Finalmente, la sección instructora de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco por acusaciones de agresión sexual, pero lo que llama la atención y debería motivar el mismo esfuerzo del partido oficial para reformar tanto la Constitución como otras leyes es el argumento que dio el presidente de dicha comisión para no proceder en contra del exgobernador de Morelos.
Y es que el principal argumento es que la Fiscalía de Morelos, de acuerdo al dictamen dado a conocer, entregó una carpeta de investigación que «adolece de deficiencias técnicas y profesionales, alejadas de los principios de lealtad, objetividad, legalidad y profesionalismo”.
Así, en lugar de reformar al Poder Judicial para realizar una elección que es confusa para los electores y va costar millones de pesos, lo que se debió haber hecho es una reforma a las fiscalías y ministerios públicos, porque –concediendo que la Sección Instructora tiene razón– no es posible que una fiscalía no pueda entregar una carpeta de investigación con pruebas sólidas y dictámenes periciales bien hechos.
Pero en la realidad de nuestro país, como cualquier ciudadano puede comprobar, la investigación de fiscalías y ministerios públicos es deficiente cuando no ausente, no están debidamente capacitados, carecen de recuros y enfrentan una saturación de denuncias considerando que muchas personas prefieren no hacer una ante la incapacidad de estas instancias para hacer justicia.
Esto también incide en el tema de la impunidad, que es uno de los principales problemas que enfrentamos como país.
Pero parece que en el gobierno y los legisladores de todos los partidos tienen otras prioridades.
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