Si pensabas que el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador en Guerrero, y acusado de violación y acoso, es el único, podrías llevarte una sorpresa, pues en las filas de Morena varios precandidatos a puestos de elección popular de Morena son acusados de corrupción, vínculos con la llamada delincuencia organizada, violencia de género, e inclusive, algunos con órdenes de aprehensión.
Por ejemplo, Humberto Santos Ramírez, aspirante de Morena a diputado local en Oaxaca, quien el pasado martes 16 fue excluido de la encuesta debido a las acusaciones de haber creado un grupo de WhatsApp para compartir imágenes de indígenas mixes desnudas.
Conocido como Beto Santos, el político oaxaqueño fue identificado en diferentes medios de comunicación, como “el otro Salgado Macedonio” que, sin embargo, no es el único que enfrente acusaciones relacionadas con conductas de violencia de género.
Por ejemplo, en el distrito 3 de Quintana Roo, militantes de Morena han denunciado al interior de su partido a José Luis Guillén, político destacado del partido local Movimiento Auténtico Social (MAS), actualmente diputado estatal con licencia, quien enfrenta denuncias por violencia de género y hostigamiento, fraude procesal, falsificación de documentos y defraudación fiscal.
Según el seguimiento dado a conocer por la revista Proceso, la mayoría de los casos que militantes de Morena han hecho llegar al Comité Ejecutivo Nacional están relacionados con actos de corrupción y entre estos destacan las quejas por la nominación de Ricardo Peralta, quien fue titular de Aduanas y luego subsecretario de Gobernación en la actual administración.
Un caso también de acusaciones recientes en administraciones morenistas es el de Heliodoro Sánchez Vite, quien inició el sexenio de Miguel Barbosa en Puebla, como secretario de Infraestructura. En noviembre de 2019, el mandatario estatal lo cesó, haciendo público (el 26 de noviembre de ese año) que Sánchez Vite filtraba información privilegiada a constructores poblanos.
En otro ejemplo, está Adelfa Zúñiga Fuentes, precandidata de Morena en Hidalgo, quien se le declaró formal prisión en 2018. Exalcaldesa de El Arenal y con trayectoria en el PRI, Zúñiga Fuentes logró evadir la prisión, al internarse en un nosocomio durante 63 días, pues consiguió un amparo para enfrentar su proceso en libertad. Recientemente se adhirió a Morena.
Y hay quien incluso tiene orden de aprehensión abierta. Es el caso de Francisco Javier Borrego Adame, diputado por Morena que intenta reelegirse por el distrito 2, de Coahuila. Se trata de una orden de aprehensión del 14 de agosto de 2012 por fraude genérica emitida por el juzgado cuarto penal de Durango.
En Morelos, Amado Orihuela ha causado malestar entre militantes morenistas. Priísta de reciente incorporación a Morena, busca ser candidato por el distrito 4 de Jojutla, Morelos.
En la trayectoria de Orihuela, se recuerda la ocasión en que el propio López Obrador lo denunció por repartir la “Tarjeta Efectiva” durante su campaña a gobernador por el PRI en Morelos, en tanto hay denuncias de productores cañeros por el presunto desfalco de 200 millones de pesos, un hecho en el que habría tomado parte de acuerdo con los denunciantes, siendo diputado priista.
Entre otros casos de apoyo indebido a campañas electorales, destaca el de Eleuterio Arrieta Sánchez, quien busca reelegirse como diputado federal por el distrito 13 con cabecera en Tierra Blanca Veracruz. El morenista fue exhibido y hay denuncias en su contra por promoción personalizada en programas gubernamentales, uso indebido de recursos públicos y violación al principio de imparcialidad desde mayo de 2020.
En Veracruz, se postula como precandidato José Escamilla Aguilera, quien tiene una línea de investigación abierta en la UIF, por enriquecimiento inexplicable
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