Nos vemos el 7 de junio

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La ofensiva de reposicionamiento del grupo político que comanda la administración federal está en marcha. La severa crisis de gobernabilidad del borrascoso otoño de 2014 no derribó al gobierno, ni rodó ninguna cabeza del gabinete. Hizo añicos la credibilidad del Presidente y la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la clase política, pero dejó intactos los mecanismos de control clientelar y de cooptación para permitirle al régimen lanzar una operación de reconstrucción de su legitimidad. El objetivo clave de esa estrategia son las elecciones del próximo 7 de junio.

El reto para el oficialismo es grande, pero cuenta con ventajas innegables que le permiten acariciar el sueño, para muchos impensable dados los pésimos resultados que hasta ahora han rendido, de alzarse victorioso en las urnas y así tomar impulso para continuar el proyecto transexenal que se cocinó en los cenáculos tricolores de Toluca y Pachuca hace varios años.

Los datos conocidos de la más reciente encuesta de GEA, levantada en la segunda quincena de enero, revelan que 62% de la población opina que estamos en una crítica situación económica y 66% identifica su origen en las malas decisiones del gobierno. Casi 7 de cada 10 (69%) consideran que la masacre de Iguala es reflejo de la inseguridad que impera en el país. Después de los escándalos de las mansiones de Las Lomas, Malinalco e Ixtapan de la Sal y los conflictos de interés que se presumen en tales adquisiciones, 30% se siente directamente afectado por la corrupción. Consecuencia de lo anterior es que la mayoría (54%) desaprueba la gestión del presidente Peña Nieto y lo más grave es que su credibilidad está en niveles preocupantes: el 85% le cree poco o nada al que en otros tiempos se solía llamar pomposamente jefe de las instituciones nacionales. De ahí que Lorenzo Servitje, líder moral del empresariado nacional, comentara recientemente que este era el peor momento del Presidente y convocó a evitar una desestabilización política que terminaría por aniquilar cualquier esperanza de recuperación económica.

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El déficit de confianza afecta en mayor grado a los partidos: 93% no les dispensa aprecio ninguno. La distribución bruta de intenciones de voto no anticipa la victoria para nadie: el PRI, 25.8; el PAN, 14.3; el PRD, 7.3; el resto de los partidos no llega al porcentaje que la ley exige para mantener el registro y 46% se muestra indefinido.

Allí es donde entra la estrategia del grupo en el poder. En la cuestión de tratar de conseguir votos, a diferencia de lo que afirma la revista The Economist, esto es lo único que el PRI entiende que sí entiende. Por ello se apresuró a iniciar el año tapando los hoyos negros por donde se le pueden escurrir los sufragios. Primero: salir de la fosa de los estudiantes de Ayotzinapa con el decreto de la “verdad histórica” por parte de la PGR. Segundo: ante las inquietudes de los mercados por un manejo irresponsable de la economía, se ejecutó el recorte presupuestal, que por supuesto no afectará los programas recolectores de votos. Tercero: lavar la mancha de la percepción de ser un gobierno cleptócrata con el anuncio de un paquete de acciones ejecutivas a favor de la transparencia y la honestidad, realizar una investigación satisfactoria sobre el conflicto de intereses en la compra de las casas y la reaparición de la Secretaría de la Función Pública, dotada de un titular con instrucciones de realizar una cirugía plástica urgente y crear el rostro de probidad a la administración.

Así irán a la campaña. Credibilidad es el nombre del juego. Luego de la encuesta de las urnas veremos si la sociedad les concedió una nueva oportunidad.


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