La lealtad política de Morena parece tener fecha de caducidad: dura mientras sus integrantes resultan útiles y se evapora cuando alguno enfrenta acusaciones de corrupción, vínculos criminales o investigaciones judiciales. Entonces comienza el ritual conocido: tomar distancia, recordar que cada persona es responsable de sus actos y, si es posible, atribuir el problema a la oposición o a las herencias del pasado.
El caso de Guadalupe Taddei volvió a poner ese mecanismo bajo los reflectores. Los cuestionamientos sobre la presencia de familiares suyos en distintas instituciones públicas y sobre los nombramientos dentro del aparato gubernamental abrieron un debate incómodo para el partido. La discusión no se limita a los vínculos familiares: alcanza también la responsabilidad política de quienes respaldaron su llegada a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y defendieron las facultades de las que dispone para integrar áreas de su institución.
Sin embargo, conviene distinguir entre hechos y responsabilidades por demostrar: que familiares de una funcionaria ocupen cargos públicos no prueba, por sí solo, que ella los haya colocado o que exista una red de nepotismo. Lo que sí exige es transparencia sobre los procesos de contratación, los méritos de los nombrados y cualquier posible conflicto de interés. El problema político aparece cuando quienes antes respaldaron una designación se apresuran a desentenderse de sus consecuencias.
No es un episodio aislado. En febrero de 2026 fue detenido Diego Rivera Navarro, entonces alcalde de Tequila, Jalisco, emanado de Morena, señalado por presunta extorsión y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención también alcanzó a otros funcionarios municipales. El caso exhibió las consecuencias de postular y llevar al poder a personajes cuya conducta terminó bajo investigación.
Algo todavía más delicado ocurrió en Uruapan. Después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, las investigaciones alcanzaron a integrantes de su entorno y a funcionarios municipales señalados por presuntamente proporcionar información sobre sus movimientos a la estructura criminal responsable del ataque. Entre ellos estuvo un funcionario de protocolo del ayuntamiento, vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio. Las responsabilidades penales corresponden a los tribunales, pero el caso obliga a revisar los filtros políticos y administrativos con los que se integran los equipos de gobierno.
La reacción de Morena ante el caso Taddei fue particularmente reveladora. Su dirigente nacional, Ariadna Montiel, sostuvo que la crisis del INE no era responsabilidad directa del partido y que cada servidor público debía responder por sus propios actos. También pidió investigar las presuntas irregularidades, pero recordó que los señalamientos no debían limitarse a la gestión de Taddei. El deslinde llegó acompañado de una explicación: el nombramiento de la consejera presidenta se produjo mediante insaculación en la Cámara de Diputados, no por una designación directa de Morena.
El argumento tiene una parte jurídicamente válida: la responsabilidad penal es individual y nadie debe ser condenado por sus relaciones políticas o familiares. Pero la responsabilidad política es otra cosa. Los partidos no pueden limitarse a presumir que sus candidatos son ciudadanos ejemplares cuando buscan el voto y convertirse en espectadores ajenos cuando sus gobiernos producen escándalos. Tampoco basta con recordar que un nombramiento se realizó mediante un procedimiento legal para eludir el debate sobre los respaldos, las reformas y las decisiones políticas que lo hicieron posible.
En el caso de Taddei, además, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció haber propuesto algunos perfiles de integrantes de la familia para ocupar responsabilidades públicas, aunque defendió que sus nombramientos obedecieron a méritos profesionales. Esa declaración vuelve más difícil presentar el asunto como una historia completamente ajena al movimiento gobernante.
El patrón que une estos episodios no consiste en que todos los involucrados sean culpables ni en que exista una responsabilidad colectiva automática. Consiste en la facilidad con la que una organización política reclama los méritos de sus cuadros cuando triunfan y desconoce cualquier vínculo cuando aparecen los problemas. La selección de candidatos, la integración de equipos y el respaldo a determinadas reformas también generan obligaciones políticas.
Morena llegó al poder prometiendo una transformación ética de la vida pública. Por eso, su exigencia de transparencia no puede aplicarse únicamente a los adversarios ni su discurso anticorrupción convertirse en una herramienta para repartir culpas hacia atrás. Si quiere demostrar que es diferente, debe empezar por revisar sus propias decisiones, explicar a quiénes impulsó y asumir las consecuencias políticas de sus errores.
Deslindarse puede ser una salida de emergencia para un partido; no es una política de rendición de cuentas. Y cuando la excepción se convierte en costumbre, el problema deja de ser el funcionario que cayó en desgracia: es la organización que nunca quiere hacerse responsable de haberlo llevado hasta ahí.
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