El Gobierno federal envió al Congreso la iniciativa de Ley General en materia de feminicidio, que propone unificar el delito en las 32 entidades y fijar penas de entre 50 y 70 años de prisión, con 19 agravantes que podrían incrementar la sanción hasta en una mitad. La propuesta establece que a quien cometa feminicidio se le podrá imponer una pena de prisión de 50 a 70 años, incrementable cuando la víctima sea niña, adolescente, persona mayor, tenga discapacidad o esté embarazada. La reforma también prohíbe la aplicación de criterios de oportunidad, el desistimiento de la acción penal, los acuerdos reparatorios y cualquier fórmula que reduzca la condena.
El discurso oficial presenta la medida como un parteaguas contra la violencia de género. La consejera jurídica de la Presidencia explicó que la iniciativa busca homologar criterios entre estados que hoy regulan el feminicidio de manera distinta, tanto en la definición del delito como en agravantes y sanciones, además de corregir deficiencias en las investigaciones y la falta de protocolos comunes. La nueva normativa también garantizaría que el delito no prescriba y se persiga de oficio, sin admitir beneficios procesales ni amnistías.
Ahí surge la controversia. El endurecimiento penal ataca el eslabón final de una cadena que, en la mayoría de los casos, se rompe mucho antes: en la denuncia que no se presenta por miedo o desconfianza, en la orden de protección que no se ejecuta, en la carpeta de investigación extraviada. México figura entre los países más afectados por la violencia contra las mujeres, con una decena de asesinatos en promedio al día, según Naciones Unidas. Esa cifra no ha cedido por falta de años en el Código Penal; ha persistido porque buena parte de los responsables nunca llega ante un juez.
Quienes respaldan la reforma sostienen que homologar el tipo penal —hoy fragmentado en 32 legislaciones distintas, con penas que en Zacatecas apenas llegan a 50 años frente a los 70 propuestos a escala nacional— es un paso necesario para cerrar espacios de impunidad regional y enviar una señal disuasiva. Argumentan, además, que los agravantes por condición de la víctima y la imprescriptibilidad del delito atacan directamente la revictimización institucional.
Quienes cuestionan la iniciativa advierten que una pena severa sobre el papel no sustituye a una fiscalía capaz de investigar con perspectiva de género, a un sistema de protección que funcione en tiempo real o a un aparato judicial que no reclasifique feminicidios como suicidios o accidentes. El riesgo, señalan, es que la discusión legislativa se agote en el número de años y postergue, una vez más, la discusión sobre capacidades institucionales.
El debate de fondo, entonces, no es si 50, 70 u otra cifra mayor de años es la pena correcta, sino si el Estado mexicano está dispuesto a invertir en lo que hasta ahora ha evitado: fiscalías con capacidad técnica, protocolos de protección que se cumplan y consecuencias reales para quienes investigan mal. Sin eso, la ley más dura del continente seguirá aplicándose sobre una fracción mínima de los casos.
