Teóricamente vivimos en una economía del mercado donde los precios están reguladas por la oferta y la demanda, donde el aumento en la demanda o una disminución de la oferta lleva a mayores precios. Pero en México algunos precios siguen siendo decididos por la autoridad sin criterio económico alguno. Como si fuéramos país socialista, los precios, en especial los de energía, se deciden desde un escritorio. Con la ayuda de asesores no siempre capacitados, se fijan precios a conveniencia.
¿Mejores precios para quien o para qué? Cuando un funcionario decide discrecionalmente, hace lo que a él y a su grupo le conviene, sin mirar al interés general. No importa lo prometido en otro momento. Es un método poco ético y poco confiable por errático, sin corrección alguna en la lógica económica.
Los precios de la energía inciden tanto en la economía mundial como en la nacional. Cada vez que hay un aumento por una decisión arbitraria, se desatan efectos negativos. Si la economía mundial se ve afectada cada vez que cambian los precios del petróleo crudo, la nacional sufre cuando el gobierno aumenta los precios de las gasolinas. Por desgracia los eleva cuando le conviene sin importar si el petróleo sube, baja o se mantiene estable.
En 2014 bajaron fuertemente los precios del petróleo crudo y a contracorriente el gobierno aumentó los precios de los combustibles para compensar la caída en sus ingresos. Lo hizo al tiempo que los precios de las gasolinas bajaron en el resto del mundo. Llegamos al extremo de que eran más caras en México que en el exterior; incluso el gobierno federal se atrevió a afirmar que no habría impacto negativo en nuestra economía.
La devaluación continua del peso frente al dólar (este año pasó de 15 pesos a más de 19) dio margen para que el gobierno considerara que los combustibles se habían abaratado para los mexicanos frente a esta moneda. Pero para los ciudadanos que no ganamos en dólares sino en pesos, representa cada vez menos ingresos disponibles porque un gobierno egoísta desea culminar lo planeado a toda costa.
En este sexenio, al igual que en 1976-82 y en 1988-94, el gobierno federal lleva a cabo un ambicioso programa de inversiones para modernizar a México. Como no son autofinanciables, a corto plazo lo han hecho con deuda externa, y como requieren más ingresos (en especial por la caída en el precio del crudo), el gobierno se ve obligado a cubrirlos por otros medios. Pero no desea que sea mediante el aumento de impuestos para evitar tener que pedir al Congreso una autorización.
Aumentar los combustibles es el recurso más sencillo a su alcance. Con un solo decreto, los mexicanos contribuiremos a comenzar a pagar el programa federal de modernización, que si llega a salirse de control por aumento de costos, por incapacidad o por corrupción, podría conducir a una nueva devaluación, esa sí catastrófica.
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