Al jurar el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como sus predecesores, Enrique Peña Nieto juró: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y si así no lo hiciere que la nación me lo demande».
Ahora bien, en la Constitución se establece la evaluación OBLIGATORIA de los aspirantes a puestos de maestro. Y la legislación secundaria establece el cómo. Por lo tanto, cualquier decisión presidencial que elimine, temporal o “indefinidamente” la evaluación de los maestros, viola clara y flagrantemente la Constitución.
No hay vuelta, no hay manera de disfrazarlo con los acostumbrados eufemismos políticos: la medida anunciada por la SEP es anticonstitucional. No se trata de interpretar al gusto y con trucos de lenguaje una ley secundaria, no, se trata de la Constitución federal.
Ahora, de alguna manera, la SEP o la misma Presidencia deberán necesariamente intentar una justificación a lo anunciado en un boletín de prensa. Quedarse callados ante el enojo popular no es buena opción, aunque probablemente guarden “prudente” silencio inicial, o busquen nuevas noticias que intenten calmar los ánimos del pueblo, y en particular de quienes generan opinión pública.
Así que de cualquier manera, aplica el “que la Nación me lo demande”.
¿Y cómo lo demanda la Nación? La verdad no parece estar normado en ley o reglamento alguno, pero sí hay caminos, como es la solicitud del Congreso de la Unión, que aunque no contaría con los votos priistas-verdes, sí podría generarse la demanda por grupos parlamentarios, juntos o separados.
El tema es demasiado caliente como para que se quede en el enojo popular.
Por supuesto que existe el derecho constitucional de petición, que se puede ejercer en lo personal o colectivamente, por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Presentar esas peticiones en Presidencia.
Pero ¿qué sucede si la Nación demanda al Ejecutivo el incumplimiento del juramento de guardar y hacer guardar la Constitución? Tampoco parece estar claro en ninguna normatividad legal. Pero de alguna manera debe resolverse este tema, no puede quedar en el limbo legal.
¿Procedería una solicitud de renuncia al cargo de Presidente “por motivos graves”? creo que sí. Todas las exigencias de renuncia que se han presentado al Presidente Peña Nieto, acusándolo de incompetente no tienen sustento legal, la incompetencia o presunta corrupción no pasan de señalamientos, pero… la violación flagrante a la Constitución si es asunto grave.
¿Pretenderá “el Sistema” u otras personas hacer responsable directamente a Emilio Chuayffet y solicitar su renuncia, como ya se ha dicho en estas horas recientes? El caso es que una decisión semejante no puede tomarla un secretario de despacho sin la orden o al menos el visto bueno del Presidente, que es lo mismo.
¿Alegarán los defensores de Enrique Peña Nieto y del Secretario Chuayffet que deberá aclararse si se violó o no la Constitución? Sin duda, sería su trabajo, con eso ganarían tiempo. No pueden esperar quienes exijan a Peña Nieto que se vaya (y se someta a juicio ya sin fuero) que de pronto presente su renuncia al cargo, sería ingenuo.
¿Qué va a pasar? A corto plazo nada, así es la política, pero las tales demandas populares o legislativas que lleguen a presentarse por el conducto que sea pondrán a pensar a muchos juristas quizá.
Pero al final sucederá algo muy previsible: que pasadas las tormentas electorales de junio den marcha atrás y vuelva la evaluación. Es lo más previsible, y la violación a la Constitución quedará en simple mancha en la imagen personal de Enrique Peña Nieto, o a la mejor esta vez sí pase algo, ya que el presidencialismo priista ya no controla el Congreso federal.
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