Mañana se instalará el consejo del Sistema Nacional de Transparencia

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Este martes quedará instalado el consejo del Sistema Nacional de Transparencia, instancia rectora cuya responsabilidad central será coordinar los esfuerzos para revertir las disparidades y reticencias que hay en acceso a la información en los estados, como disponen las reformas aprobadas. De entrada, buscará concretar la Plataforma Nacional de Transparencia, que sustituirá al esquema Infomex pero potenciado en todo el país.

Tras la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, será el primer caso concreto en el esfuerzo por reducir las enormes asimetrías que existen a escala nacional en este ámbito. De acuerdo con el índice de acceso a la información elaborado por la organización Fundar, la disparidad va entre 8.4 por ciento que se otorga al Distrito Federal y 4.6, de Hidalgo, en una calificación en la que hay 19 legislaciones malas, 13 regulares y una buena.

La instalación del consejo del SNT y su operación forma parte de uno de los ejes centrales para que la reforma en materia de transparencia opere en los alcances en que fue diseñada. La acción de la Plataforma Nacional de Transparencia y la homologación de las leyes locales y la federal constituyen los otros dos ejes. A la ce­remonia asistirán el presidente En­rique Peña Nieto, gobernadores y legisladores, así como todos los integrantes de los órganos garantes.

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La ley general confiere al SNT –que incluirá a todos los integrantes de los órganos garantes y representantes de las tres instancias federales incluidas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)– elaborar 11 lineamientos de funcionamiento para complementar la homologación legislativa, sostiene Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); de entrada, las reglas del juego del SNT y el consejo nacional.

Óscar Mauricio Guerra, comisionado del Inai, reconoce que en esta búsqueda para dar vida al SNT existe una dualidad que pretende sortearse, entre el recelo de que el instituto no reproduzca otras experiencias centralizadoras y evitar reticencias a escala estatal. Por ahora, existe disposición de las partes para avanzar, si bien está claro que el Inai, en tanto instancia responsable de presidir el SNT, debe encargarse de emitir propuestas.

Durante el fin de semana se acordó con la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), que hasta ahora aglutinaba los esfuerzos de los 32 organismos garantes locales (destinada a su desaparición tras la creación del SNT), consensuar la instalación y se presentó una primera propuesta de lineamientos de operación del SNT y de su consejo general.

La propuesta original es que con el mismo esquema de cuatro regiones con que operaba la Comaip los estados participen con dos representantes por región, más un coordinador de los 32 órganos garantes estatales (que recayó en Jesús Homero Flores, del órgano en Chihuahua) los representantes el Inai, ASF, AGN e Inegi para trabajar la redacción de lineamientos, para lo cual tienen seis meses.

La ley general tiene prevista una serie de mecanismos para que esas asimetrías que prevalecen a lo largo del territorio se vayan reduciendo, asegura Salas quien refiere que hay aspectos que deberán cuidarse para que la reforma alcance sus objetivos. Entre ellos destaca uno que si bien es responsabilidad de los congresos locales, el acompañamiento social y nacional será fundamental: la renovación de los integrantes de los órganos garantes.

Desde el Inai se ha iniciado un esquema de colaboración con organizaciones civiles y el Senado para que las designaciones tengan la misma participación social que a escala federal y garanticen mayor independencia en los miembros de los organismos garantes. Su importancia –dice– es fundamental porque aunque ahora existe la capacidad de atracción del Inai, podría incidir en alcanzar los objetivos de homologación de políticas y criterios en el ámbito estatal.

Por ello se está consensuando la integración de un observatorio ciudadano para que las organizaciones sociales vigilen la renovación de los órganos garantes. Desde que se publicó la ley ha habido dos renovaciones: en Nayarit, que fue cuestionada, y en Baja California, que recibió críticas y al final no resultó tan descalificada.


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