El Congreso mexicano sesiona regularmente de septiembre a diciembre y de marzo a mayo cada año. Previo a cada periodo de sesiones los grupos parlamentarios establecen la agenda política y legislativa que impulsarán durante los meses por venir de acuerdo con su diagnóstico de la situación del país y con las necesidades de los ciudadanos.
El inicio del periodo de sesiones de septiembre coincide con la entrega, el día primero, del informe de gobierno del Presidente de la República al cual, los grupos parlamentarios responden y reaccionan durante el mes. Este ejercicio debería ser uno de verdadera rendición de cuentas del Ejecutivo pero hoy día está limitado a la entrega física de un documento sobre el que después los legisladores sólo nos hablamos entre nosotros: unos defendiendo al gobierno y otros criticándolo. Cuando más, tenemos las comparecencias de secretarios de Estado que no tienen mucha repercusión en el debate sobre el estado real del país o sobre la eficacia de las acciones del gobierno, mucho menos abonan a la construcción colectiva de soluciones a los problemas. Esto debe cambiar.
Iniciamos este periodo de sesiones en un momento crítico para el país. No se trata de querer ser pesimista y de negarse a ver las cosas buenas como dicen los funcionarios del gobierno sino de afrontar la realidad. Llevamos prácticamente todo el sexenio con la economía estancada, sin crecimiento; nuestra moneda se ha depreciado; ahora pagamos más impuestos y aún así, al gobierno no le alcanza, no sólo ha recortado el gasto público sino que se ha endeudado de manera peligrosa. La situación ha empezado a afectar el poder adquisitivo de las familias.
La violencia ha repuntado en el país de la mano a los secuestros y extorsiones. La crisis de derechos humanos persiste y la percepción de una corrupción generalizada y sin remedio ha terminado de devastar la confianza en las autoridades. Para colmo, las reformas otrora prometedoras como la energética y la educativa no están dando los resultados esperados. Ése es el escenario en el que el Congreso iniciará sus trabajos esta semana.
Las y los senadores del PAN hemos definido como prioridad el defender el poder adquisitivo de las familias y continuaremos nuestro trabajo en torno a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Propondremos una reforma electoral para reducir los spots de las campañas electorales a cambio de más espacios para el debate que permitan una mejor difusión y contraste entre las ideas de los candidatos. Asimismo, impulsaremos el fortalecimiento de los organismos de Derechos Humanos del sistema interamericano; fijaremos posición respecto al Acuerdo de Asociación Transpacífico y apoyaremos la implementación de compromisos internacionales que México ha asumido en las Naciones Unidas en materia de desarrollo sostenible, cambio climático, drogas y paz y seguridad.
Ésta es una agenda que busca como cada periodo de sesiones, solucionar problemas urgentes. Sin embargo, dada la grave situación que vivimos, los grupos parlamentarios deben ir más allá y el Congreso en su conjunto, debe asumir una mayor responsabilidad. No basta con señalar lo mal que lo hacen los demás sino que tiene que hacer lo propio. Por ejemplo, reducir su presupuesto y asumir verdaderas políticas de austeridad, así como cumplir plenamente con sus obligaciones en materia de transparencia. Además, es fundamental fortalecer y ejercer los mecanismos de control sobre el Ejecutivo para ser verdaderamente un contrapeso de éste. Sin duda éste sería un buen comienzo del periodo por venir.
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