Los gobiernos deben diseñar sus políticas fiscales para fomentar la economía nacional, no para maximizar sus ingresos, y además impulsar una sana redistribución del ingreso para disminuir las desigualdades. Una buena política económica diseña impuestos para multiplicar inversiones y empleo. Por el contrario, buscar maximizar los recursos a su disposición muestra que no están orientados a la consecución del bien común.
Las Misceláneas Fiscales propuestas por el actual gobierno, si bien aprobadas por el Congreso, en vez de fomentar la economía, la han costreñido en aras de maximizar los ingresos estatales. Desde 2014 establecieron medidas que han alejado muchas inversiones aunque hayan logrado aumentar la recaudación. Menos inversiones significan menos empleos y menor crecimiento de la economía nacional.
Hace unos días, legisladores federales aprobaron la nueva Miscelánea Fiscal, incluyendo el Presupuesto 2016, con reformas a diversas leyes impositivas y cambios en el Código Fiscal de la Federación. Como se esperaba, reiteró el carácter recaudatorio de las dos anteriores pero con un énfasis en los métodos para aumentar la captación.
Las cifras del Presupuesto 2016 no dejan lugar a dudas: el total llega a 4.7 billones de pesos, prácticamente igual al de 2015. Cifra que no sorprende por los anuncios de restricción del gasto, de una economía que apenas ha crece y del ofrecimiento de que no habría nuevos impuestos ni incremento de tasas. Pero un desglose de las cifras sorprende por los aumentos espectaculares en la recaudación del Impuesto sobre la Renta, que sube un 18 % (de 1.0 a 1.2 billones), y la del IEPS que sube un 118% (de 160 a 348 mil millones). ¡En una economía estancada! ¿Cómo pueden aumentar la recaudación sin incrementar impuestos ni tasas? La respuesta es la mayor fiscalización a los causantes, que hasta ahora encontraban formas de reportar menos ingresos y menos utilidades.
Con la nueva contabilidad electrónica las revisiones son más fáciles y permitirán a la autoridad detectar posibles pagos omitidos.
Se demandará un exceso de información y habrá menos posibilidades de defensa. Tan sólo tendrán los causantes 15 días para defenderse, lo que atenta contra sus Derechos Humanos. Las autoridades han dicho que también revisarán signos externos de riqueza, como la pertenencia a clubes de golf o la posesión de yates, para exigir la comprobación de ingresos. En suma, habrá controles y más controles.
Incluso han declarado que intercambiarán información financiera a nivel global, no sólo de empresas multinacionales sino también de particulares que tengan inversiones o recursos en el extranjero. La fiscalización electrónica más parece al gran hermano de la novela 1984 de George Orwell que un intento de combatir la elusión. Los amparos lo probarán.
Lo menos que puede decirse que es triste la actitud de la autoridad hacendaria. Trimestre tras trimestre recorta sus propios pronósticos de crecimiento, y ahora planea recaudar cifras sin precedentes de quienes mueven la economía. No aumenta la base tributaria, prefiere cobrarle a la existente con amenazas.
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