Medios públicos vs Periodismo crítico: historias de censura

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En este sexenio los hechos han demostrado que no hemos trascendido las épocas de censura y uso de los medios de comunicación como vocerías del gobierno en turno, como brazos ejecutores de propaganda, oficialismo y control político. Lamentablemente, estas prácticas autoritarias se afianzan cada vez más. Es una costumbre enviar mensajes, dar demostraciones de poder a través de amenazas a quienes se atrevan a criticar al Presidente; también es práctica común evitar que en los medios de comunicación se informe acerca de las situaciones de violencia y corrupción que vivimos en México.

Desde el gobierno del presidente López Portillo, hasta hoy, los medios de comunicación operados por el Estado han sido espacios donde se censura cualquier programa que critique al gobierno en turno. Los despidos y cancelaciones de programas sin explicación alguna se han convertido en una mala costumbre.

Elena Poniatowska relataba en 1979 a la revista Proceso cómo habían cancelado su programa en el Canal 13 -en ese entonces propiedad del Estado-, porque abordaba temas como la marginación, pobreza e injusticias que vivían los mexicanos. En ese periodo se fueron de Canal 13, a causa de la censura, figuras del periodismo y las letras como Cristina Pacheco, Renato Leduc, Jorge Ibargüengoitia, entre otros.

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En 2015, apenas la semana pasada, un grupo de trabajadores del Canal 22 denunció en una carta http://goo.gl/Swwj6N actos de censura por parte de su director. Hace más de dos meses, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión prohibió que en sus noticiarios se hablara sobre el proceso electoral federal y local. Estos hechos dan cuenta de que los abusos de poder y la censura en los medios de comunicación públicos siguen presentes.

El 22 de junio, un día antes del vigésimo segundo aniversario del Canal 22, trabajadores de la Dirección de Noticias denunciaron el acoso, abuso de poder y censura que ejerce el director del Canal, Raúl Cremoux. Los 12 trabajadores que firmaron la carta -entre los que destacan los periodistas María Idalia Gómez y Marco Lara, especialistas en temas de seguridad nacional, derechos humanos y corrupción- lo acusan además de haber cancelado los programas de periodismo de investigación El Observador y Global 22. Esto se detonó, de acuerdo con los denunciantes, después de que la Dirección de Noticias decidiera informar en Noticias 22 sobre la salida de Carmen Aristegui de MVS, tema que por órdenes expresas del director debía omitirse absolutamente.

El viernes 26 de junio, en entrevista para el Espacio AMEDI en Radio Ciudadana 660 AM, la periodista María Idalia Gómez nos comentó que después de transmitirse la información sobre Carmen Aristegui, el director del Canal 22 les amenazó diciéndoles que “se atendrían a las consecuencias”, las cuales devinieron en que Cremoux asignó a dos personas para aplicar la práctica censora sistemática de revisión, mutilación y no emisión de programas, enfáticamente referidos a violencia criminal, social y de Estado, seguridad y violación de derechos humanos.

En su defensa sobre la censura al caso Aristegui, el director del Canal 22 se justificó de forma absurda al afirmar en una entrevista para el diario 24 Horas, con Martha Anaya, que Noticias 22 “no es un noticiero normal… es de cultura”. Sin embargo, María Idalia Gómez nos recordó que cuando los zapatistas salieron de Chiapas para viajar por todo el país, el Canal 22 lo transmitió. Hoy, afirma la periodista, Raúl Cremoux impidió que se le diera seguimiento al asunto de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Además, desde el 2013 se dio la orden de que en el canal deben aparecer todos los comentarios que haga el Presidente o el Secretario de Educación Pública, pero se han omitido asuntos de altísimo interés para los ciudadanos como las reformas estructurales.

También hubo actos de censura en temas electorales. De acuerdo con la periodista, se habían preparado entrevistas para un programa especial que se transmitiría en vivo el 7 de junio sobre la jornada electoral, pero de manera sorpresiva fue cancelado. Después Cremoux decidió que se harían cortes informativos cada hora sobre las elecciones, pero si se suscitaban temas de violencia, él tenía que aprobar como se decían. María Idalia no aceptó estas condiciones y finalmente el Canal 22 se abstuvo de transmitir cualquier información electoral. Estos acontecimientos dan cuenta de los retrocesos en la libertad de expresión que ya se había ganado en el canal.

El domingo 28 de junio, en una nueva carta http://goo.gl/w0X5Uy, 34 trabajadores del área de noticias -más del doble que la semana pasada- exigieron “derecho de réplica” a Cremoux y lo convocaron a un debate público el 30 de junio para discutir la situación de censura que se vive en el Canal 22, donde proponen como moderadores a los académicos y especialistas en medios de comunicación: Javier Esteinou Madrid, Fátima Fernández Christlieb, Manuel Alejandro Guerrero o Genaro Lozano. También acusan al Director General de utilizar el canal para fines personales, además de usar al noticiario para su defensa y no para rendir cuentas a los trabajadores y al público televidente. Finalmente, solicitaron al Defensor del Televidente de Canal 22, Francisco Prieto, se pronuncie sobre el caso. Para quienes deseen apoyar a esta causa hay una petición en Change.org que tituló el periodista Fabrizio Mejía: En defensa del Canal 22 https://goo.gl/sfbgCd

Respecto al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRyTV), la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jalisco, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, así como 18 organizaciones más, denunciaron hace varios meses que el entonces director general, Sergio Ramírez Robles, decidió eliminar la información electoral de los noticieros, lo cual es una clara violación al derecho a la información de las audiencias, además de ignorar diversos lineamientos internacionales. El 25 de abril, en una rueda de prensa, las mismas organizaciones exigieron al Gobierno de Jalisco, la definición y selección de un perfil profesional y competente para asumir la dirección del SJRyTV.

Es importante que la sociedad civil organizada proponga una ley de medios públicos para que sean una realidad los postulados de la Constitución: independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Si permitimos que los medios públicos sigan sin tener un marco legal específico, continuarán operando como medios oficiales y estarán sujetos a las filias y fobias de sus directores o a las órdenes de los gobiernos en turno.


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