N.E. Este artículo está tomado del Financial Times (diario británico) y debido a su gran importancia y valor periodístico se reproduce aquí con la finalidad de que más ciudadanos tengan información de como se ve México desde el extranjero.
El presidente saliente dijo que enfrentaría a las pandillas con “abrazos, no con balas”. Cinco años después, la violencia es peor que nunca hay más violencia, hay más control político del territorio y de las autoridades… La tarea será tremenda”.
Cuando un grupo de extraños se presentó sin invitación en una fiesta de Navidad en un bucólico patio de la época colonial en Salvatierra, en el centro de México, el año pasado, los juerguistas reunidos les pidieron que se fueran.
Poco después, mientras los jóvenes asistentes a la fiesta bailaban al ritmo de la música en vivo, los intrusos regresaron con hombres armados y la orden: “Mátenlos a todos”. Usando armas automáticas, los asesinos rociaron a los juerguistas con 195 balas mientras intentaban huir, según los investigadores. Once cadáveres fueron recuperados del patio manchado de sangre y 14 personas resultaron heridas.
Incluso en un país cansado de la violencia extrema, la masacre de asistentes desarmados a la fiesta en el estado de Guanajuato tuvo el poder de conmocionar. A pesar de la indignación nacional, las autoridades tardaron dos meses en arrestar a alguien. Cuando lo hicieron, detuvieron a dos personas acusadas de disparar, pero no a quienes ordenaron el asesinato.
El crimen organizado y la violencia no son nuevos en México. El primer cártel de cocaína del país se formó a principios de la década de 1980. Un cuarto de siglo después, el presidente conservador Felipe Calderón lanzó una “guerra contra las drogas” sin cuartel, sumiendo al país en un baño de sangre.
Pero el problema del crimen organizado en México ha empeorado drásticamente durante los cinco años y medio de la presidencia del populista izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dicen expertos en seguridad, y se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país. Las encuestas muestran que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los votantes antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
Durante más de una década, los grupos dominantes de narcotraficantes se han ido fragmentando, generando una gran cantidad de bandas disidentes más pequeñas que luchan por el territorio. Hoy en día, los dos cárteles más grandes y poderosos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se enfrentan a rivales más pequeños como los Viagras, las Ardillas y los Escorpiones.
Muchos de los cárteles se han expandido a nuevos y lucrativos negocios. En un informe de 2024, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) calificó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco como “organizaciones criminales transnacionales” porque están “involucrados en el tráfico de armas, el lavado de dinero, el tráfico de migrantes, el tráfico sexual, el soborno, la extorsión y una serie de otros delitos”. Los cárteles controlan más territorio que nunca, alrededor de un tercio del país, según una estimación del ejército estadounidense.
“Ha habido un deterioro exponencial”, dice Manuel Clouthier, exdiputado estatal y empresario en el estado noroccidental de Sinaloa, que alberga al cártel de la droga del mismo nombre. “México se está convirtiendo en un Estado fallido”.
A medida que el poder económico de los cárteles ha crecido, también lo ha hecho su alcance internacional. Los dos principales cárteles de México ahora manejan una red de actividades ilegales que se extiende por toda América del Sur y que está desafiando a los gobiernos y alarmando a los ciudadanos. Las batallas entre las filiales locales del CJNG y el cártel de Sinaloa han convertido a Ecuador, antes pacífico, en uno de los países más violentos del mundo.
Los cárteles obtienen de China e India los productos químicos necesarios para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo y tienen fuertes conexiones con mafias europeas como la ‘Ndrangheta italiana, dicen los investigadores. Anne Milgram, jefa de la DEA, dijo a un comité del Senado de Estados Unidos en febrero del año pasado que “el cártel de Jalisco tiene influencia a través de asociados, facilitadores y corredores en todos los continentes excepto en la Antártida”.
En Estados Unidos, el deterioro de la seguridad en México y el floreciente tráfico de drogas se han convertido en un tema electoral, y los republicanos piden una línea más dura. Algunos miembros del partido han llegado a pedir a las fuerzas militares estadounidenses que atrapen a los líderes de los cárteles en operaciones de comando al estilo de Osama bin Laden.
Si bien las estadísticas oficiales sobre delitos como el asesinato son cuestionadas por investigadores independientes, los expertos coinciden en que el poder del crimen organizado representa ahora un grave riesgo no solo para la población, sino también para las empresas y la economía. Es una de las razones, según los expertos, por las que el país no está aprovechando plenamente su potencial para alejar la fabricación de China.
Un líder empresarial mexicano, que habló extraoficialmente debido a lo delicado del tema, dice que la seguridad se ha deteriorado drásticamente bajo López Obrador y que el gobierno ha minimizado el problema. “Nadie habla de narcotráfico ni de robo de combustible”, dice.
El presidente ha pintado una imagen de una administración que hace todo lo posible para abordar el problema, mientras culpa a sus predecesores de crearlo. Hasta ahora ha evitado pagar un precio político serio por el deterioro. Su índice de aprobación se mantiene en el 65 por ciento, según el agregador de encuestas Oraculus, y apenas ha cambiado en los últimos tres años.
“El gobierno ha estado sobre todo tratando de controlar la narrativa”, dice Falko Ernst, analista senior de México en Crisis Group. “La política de seguridad se ha diluido hasta convertirse en un ejercicio de relaciones públicas con fines electorales”.
En realidad, añade, las políticas de López Obrador han permitido que los criminales sigan “afianzados mucho más fuerte, mucho más directo y mucho más agresivo dentro de las instituciones”.
Oficialmente, la seguridad es una prioridad para López Obrador. Todos los días de la semana, a las 6 de la mañana, el presidente preside un gabinete de seguridad con jefes militares y policiales y ministros clave. Dos veces al mes, su equipo de seguridad presenta un informe de “impunidad cero” con una tormenta de estadísticas que cubren todo, desde arrestos hasta el número exacto de fuerzas de seguridad y vehículos desplegados.
“En ninguna parte del mundo hay un gabinete de seguridad donde el [presidente] encabece las tareas diarias”, dijo Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad de México, en la sesión informativa de seguridad del 30 de abril. Desde que asumió el cargo, agregó, el presidente ha presidido 1.353 reuniones del Consejo de Seguridad y no se ha perdido ni una.
Al inicio de su administración, López Obrador planteó una nueva estrategia a la que llamó “abrazos y no balas”. La idea era atacar las causas fundamentales de la delincuencia, reemplazar la fuerza policial federal por una nueva Guardia Nacional dirigida por el ejército y minimizar el derramamiento de sangre evitando la confrontación directa con los cárteles. En cambio, hizo un llamamiento a los miembros del cártel para que “piensen en sus madres”.
López Obrador pretendía que su enfoque más pacífico fuera una alternativa a la “guerra” de Calderón (2006-2012) y a la estrategia de su predecesor inmediato, Enrique Peña Nieto, que no había logrado contener el aumento de las tasas de homicidios.
Pero el presidente recibió fuertes críticas por saludar personalmente a la madre del encarcelado jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2020, algo que dijo que era un gesto humanitario hacia una mujer que entonces tenía más de noventa años.
Eduardo Guerrero, experto en seguridad de Lantia Consultores, dice que la política de López Obrador de abrazos y no balas “tenía el … efecto no deseado de expandir la presencia geográfica del crimen organizado a nuevas zonas, precisamente porque el ejército no estaba enfrentando a los criminales”.
Los grupos criminales también están interfiriendo más descaradamente en las elecciones. La campaña de este año, que incluye contiendas para congresos federales y estatales, gobernaciones y alcaldías, ha sido la más mortífera de la historia. Hasta el momento, 36 candidatos y otras 45 personas vinculadas a las elecciones han sido asesinados, 15 más secuestrados y decenas más amenazados, según el centro de estudios Laboratorio Electoral.
Otro campo de batalla clave son las estadísticas oficiales. El sexenio de López Obrador será el más violento de la historia de México en términos de asesinatos totales, con más de 175.000 muertos hasta el momento. Pero el presidente ha aprovechado las cifras que muestran una pequeña reducción de los homicidios en los últimos tres años desde un nivel récord en 2020.
Los expertos señalan que las cifras de asesinatos no incluyen el número récord de personas reportadas como desaparecidas, casi 115.000 el año pasado, 43.000 de las cuales desaparecieron durante la presidencia de López Obrador. También señalan que la proporción de “delitos contra la vida” denunciados como homicidio u “otros delitos” ha ido aumentando a medida que disminuyen los asesinatos, lo que sugiere que los homicidios se están reclasificando.
Al inicio de la presidencia de López Obrador en 2018, el 57 por ciento de las muertes violentas en México fueron marcadas como homicidios. En los primeros cuatro meses de 2023, los asesinatos habían caído al 46% del total, según el análisis de los datos realizado por Nexos.
“Las cifras no son totalmente fiables. Nadie audita las cifras”, dice Edna Jaime, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. “Las administraciones anteriores trataron de mejorar la calidad de la información… Todo eso se abandonó en esta administración”.
La policía y los médicos que realizan las autopsias a veces están bajo presión, dicen los críticos, para evitar informar la causa de la muerte en los certificados como asesinato. “Si no es un homicidio, es menos papeleo”, dice Ernst de Crisis Group. “Básicamente, como 10 agujeros de bala y va a ser ‘insuficiencia cardíaca'”.
Al mismo tiempo, la policía municipal en muchas partes de México está en la nómina de los cárteles o se ve obligada a trabajar para ellos, dicen los expertos en seguridad.
Dentro de una modesta casa alquilada en un camino de tierra en los suburbios de la ciudad noroccidental de Culiacán, Reynalda Pulido tiene una pared de carteles de personas desaparecidas, incluido uno de Neto, su hijo de 16 años.
Neto fue detenido por una patrulla policial en diciembre de 2020, dice, mientras hacía cola para comprar tortillas. Más tarde, su familia descubrió que un niño de la misma edad había sido llevado a un centro de detención cercano, pero la policía se negó a dejarla verlo. Al día siguiente, el niño desapareció.
Manifestantes en la Ciudad de México sostienen imágenes de estudiantes desaparecidos. Casi 43.000 personas han desaparecido durante la presidencia de López Obrador © Henry Romero/Reuters
Pulido ha estado haciendo campaña para encontrar a Neto y a cientos de otras personas que han desaparecido en Culiacán, uno de los bastiones del cártel de Sinaloa. Mientras buscaba cuerpos, ha sido amenazada docenas de veces, dice, incluso por la policía.
Uno de sus sobrinos, Julio, fue asesinado un año después de la desaparición de Neto, mientras que otro, César, desapareció un año después. “Desafortunadamente los veo como daños colaterales”, dice Pulido.
Durante su búsqueda ha encontrado 28 cadáveres y 22 víctimas de secuestro vivas, algunas muy golpeadas. “En cada cuerpo que encuentro, veo las manos de mi hijo”, dice con la voz quebrada. “Todos los días me levanto y rezo: ‘Dios dame sabiduría, dame sabiduría para ayudar a estas familias’. Porque todos los días viene alguien a pedirnos ayuda”.
En junio pasado, el presidente decidió que era necesario un nuevo censo de personas desaparecidas porque las cifras estaban desactualizadas. Dos meses después, Karla Quintana, jefa de la comisión estatal para personas desaparecidas, renunció diciendo que el gobierno había presionado a la comisión para que manipulara las cifras.
“Su intención es muy clara y es lamentable”, dijo en ese momento. “Es para reducir el número de personas desaparecidas”. Hace dos meses, el gobierno anunció una nueva cifra oficial más baja de 99.729 desaparecidos, diciendo que miles habían sido encontrados.
La sucesora elegida por López Obrador, la candidata del partido gobernante Morena, Claudia Sheinbaum, experimentó de primera mano los problemas de seguridad de México el mes pasado cuando un grupo de encapuchados detuvo su convoy en el municipio de Motozintla, en el estado sureño de Chiapas.
Los hombres, que estaban desarmados, le exigieron que no se olvidara de la zona cuando estuviera en el poder. Los cárteles rivales de la droga están luchando por el territorio en Chiapas, pero López Obrador desestimó la intercepción como “escenificada” por medios críticos del gobierno y Sheinbaum ha aludido a algo similar, diciendo que el encuentro fue “extraño”.
De ser elegida, Sheinbaum continuaría en términos generales con la estrategia de López Obrador de evitar la confrontación directa con los cárteles, al tiempo que incorporaría elementos de la estrategia que empleó como alcaldesa de la Ciudad de México, llevando a cabo programas para los jóvenes para mantenerlos fuera de las calles y aumentando la capacidad de investigación. Continuará con la política de López Obrador de contar con una Guardia Nacional dirigida por militares.
“Todos los años vamos a reducir la delincuencia”, dice. “No podemos dar porcentajes para los próximos seis años… [pero] estamos seguros de que esta estrategia va a funcionar”.
Muchos analistas no están convencidos, señalando que la formación académica de Sheinbaum y su crianza en un suburbio de clase media de la Ciudad de México no la han preparado para lidiar con las brutales guerras de los cárteles.
“Todavía tiene que demostrar que entiende lo frágil que es la situación”, dice Salvador Camarena, columnista del diario El Financiero. “Sus giras por el país han sido dentro de una burbuja [de seguridad]. No creo que le hayan permitido entrar en la complejidad de lo que enfrentan los mexicanos”.
Sheinbaum rechaza las críticas y le dijo al Financial Times que las guerras pasadas contra las drogas libradas en México “significan una licencia para que las fuerzas armadas y otras fuerzas de la ley y el orden en nuestro país maten, y no creemos en una licencia para matar, creemos en la justicia”.
Xóchitl Gálvez, el principal candidato de la oposición en las elecciones del próximo mes, citó la estimación militar estadounidense de que alrededor de un tercio del territorio de México está bajo el control del crimen organizado y se comprometió a enfrentar a los cárteles de frente. “Hay zonas del país donde solo pueden entrar delincuentes y eso tiene que parar”, dijo a los periodistas.
Los dos candidatos se enfrentaron por la seguridad en un debate el 19 de mayo. Sheinbaum criticó la guerra contra el narcotráfico como “una de las decisiones más terribles” de la historia reciente de México y defendió el historial de seguridad de su mentor, mientras que Gálvez dijo que la estrategia del gobierno era “entregar el país al crimen organizado”.
Veo que muchas empresas empiezan a pensárselo dos veces antes de invertir aquí. . . Hay riesgos muy, muy grandes en materia de seguridad
Los líderes empresariales también están cada vez más preocupados por la delincuencia organizada y los costes adicionales que impone. Más de la mitad de los empleadores encuestados por la asociación Coparmex el año pasado dijeron haber sido víctimas de algún delito. Entre 2021 y 2023, el robo de vehículos de carga asegurados ha crecido 46 por ciento, según Amis, la asociación mexicana de aseguradores.
Para muchas empresas, la seguridad adicional necesaria es simplemente un costo adicional de hacer negocios. Pero para algunos grupos extranjeros que están considerando la inversión, es un inconveniente demasiado grande.
La Cámara de Comercio Americana en México encontró en una encuesta reciente que el 13 por ciento de sus empresas miembros estaban gastando más del 8 por ciento de todo su presupuesto en seguridad.
Los altos ejecutivos no están dispuestos a hablar sobre el empeoramiento de la seguridad en público, por temor a una reacción violenta del gobierno. Pero un importante banquero, que habló bajo condición de anonimato, dice que le preocupa que la situación se esté volviendo “insostenible”.
“Mucha gente piensa: ‘Déjenlos operar, es parte de la economía'”, dice. “Pero veo que muchas empresas empiezan a pensarlo dos veces antes de invertir aquí… Hay riesgos muy, muy grandes en materia de seguridad”.
La situación en algunas zonas es tan mala que los ciudadanos han tomado cartas en el asunto.
En enero, un video compartido en las redes sociales mostraba a un grupo de mujeres enmascaradas de la etnia wixárika en el estado de Jalisco apelando directamente a uno de los jefes de cárteles más poderosos del país, el líder del CJNG “El Mencho”, en busca de protección, en lugar de acudir a la policía.
En el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico, cuatro obispos católicos se reunieron con líderes de cárteles de la droga en febrero, sin que el gobierno negociara un reparto del territorio con el objetivo de reducir la violencia. Salvador Rangel, obispo emérito, dijo a medios locales que la iglesia actuó porque “el gobierno del estado no quiere encontrar una solución”.
Dado lo mal que se ha vuelto la situación, muchos se preguntan si el próximo líder de México podrá hacer una gran diferencia.
El próximo presidente “tendrá que empezar desde cero”, dice Guillermo Valdés, ex jefe de la agencia de inteligencia Cisen durante el gobierno de Calderón. “Los criminales son más poderosos, hay más violencia, hay más control político del territorio y de las autoridades. . . la tarea será tremenda”.
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