México es uno de los países que, en estos tiempos, más visitas de relatores y observadores de organismos internacionales ha recibido. Los casos relacionados con los derechos humanos han ocupado el centro de su atención y el gobierno ha aceptado los diagnósticos y propuestas. Sin embargo, más allá de las conclusiones a las que llegan, lo cierto es que los mexicanos conocemos bien nuestra problemática.
El enfoque de los análisis y las recomendaciones que nos han presentado trasciende el ámbito gubernamental, ya que responsabilizan al Estado mexicano desde una perspectiva integral. Las soluciones que se requieren, por lo tanto, son más complejas de lo que parecen y es simplista exigir sólo al gobierno que respete y haga respetar los derechos fundamentales de las personas, porque las causas y afectaciones no le son exclusivas.
Los derechos humanos son las garantías fundamentales que nos protegen a todos, sin excepción, frente al Estado. El artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…”
Del texto citado se desprenden dos obligaciones fundamentales para los Estados. La primera los obliga a respetar los derechos fundamentales de las personas. La segunda, a garantizar el goce y disfrute de esos derechos. En el caso de nuestro país, el Estado no está cumpliendo cabalmente con la obligación contenida en la segunda parte de ese precepto, ya que no ha podido garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
En el último diagnóstico que recibimos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se presenta una descripción superficial de la problemática en la materia. Si bien la aborda desde una posición crítica, no considera —una vez más— que sus causas y orígenes son muy diversos. Destacan tres fallas en su análisis.
Primera, que no es el propio gobierno el que lleva a cabo directamente la gran mayoría de las violaciones a la esfera jurídica fundamental de las personas. Segunda, que no han analizado a fondo el rol que tienen la pobreza, marginación y falta de oportunidades en el incremento de la criminalidad. Y tercera que tampoco se reconoce la culpabilidad que tiene el crimen organizado como factor estructural y determinante en la violación de los derechos humanos.
Los hechos y evidencias son incuestionables. Son las bandas y grupos criminales que pretenden apoderarse del país los que secuestran, matan y extorsionan a las personas. Son ellos los que atentan contra la tranquilidad social y destruyen el tejido social. Además, los que obstaculizan o impiden la aplicación de la justicia cuando se coluden con funcionarios y servidores públicos sin ética ni auténtica vocación de servicio.
Para que nuestros derechos fundamentales sean respetados y podamos ejercerlos a plenitud, se requiere de más acciones enérgicas y de un cambio de modelo en los mecanismos de participación social. Se impone como prioridad el seguir combatiendo con toda la fuerza del Estado a las bandas criminales hasta erradicarlas. El camino será más corto si se involucran más los organismos multilaterales de la propia ONU encargados de apoyar a los países contra el crimen organizado, ya que se trata de un fenómeno global.
En cuanto a la participación de la sociedad civil, se debe ir más allá de las acciones económicas o asistenciales, pues está claro que resultan insuficientes para el logro de tan importante objetivo. Si en realidad queremos que en México se respeten los derechos humanos, hay que cumplir las leyes, consolidar la cultura de la corresponsabilidad y promover un nuevo paradigma de solidaridad social.
La solución involucra a todo el Estado. La responsabilidad es de los tres poderes a nivel federal y local. Desde estos espacios, urge avanzar en la igualdad de oportunidades y empleo para todos. Invertir más en educación e impulsar el desarrollo. También les corresponde adecuar las leyes de participación para que la respuesta a esos justos reclamos venga de las familias, pasando por las escuelas, empresas y comunidades. Es necesario generar en cada mexicano un sentimiento de pertenencia y solidaridad hasta que el apego a la legalidad sea nuestra forma de vida.
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