El partido Morena, que se presenta como un movimiento democrático y anti-autoritario, enfrenta acusaciones internas y externas de reprimir la libertad de expresión entre sus propios legisladores. A pesar de rechazar etiquetas de autoritarismo, evidencias recientes sugieren un control estricto sobre las voces disidentes, donde el miedo a represalias impide que diputados y senadores expresen desacuerdos con la línea partidista. Este fenómeno se ha intensificado en 2025, durante debates clave en el Congreso, como reformas fiscales y judiciales, revelando tensiones en la «cuarta transformación».
Morena ha enfatizado públicamente su compromiso con la democracia interna. Sin embargo, testimonios y eventos indican lo contrario. Por ejemplo, la presidenta nacional del partido, Luisa Alcalde, instruyó a militantes a no ventilar problemas internos en medios, amenazando con expulsiones vía la Comisión de Honestidad y Justicia. Esta directiva, emitida en octubre de 2025, responde a escándalos como corrupción y nexos criminales, pero genera un clima de autocensura. Militantes han reportado que prefieren callar para «asegurar el hueso y el billete», temiendo expulsiones por cuestionar la realidad nacional.
Casos específicos ilustran este control. La diputada morenista Claudia Selene Dávila denunció públicamente a su bancada por negar apoyo a Guerrero, llamándolos «traidores a la patria» y exponiendo la farsa de la 4T. Su intervención en San Lázaro, en octubre de 2025, destaca cómo incluso dentro del partido surgen voces críticas, pero estas son raras debido al riesgo de aislamiento o sanción. Analistas como Gibrán Ramírez Reyes, diputado de MC, critican la «cultura de obediencia y sumisión» en Morena, donde líderes evitan reconvenir públicamente a figuras clave, pero atacan a militantes disidentes en redes.
La oposición, como PRI y PAN, amplifica estas críticas, acusando a Morena de autoritarismo disfrazado. Durante debates en el pleno, morenistas han intentado silenciar voces disidentes con gritos e interrupciones, como en sesiones sobre impuestos donde el coordinador Rubén Moreira exigió respeto ante intentos de imponer el silencio. Reformas como la «Ley Censura» o cambios a la Ley de Amparo se citan como ejemplos de cómo el partido busca controlar no solo internamente, sino a la sociedad, criminalizando críticas anónimas y limitando el debate. Opositores argumentan que esto mina la democracia, al priorizar la lealtad sobre el disentimiento legítimo.
Este patrón contradice el discurso fundacional de Morena, que rechaza el autoritarismo del viejo régimen. Sin embargo, la concentración de poder en figuras como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum fomenta una dinámica donde disentir equivale a traición. Legisladores anónimos han confesado off-the-record su desacuerdo con votaciones impuestas, pero el temor a represalias –como pérdida de candidaturas o financiamiento– los mantiene en línea.
En contexto, este control interno podría debilitar a Morena a largo plazo, fomentando implosiones. Mientras el partido domina el Congreso, la ausencia de debate genuino erosiona su legitimidad. Observadores llaman a una reflexión sobre si esta rigidez no reproduce los vicios que Morena prometió erradicar, poniendo en riesgo la pluralidad democrática mexicana.
