un nombramiento, sino de evitar que las relaciones políticas sean un escudo contra posibles irregularidades.
También preocupa la situación del personal técnico. Investigaciones periodísticas han documentado renuncias, cambios de asignaciones y testimonios sobre presiones laborales durante la gestión anterior. Es necesario aclarar si fueron desplazados funcionarios de carrera, si la experiencia fue sustituida por cercanía política y qué ocurrió con el Servicio Profesional Electoral.
El INE no puede trabajar con cuotas o lealtades personales. Su capacidad para organizar elecciones depende de miles de profesionales que aseguran el funcionamiento de procedimientos, registro y mesas de votación. Debilitar esa estructura pone en riesgo una de las principales fortalezas del sistema electoral.
Una sucesión bajo sospecha
La crisis también alcanzó el proceso de elección de la nueva presidenta. La convocatoria será emitida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara la próxima semana porque Morena y el PAN ante la falta de acuerdo sobre las condiciones del procedimiento.
La presidencia de la Jucopo en Diputados admitió que las fuerzas políticas desconfían unas de otras y que el nombramiento era un asunto de estado. Se señaló que se buscaría llegar a un consenso, pero si no, podría recurrir a la mayoría legislativa (sic).
La declaración plantea la pregunta: si la propia coordinación de Morena admite la desconfianza, ¿qué garantías dará para que la nueva presidencia no nazca bajo sospecha? ¿Puede resolverse un nombramiento de tal importancia solo con los votos de la mayoría?
El PAN presentó ocho propuestas para transparentar e imparcializar el proceso, entre ellas ampliar el período de separación de quienes hayan ocupado cargos partidistas, gubernamentales o electorales; incorporar a organizaciones civiles al Comité Técnico de Evaluación; permitir observadores ciudadanos y legislativos; evitar filtraciones de exámenes, publicar sus resultados con autorización de los aspirantes y justificar la idoneidad de quienes integren las quintetas.
También propuso revisar los poderes extraordinarios otorgados a la presidencia del INE y devolverle (al Consejo General) aquellas atribuciones que anteriormente le pertenecían.
Estas son buenas propuestas que necesitan discutirse seriamente. La transparencia de los exámenes, la publicidad de las evaluaciones y la vigilancia ciudadana son condiciones necesarias para evitar el favoritismo. Cada propuesta debe ser analizada con criterios legales (¿requiere cambio constitucional o puede implementarse de otra manera?).
Morena debe responder por sus decisiones
Hay una contradicción que Morena no puede evitar. Desde el inicio de la presidencia de la Junta de Coordinación Política se reconoció que había una necesidad de recuperar la colegialidad y devolver facultades al Consejo General que previamente se le habían otorgado. Si ahora es necesario corregir la concentración de atribuciones, ¿por qué? ¿Quién promovió estos cambios con qué argumentos? ¿Qué controles fueron debilitados?
La presidencia del INE no puede ser un espacio de poder personal ni una extensión de mayorías legislativas. Quien encabece el Instituto debe tener experiencia, independencia y no estar sujeto a instrucciones externas; su nombramiento no puede basarse en lealtades políticas ni en protección para quienes deben rendir cuentas.
Los consejeros tampoco pueden eludir su responsabilidad. Tienen que explicar qué sabían sobre posibles irregularidades y si ejercieron sus poderes de supervisión.
La Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control y otras autoridades competentes deben investigar sin presiones y dar resultados. Abrir expedientes no es suficiente. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió; quién participó en ello; qué consecuencias tendrán los hechos probados.
Blindar al INE antes de 2027
El calendario electoral de 2027 añade urgencia. ¿Qué pasa si llegamos a una elección competitiva con un árbitro debilitado por conflictos internos, investigaciones inconclusas y preguntas sobre la independencia de sus autoridades? ¿Con qué autoridad puede exigir confianza en sus decisiones si no hay suficientes garantías de imparcialidad?
No blindar al INE de manera oportuna y adecuada podría derivar en una crisis de Estado, con consecuencias para la estabilidad del país y un alto costo democrático y ciudadano.
El partido en el poder tiene mayor responsabilidad por su capacidad de decisión. Si dice respetar la autonomía del INE, debe demostrarlo y garantizarlo con investigaciones sin interferencias, decisiones colegiadas y una designación transparente. Desde la oposición también debemos actuar con responsabilidad y sostener nuestras exigencias con coherencia.
Defender al INE no significa defender a Guadalupe Taddei ni a quienes integraron su administración. Significa exigir que se investiguen las irregularidades, se sancionen las que se comprueben y se impida que cualquier fuerza política ponga al árbitro electoral a su servicio.
Cambiar la presidencia del INE no borra las irregularidades ni sustituye la rendición de cuentas.
México tardó décadas en construir una autoridad electoral autónoma. Ese logro no puede quedar sujeto a mayorías legislativas o acuerdos políticos. El INE necesita un blindaje institucional ahora, no promesas ni explicaciones después.
El oficialismo no puede usar su mayoría para forzar una renovación a modo, bloquear controles o eludir responsabilidades. Tampoco puede reclamar respeto por la autonomía electoral mientras debilita los controles y equilibrios.
La pregunta es inevitable: ¿quiere el partido gobernante un INE verdaderamente autónomo o uno que no se interponga en su camino?
Lo que está en juego no es solo quién se sentará en la presidencia del INE. Es si México llegará a las elecciones de 2027 con un árbitro independiente que tenga autoridad y capacidad para hacer cumplir la ley contra todos (incluido el propio gobierno). Blindar al INE no puede esperar hasta que explote la próxima crisis. Tiene que hacerse ahora.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
