La desaparición de personas se consolida como una de las más graves crisis humanitarias en México, con un acumulado de casi 116 mil casos de desapariciones no localizadas desde 1988, según cifras actualizadas al 1 de julio de 2025. Este fenómeno, considerado un delito y una grave violación a los derechos humanos, ha mostrado un aumento alarmante, especialmente en los últimos sexenios, y la impunidad persiste como una constante.
Un dato que resalta es que casi la mitad de estas desapariciones no localizadas (45%) ocurrieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En lo que va del actual sexenio de Claudia Sheinbaum, se registra un 9% del total, con un promedio de casi mil doscientas desapariciones sin localizar por mes en sus primeros nueve meses de gestión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que la desaparición no solo es una forma de sustraer a la persona de la protección legal, sino también de negar su existencia. El delito de desaparición forzada se caracteriza por la intervención directa o indirecta de agentes públicos, aunque probar su participación es complicado. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en 2017, tipifica ambos delitos.
Esta ley establece penas severas: de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa para la desaparición forzada (cometida por servidores públicos o con su aquiescencia). Para la desaparición cometida por particulares, las penas son de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa. Recientemente, se han aprobado reformas para fortalecer las capacidades institucionales en la localización de personas y la atención a víctimas, incluyendo la obligación de servicios forenses de practicar pruebas genéticas y dactiloscópicas, y se busca activar una Alerta Nacional de Búsqueda de manera inmediata.
A pesar de los marcos legales, la impunidad sigue siendo un desafío. Para 2021, solo se habían dictado 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en México. Casos recientes, como la detención de policías municipales en Michoacán acusados de desaparición forzada, y las alarmantes estrategias para ocultar cuerpos sin dejar rastro, como el uso de crematorios y tumbas profanadas, evidencian la complejidad y la crudeza de esta problemática que exige una respuesta contundente del Estado mexicano y la sociedad.
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