Nuevos regalos para las televisoras

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Este próximo lunes 30 de noviembre a las 7 pm, el Senado retomará en Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, la discusión de la propuesta del Senador Roberto Gil Zuarth que escudado en medios públicos pretende condonar multas multimillonarias a Televisa y TV Azteca.

La iniciativa del senador Gil contiene dos elementos sustanciales: el primero es adicionar un nuevo párrafo al artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para autorizar a los medios públicos, sociales y educativos a no transmitir su señal hasta en tanto puedan digitalizar sus transmisiones y el segundo  es la sustitución de la palabra “permisionario”, por “operador” lo que se traduce en beneficiar a todos los concesionarios de una frecuencia de radiodifusión, es decir a las televisoras privadas (Televisa y TV Azteca), públicas, culturales y sociales.

De tal modo la propuesta señala: “en caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que el 31 de diciembre de 2015, los actuales operadores de estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1kW para canales de VHF y 10kW para canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre, y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general, en tanto los operadores inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en este artículo”.

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Actualmente la legislación establece que, a partir del 1 de enero del año que entra, al ser apagado el sistema analógico de transmisión televisiva, Televisa y TV Azteca dejarían de transmitir en esas señales de baja potencia por lo que se harían acreedores a las sanciones contempladas en el artículo 298 de la misma ley, específicamente el inciso E, que establece una multa del 6.01 al 10% de sus ingresos a quien interrumpa el servicio de radiodifusión. Tomemos en cuenta que en el año 2014, Grupo Televisa tuvo ingresos por 6 mil 659 millones de pesos; es decir que la multa iría de los 400 a los 665 millones aproximadamente, de este tamaño es el favor que las televisoras estarían recibiendo de aprobarse esta perniciosa reforma.

No hay que olvidar que una correcta aplicación de la Ley de Telecomunicaciones implicaría que los concesionarios que suspendan total o parcialmente en más del 50% de la zona de cobertura sin justificación y sin autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones por más de 24 horas y hasta por tres días naturales,  pierdan incluso la concesión, tal como lo señala el artículo 303 en su fracción XIV. Es decir, los legisladores tratan de ahorrarle este mal trago a los grandes consorcios.

Ante el inminente apagón analógico previsto para el próximo 31 de diciembre, Televisa y TV Azteca han impulsado modificaciones a la Constitución por medio de legisladores afines, que hoy día se han convertido en sus principales personeros, tal es el caso de Javier Lozano y Roberto Gil, para evitar transitar de la televisión analógica a la digital, pues han omitido su obligación de invertir en las estaciones complementarias, las cuales son utilizadas para brindar el servicio de radiodifusión a poblaciones pequeñas y alejadas de las principales ciudades del país.

Según datos de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT publicados en octubre de 2015, del total de las 460 estaciones principales que existen en el país, ya están operando 445, 14 en instalación y una sola en proceso de autorización. De las señales complementarias existen 907, de las cuales 846 son concesiones y 67 son permisos. El 92% de las concesiones complementarias pertenecen al duopolio de la TV comercial. Sólo 67 están digitalizadas, 313 tienen solicitud de migración pero ninguna se ha convertido al sistema digital y más de la mitad, 466, ni siquiera cuentan con una solicitud de migración ante la autoridad. El incumplimiento es la muestra de la hipocresía en su prioridad por los pobres, pues lo que mandó fueron los intereses mercantiles, ya que las ganancias de las concesionarias son marginales en las zonas alejadas a las estaciones principales.

Al no ser rentable, no asignaron los recursos para adecuar la infraestructura necesaria de las antenas para las estaciones de señales complementarias e incluirlas en el nuevo modelo de migración de la TDT.

Los legisladores han encontrado otro señuelo para lograr la posposición del apagón en sus señales complementarias del duopolio televisivo, y por supuesto, evitar la multa e incluso la pérdida de sus concesiones. Ahora resulta que están muy preocupados por los medios públicos y abominan que el Estado se vaya a quedar mudo al apagar varios de sus sistemas de televisión en las entidades federativas. La misma confabulación de empresarios y legisladores que invariablemente se han opuesto al desarrollo, crecimiento, garantías de independencia y mecanismos de financiamiento para los medios públicos –entre ellos la posibilidad de la publicidad–, ahora se han vuelto adalides en el tema.

Poniendo por delante el beneficio para el 6,4% de los permisos complementarios que ocupan los medios públicos, trataron de esconder lo que en realidad buscan: extender la condonación para un número mucho mayor de concesiones complementarias en manos de las dos televisoras y darles otro año más de gracia, a ver si así se deciden “meterle dinero bueno al malo” como conciben la inversión en las zonas grises de la radiodifusión los jerarcas de la CIRT.

A estos intereses sirve la iniciativa que presentó el senador Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado de la República. Difícilmente alguien se podría oponer a que no les sean retirados los permisos a las Televisoras educativas y culturales de México por su falta de conversión digital y darles otro año para que en cuanto los gobernadores se dignen otorgarles los recursos suficientes, éstas vuelvan a encenderse.

Lo inadmisible es el “engaño”, el “intento tramposo” como lo llamó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información a través de un pronunciamiento de su nueva directiva y los presidentes del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo, Jorge Fernando Negrete y Raúl Trejo Delarbre: “Sin técnica legislativa, el senador menciona “operadores”, en lugar de concesionarios o permisionarios, como define la ley a quienes utilizan el espectro radioeléctrico para brindar el servicio público de radiodifusión, pero esa es precisamente la trampa de la iniciativa, sustituir la palabra “permisionarios” (es decir, medios públicos, culturales, educativos, sociales y comunitarios) por la palabra “operadores”, que se refiere a los concesionarios privados de televisión abierta (operadores), cuyas estaciones complementarias de televisión se encuentran en los rangos de potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales de UHF”.

Recordemos que el primer intento para proteger los intereses de Televisa y Azteca se dio el pasado 21 de octubre a través de propuestas de senadores del PRD y PAN, llamó la atención particularmente la del senador Javier Lozano quien sugirió un aplazamiento del apagón al 31 de diciembre de 2016, no sólo eso, también propuso que lo que ya se había apagado (la señal analógica) se volviera a encender, regresándole a los concesionarios el espectro que el Estado ha ido recuperando en las diversas etapas de la transición digital.

El discurso de estas regresivas propuestas estuvo siempre enmarcado en la defensa de los más pobres, pero el fondo se trata de la defensa de los grandes consorcios, como el primer discurso no fue suficiente volvieron a la carga ahora escudados en los medios públicos.

Cabe insistir en que el artículo décimo noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya considera incorporar a los medios públicos a un programa, que diseñe el IFT, para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general, en tanto los permisionarios inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración del 90%, es decir, no es necesaria la nociva reforma a los intereses públicos que propone el senador Roberto Gil y que hoy respalda el mismo Partido Acción Nacional.

Son tan burdas sus estrategias abusivas de favorecer a las televisoras, que ya ni siquiera cuidan las formas, como lo demuestran dos hechos: la presentación subrepticia de la propuesta por parte de Gil y su turno exclusivo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, cuando en realidad es un tema de especialización de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, lo que suscitó un amplio debate en la reunión en la que se intentó aprobar fast track la propuesta, lo que obligó a modificar el turno e incorporar a esta última en el proceso de dictamen. A ello sumemos la sorpresiva incorporación del Senador Javier Lozano Alarcón a la Comisión de Radio y Televisión para conseguir dos votos a favor de la propuesta.

Es el contubernio de los negociantes de la política con el poder de la televisión. El ciclo recurrente de las conveniencias electorales en colusión con los intereses mercantiles del duopolio, trenzados de nuevo para tratar de mantener el status quo hacia el 2018. La cascada de regalos a las teles ha empezado de nuevo.


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