La propuesta presidencial de retirar a los municipios la capacidad de tener policías bajo su mando es una nueva cortina de humo para cubrir otros problemas del Ejecutivo Federal. De ninguna manera será solución a los graves problemas de seguridad que tienen ciertos estados del país, aunque ciertamente muchos municipios carecen de recursos para pagar adecuadamente a sus policías. Por esa carencia tampoco puedan hacer la debida selección de elementos y dar el entrenamiento para que cumplan su función, pero eso no significa que los ayuntamientos no los requieran o que no necesitan usarlos en donde la población más los demanda.
La propuesta olvida que a pesar de ser México una república federal, representativa, democrática, laica y popular, tiene como célula fundamental el municipio libre. Si bien la Constitución sólo enumera los estados de la federación, y deja a las constituciones locales el reconocimiento de los municipios que los integran, sí fija las atribuciones que corresponden a los ayuntamientos. Les asigna proveer los servicios más cercanos a las necesidades de la población, como son agua potable, drenaje, recolección de residuos, pavimentación, cementerios y seguridad, entre otras muchas.
En ciertos municipios, en especial en áreas conurbadas, algunos de esos servicios -como agua potable, drenaje o recolección de residuos- son proporcionados por entes especializados que atienden varios municipios, o incluso son proporcionados por el gobierno estatal, pero sólo a municipios con carencias. Hasta ahora, todos los servicios de seguridad (orden, prevención, protección, etc.) siempre los proporcionó la autoridad municipal a menos que no fueran necesarios. Las policías estatales o federales siempre se ocuparon de tareas más complejas e importantes.
Retirar la fuerza pública a los ayuntamientos difícilmente podrá evitar que el crimen organizado penetre los cuerpos de seguridad, y en definitiva no garantiza que permanezcan incorruptibles. Aún la creación de una organización integrada por elementos adecuadamente seleccionados y capacitados, bien pagados y motivados, tendrá poco efecto ante la oferta de plata o plomo de los criminales si no se acompaña de otras medidas.
En el pasado ya ha habido ocasiones en que los municipios han perdido el mando de su policía, en especial cuando el presidente municipal no provenía del mismo partido que el del gobernador. Hasta la más reciente reforma al artículo 115 de la Constitución, existía la previsión de que el mando policiaco de las capitales de los estados pudiera ser transferido al Ejecutivo Estatal "en casos graves". Y en esas ocasiones se causó un serio daño a la gestión municipal que no fue corregido hasta que en esa capital se eligió un ayuntamiento del partido del gobernador.
Sin la ayuda de las fuerzas policiacas, un ayuntamiento no puede hacer cumplir sus disposiciones, incluso las de orden estatal y federal, entre la población que se niega a hacerlo por la razón que sea. Esto es especialmente delicado en el caso del comercio ambulante, que sólo una autoridad cercana a la población. como es el caso de los ayuntamientos,
El diagnóstico de la debilidad de las policías municipales es certero, pero la solución no es centralizar, sino dar más recursos para seguridad.
También ha habido policías estatales, como el BARAPEM del Estado de México, que fueron acusadas de violar reiteradamente la ley y no por ello se eliminaron todas las policías estatales; se corrigió el problema y se depuraron los malos elementos para restablecer el servicio. Si hay policías municipales de los que se sabe que han caído en contubernio con el crimen organizado, se debe hacer lo mismo. Es un error generalizar el caso de 30 o 60 municipios problemáticos a los más de 2,400 del país.
Por lo anterior afirmo que esta propuesta más parece ser otra cortina de humo para distraer a la opinión pública de los eventos de Ayotzinapa y de la Casa Blanca. Es otra distracción que se suma a la que aprovecharon con la exageración de los homenajes (aunque sean bien merecidos) al artista recientemente fallecido. De haber muerto Roberto Gómez Bolaños en otro momento, no habría habido tal profusión de publicidad ni de cobertura televisiva. Como nos muestra la película La dictadura perfecta, un evento profusamente publicitado ayuda a ocultar otros ante los ojos del gran público. Aunque está por verse si así sucederá en esta ocasión.
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