El Índice de Paz Global de 2023 muestra que México no es un país que pueda presumir de ser un país pacífico, está ubicado en el puesto 136 del ranking de paz global, lo cual lo muestra como un país peligroso, aunque mejoró su situación respecto al año anterior pasando del lugar 139 al 136 ya mencionado.
No obstante, en el sexenio anterior el ahora expresidente López Obrador se desentendía de este tema y repetía que no había masacres, que eran los medios los que exageraban las noticias y que el país estaba en paz, a pesar de que su sexenio terminó con 199 mil 619 homicidios, más que en el de su odiado rival Felipe Calderón (120 mil 463) o de su antecesor Enrique Peña Nieto (156 mil 66).
La obsesión por controlar la narrativa y ofrecer una imagen de país que aunque no corresponda a la realidad si ayuda a la obtención de sus objetivos, principalmente electorales, nos ha llevado a vivir en una nación que, discursivamente, se dice que está en paz, pero a la hora de enfrentar la realidad vemos que la verdad es otra.
La nueva presidenta mencionó el día de su toma de posesión, en sus redes sociales, que «nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia», y el pasado 5 de octubre posteo en X (Twitter) que «me comprometí a ser un gobierno de territorio, no solo de escritorio», a pesar de lo cual no ha recorrido zonas afectadas por la violencia generada por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, como sucede en Sinaloa.
Pero no es la única región que es afectada por esta violencia, como pueden dar testimonio las comunidades desplazadas en Chiapas, los afectados por bloqueos en Aguascalientes, los que reportan presencia de miembros de cárteles en Tamaulipas, Morelos, Guanajuato, entre otras entidades.
También hay que considerar que en Chiapas, el pasado 1 de octubre, dos militares dispararon en contra de un vehículo, supuestamente al heber escuchado disparos, matando a 6 migrantes, tres provenientes de Egipto, uno de Honduras, otro de Perú y uno más de El Salvador.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el 7 de octubre apareció el cuerpo decapitado de Alejandro Arcos, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, quien tenía 6 días de haber asumido el cargo. Previamente, el viernes 4 de octubre, había sido asesinado el secretario del ayuntamiento del mismo municipio, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, además de que el 28 de septiembre asesinaron a quien sería su secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Ulises Hernández.
El primer fin de sexenio fueron asesinadas 226 personas, como muestra de la situación que vive el país en este ámbito.
En el evento posterior a su toma de posesión en el Zócalo, la presidenta señaló que «tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo”.
Para el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en México, Javier Hernández Valencia, “hay un México que vive formas de violencia inauditas y una institucionalidad que amplía su marco de normas, busca que esas normas se apliquen, pero que no ha reformado sus instituciones para que la respuesta sea oportuna y eficaz”.
El problema es que la única respuesta institucional es negar lo que está sucediendo, insistir en el discurso de que México está en paz, ordenar a militares en funciones de seguridad pública no enfrentar a la delincuencia –ni a la organizada o a la desorganizada– y no contar con una estrategia que disuada la violencia que padecen muchas personas en varios estados del país.
Y no se trata de exagerar lo que sucede, sino que los hechos ahí están y no se pueden ocultar detrás de discursos.
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