Partidos acumulan delitos electorales; informe al Senado

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Las sanciones por las infracciones pueden ser de hasta 9 años de cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo.- Además de la guerra sucia que involucra, hasta el momento, a 12 candidatos en el actual proceso comicial, los principales partidos incurren en al menos una decena de delitos electorales, según un análisis hecho por Margarita Martínez Fisher y entregado al PAN en el Senado de la República.

Los delitos entre los que más incurren las agrupaciones políticas son la entrega de despensas, cooptación y compra del sufragio, condicionamientos para la entrega de recursos de programas sociales y rebase en los topes de campaña, entre otros.

Según la legislación vigente, las fallas implicarían encarcelamiento de tres y hasta nueve años.

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El estudio cita algunos ejemplos, como en el caso de Sonora, donde partidos señalan al gobernador de la entidad, Guillermo Padrés, de apoyar ilegalmente al candidato panista Javier Gándara.

Abundan desvíos, lodo, despensas…

Al menos diez de los ilícitos que se han denunciado en las actuales campañas ameritan encarcelamiento.

Además de la guerra de lodo que involucra hasta el momento a 12 candidatos, en el actual proceso electoral se denuncian públicamente al menos 10 delitos electorales que implican cárcel, como es el caso de los candidatos que se aprovechan de fondos públicos, como los legisladores que no pidieron licencia y mantienen sus dietas y apoyos económicos.

Con base en el catálogo de delitos que contiene la Ley General en Materia de Delitos Electorales, aplicables para elecciones federales, estatales y municipales, en esta campaña son recurrentes las denuncias públicas de la comisión de 10 tipos de delitos, todos ellos implican encarcelamiento, de tres y hasta nueve años de cárcel.

Las campañas sucias están prohibidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y ésta faculta al Consejo General del INE y a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sancionarla con la cancelación de su difusión y con multas económicas.

Sin embargo, tanto el PAN como el PRD fueron multados por esta falta y 12 candidatos son sujetos de campañas difundidas en redes sociales donde se habla de sus trayectorias y sus actividades políticas, desde una óptica que los muestra como excesivos, corruptos y mentirosos.

En diferentes estados se denuncia la entrega de despensas, delito que está castigado con tres años de cárcel; a decir de los mismos partidos políticos; el PRD y el PAN acusan que el PRI y el Partido Verde distribuyen despensas en estados como Veracruz y Quintana Roo.

En un análisis hecho por Margarita Martínez Fisher y entregado al PAN en el Senado, dice que “en la delegación Miguel Hidalgo opera una política social incorrecta, no solamente se trata de un diseño equivocado, la Protectora, ahora denominada Empleadora para la campaña de David Razú, es en realidad un mecanismo de cooptación; el diseño como programa social no se ajusta a los criterios determinados por el EvalúaDF”.

Otro delito electoral es el que realizan la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), al intentar impedir el proceso electoral, incluso con la persecución a los funcionarios electorales; la Ley castiga con seis años de cárcel los intentos de obstrucción del proceso.

Uno más es la amenaza con la suspensión de la entrega de programas sociales si no se vota por un candidato en específico. Desde ayer circula en las redes sociales y en volantes en las calles de la Delegación Miguel Hidalgo una advertencia de que la candidata del PAN Xóchitl Gálvez es la responsable de la suspensión de la entrega de las ayudas sociales y llaman a los ciudadanos a votar por el PRD para evitar que se cancelen estas ayudas; este delito se castiga con hasta tres años de cárcel.

La compra de votos, que se castiga con hasta seis años de cárcel, ha sido denunciada por todos los partidos; el PRI mostró un video en el que promotoras del voto por el panista Jorge Luis Preciado piden la credencial para votar y ofrecer un vale, a cambio del voto por el panista.

Coaccionar a los trabajadores para votar por un candidato es un delito. Los panistas aseguran que eso ocurre en el estado de Veracruz; los priistas y los petistas afirman que eso sucede en el estado de Sonora.

El uso de recursos públicos para apoyar a un candidato, y que se castiga con nueve años de cárcel, fue denunciado por el PRI y el PT en el caso de Sonora, donde señalan que el gobernador Guillermo Padrés utiliza el aparato de gobierno para apoyar a Javier Gándara; los panistas hicieron lo mismo con la priista Ivonne Álvarez en Nuevo León y el gobernador Rodrigo Medina.

También se castiga con nueve años de cárcel el que un candidato aproveche “fondos, bienes o servicios” de una institución; en este proceso electoral hay 20 diputados federales y la senadora Layda Sansores, que no solicitaron licencia de sus cargos y, a pesar de ser candidatos, reciben su dieta mensual del Poder Legislativo.

Con esos mismos años de cárcel se castiga el hecho de que las autoridades de cualquier nivel de gobierno desvíen recursos en beneficio de un candidato o el propio servidor público haga la promoción; el Tribunal Electoral acaba de sancionar al PRD, porque David Razú y Víctor Romo utilizaron recursos públicos para promocionarse e incluso incurrieron en adelanto de campañas.

Y el décimo delito electoral más denunciado y que es motivo de la anulación de elecciones es el rebase en los topes de gastos de campaña; Jorge Luis Preciado, en Colima es señalado de gastos excesivos.

Tribunal electoral revoca fallo del ine

La Sala Superior del TEPJF revocó la resolución emitida por la Comisión de Fiscalización del INE, relacionada con las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos a los cargos de diputados federales, correspondientes al proceso electoral federal 2014-2015.

El pleno estimó que la autoridad vulneró los principios de certeza, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, porque dejó de considerar que los precandidatos son responsables solidarios junto con los institutos políticos en la rendición de informes de ingresos y egresos, relativos a las precampañas electorales.


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