Tras de 59 años de operación y haberse convertido en uno de los pilares del desarrollo económico en el Estado de Morelos, el cierre de la Planta de Nissan en Civac, Cuernavaca, donde se estima se perderán más de 2 mil 500 empleos directos y cinco mil indirectos, representa un duro golpe a la industria automotriz del país y un claro aviso de los efectos colaterales que comienzan a surgir tras la guerra arancelaria declarada desde el arranque de su gobierno por el presidente norteamericano, Donald Trump.
A consecuencia de la imposición de aranceles, se calcula que la empresa japonesa ha registrado pérdidas netas por 774 millones de dólares entre los meses de abril y junio del presente año, como resultado de la caída en sus ventas por el incremento tarifario por parte de los Estados Unidos.
La planta de Nissan, asentada en Juitepec desde 1966, fue la primera filial del consorcio nipon, establecida fuera de sus fronteras; al paso de los años y a la aceptación de sus vehículos, la firma produjo unos 5,6 millones de vehículos, buen número de los cuales fueron adquiridos en el mercado nacional.
El sorpresivo anuncio de cerrar en definitiva la planta en marzo del 2026, fue dado a conocer a finales del pasado mes de julio, tomando por sorpresa tanto a las autoridades municipales como estatales y federales; el impacto que se espera en la economía local es terrible porque los trabajadores sindicalizados de Nissan gozan de uno de los mejores Contratos Colectivos del Trabajo (CCT) del país y, por ende, de buenos salarios.
Los directivos de la empresa han señalado que trasladarán toda la operación a su planta de Aguascalientes, lo que se puede considerar un duro golpe no solo a las familias de los trabajadores morelenses, sino a toda la cadena de empresas de suministro que dependen de la armadora, muchas de ellas asentadas en las entidades vecinas como la CDMX, Puebla y el Estado de México.
Nissan Civac, es una de las firmas empleadoras más importantes de Morelos y su cierre impactará de manera inevitable en muchos pequeños comercios y proveedores locales, afectando además el impuesto de nómina del gobierno local. Se calcula que al dejar sin empleo a sus trabajadores, se perderán más de 800 millones de pesos en masa salarial al año, y se dejará de percibir una derrama indirecta de unos mil 500 millones de pesos.
En tal contexto, el reto será lograr que, primero, se respeten los derechos laborales adquiridos por los sindicalizados para que en caso de no ser recontratados en la planta de Aguascalientes, sean indemnizados de acuerdo a la ley y se les apoye para buscar acomodo en otras empresas o emprender algún negocio. Es alentador saber que en tal sentido, la gobernadora Margarita Gonzáles Saravia ha iniciado mesas de trabajo con los sindicatos y la empresa para salvaguardar la protección de sus derechos a los trabajadores que quedaran cesantes el diciembre próximo, pero también, buscar alternativas de emprendimiento o reinserción laboral.
Los trabajadores de Nissan representan una fuerza de trabajo altamente calificada que puede ser aprovechada por otras muchas empresas de Morelos y otras entidades, por lo que el acompañamiento oficial de la gobernadora, deberá ser apoyado también por las instancias federales para que este efecto colateral de los aranceles de Trump, sea aprovechada como una coyuntura de oportunidades y no como un entorno de desaliento.
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