En el México de 2025, donde las redes sociales son el termómetro de la opinión pública, Morena parece haber declarado la guerra a los memes y stickers. Al menos tres iniciativas legislativas impulsadas por sus filas buscan penalizar estos formatos gráficos que, con humor ácido, exponen vicios, irregularidades y excesos de la clase política. La más reciente, presentada el 3 de octubre por el diputado Armando Corona Arvizu, propone hasta seis años de prisión y multas equivalentes a 300-600 días de salario mínimo por crear o difundir memes, stickers, deepfakes o audios manipulados con IA que «ridiculicen» o dañen la reputación de personas, especialmente servidores públicos. Turnada a comisiones en la Cámara de Diputados, esta «Ley Antistickers» argumenta combatir el ciberacoso y la desinformación, pero críticos la ven como un intento de blindar a políticos de la sátira ciudadana.
No es un caso aislado. El senador Ricardo Monreal Ávila lanzó su «Ley Anti-Memes», que obligaba a etiquetar como «meme» cualquier contenido humorístico para diferenciarlo de fake news, con sanciones por omisión que rozaban la censura previa. Ante el rechazo masivo en redes —donde se viralizaron burlas al propio Monreal—, la propuesta fue retirada en cuestión de horas. Otro legislador morenista, en el contexto de reformas contra la violencia digital, incluyó cláusulas para regular «imágenes alteradas» que afecten la imagen pública, sumándose al patrón de intervencionismo. Estas movidas revelan una obsesión: en un ecosistema digital donde un sticker puede tumbar reputaciones más rápido que un discurso oficial, Morena percibe los memes como amenazas existenciales a su narrativa de «transformación».
¿Por qué esta fijación? Morena, partido en el poder desde 2018, ha construido su ascenso sobre la polarización y el control de la agenda. Los memes, democratizadores por excelencia, amplifican voces disidentes: desde críticas a la corrupción en obras faraónicas como el Tren Maya hasta ridiculizar gestos presidenciales o escándalos locales. En X (ex-Twitter), la reacción ha sido un boom de contenido satírico; usuarios como @LauraBruges y @DerechaDiarioMX han generado miles de interacciones burlándose de Corona, quien ya restringió su perfil ante el diluvio de memes. Esta «explosión de memes contra Morena», como la llaman internautas, ilustra el backlash: lo que pretenden prohibir se multiplica exponencialmente.
El trasfondo ideológico es clave. La Cuarta Transformación se vendió como antiélite, pero ahora, con Claudia Sheinbaum en Los Pinos, enfrenta escrutinio por contradicciones: austeridad selectiva, clientelismo disfrazado y un judicial empoderado que genera desconfianza. Memes como la «Catrina Sheinbaum» o stickers de AMLO con billetes exponen estas fisuras, erosionando la imagen de infalibilidad. Prohibirlos equivaldría a un «efecto Streisand»: cuanto más se persigue, más se visibiliza. Expertos en derecho digital advierten que estas leyes violan el artículo 6 constitucional sobre libertad de expresión, priorizando el honor individual sobre el interés público en la crítica política.
La obsesión trasciende lo técnico; es un síntoma de inseguridad en un partido que, pese a su supermayoría, teme perder el pulso cultural. En un país donde el 80% de los jóvenes consume noticias vía memes, según encuestas del INEGI, censurarlos alienaría a su base electoral. Morena podría reformular: regular deepfakes maliciosos sin tocar la sátira. De lo contrario, estas iniciativas no solo fallarán —como la de Monreal—, sino que alimentarán el ciclo: más memes, más descrédito. En la era digital, el humor es el mejor antídoto contra el autoritarismo; prohibirlo solo confirma los vicios que se critica.
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