Los afanes de los cárteles: Ampliar espacios de poder

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Por Carlos Ramírez

Los cárteles del crimen organizado comenzaron a operar al comenzar los años ochenta solo con la protección de autoridades políticas y de seguridad. El inicio del ciclo de organización delictiva estuvo marcado por esa relación perversa entre poder y delincuentes. El promotor de estructuras operativas criminales fue el jefe de jefes Miguel Ángel Félix Gallardo, un exagente de la desaparecida Policía Judicial federal de la extinta Procuraduría General de la República que creó el primer cártel del narco.

A lo largo de casi cuarenta años los grupos criminales se han consolidado, expandido y diversificado, siempre al amparo de la protección de autoridades de todos los niveles y de todas las especialidades. Hoy los cárteles han asumido dos condiciones dominantes: constituyen una fuerza armada con capacidad de fuego y han construido sociedades criminales.

La autoridad, por su parte, ha ido desarrollando estructuras de seguridad y leyes correspondientes que no han podido romper la complicidad del poder público con el ya considerado poder criminal. Hasta el 2006 en que se inició la narcoguerra de Calderón, el crimen organizado compraba protección oficial para desarrollar sus actividades delictivas; en el sexenio actual, las organizaciones delictivas hemos comenzado a patrocinar carreras políticas, a comprar estructuras institucionales y de manera recurrente a capturar instancias de decisión del Estado.

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Una segunda característica del momento actual indica que las organizaciones criminales están desarrollando una fase de expansión de control territorial y por eso han entrado a una guerra contra otros cárteles. De nueva cuenta, en esta etapa, las actividades de los principales grupos delictivos están invadiendo espacios de funcionamiento institucional de los tres niveles del gobierno de la república, ya no para comprar protección sino para imponer autoridades funcionales a sus intereses.

La estrategia federal de seguridad pública no alcanza a cubrir todos los huecos que dejan autoridades federales y locales que protegen de muchas maneras las actividades criminales. El despliegue de la Guardia Nacional cumple sus funciones de disuasión territorial, pero hacen falta acciones más decisivas del Estado para combatir de manera más agresiva el tráfico de armas que ha convertido a los grupos criminales en fuerza armada con capacidad para choques aislados con fuerzas de seguridad, pero todavía superadas de manera sobresaliente por la capacidad del Ejército y la Marina.

La apuesta criminal está teniendo altos costos para las propias estructuras delictivas. El gobierno mexicano ha intensificado sus acciones de decomiso de armas, dinero y drogas y ha establecido una presencia incómoda para los cárteles. Aunque de manera descoordinada con el gobierno de México, la Casa Blanca ha autorizado intervenciones directas con recompensas y operativos dentro del territorio mexicano para desestabilizar los precarios equilibrios internos en los grupos delictivos.

El dato más revelador de los últimos diez años exhibe una creciente participación de la sociedad en la complicidad con los intereses de los diferentes cárteles en sus espacios territoriales, con la justificación de que las condiciones de vida se han deteriorado por el abandono de programas sociales y por la crisis de crecimiento económico del país. Ahora las bandas criminales no solo cuentan con la complicidad de las diferentes estructuras gubernamentales, sino que se han sumado importantes segmentos sociales al lado de la delincuencia.

La fase de violencia en los últimos meses, registrada en las cifras de tendencia sostenida de homicidios dolosos, es parte de la disputa territorial que han iniciado las bandas criminales para expandir sus zonas de dominio. En algunos sectores de seguridad existe la percepción de que esta violencia intercriminal debilitará a los grupos delictivos y justificará para más adelante un aumento en las acciones oficiales para operar en un territorio de cárteles en guerra. La mayoría de las bajas registradas por eventos violentos afectan a efectivos de los propios cárteles, aunque hasta ahora sin documentar bajas en los altos mandos delictivos.

El pánico social ante la violencia diaria y las recompensas ofrecidas por la DEA han afectado a los propios cárteles y están justificando las exigencias sociales de mayor capacidad operativa de las fuerzas mexicanas de seguridad para combatir de manera directa a la delincuencia.

El país se encuentra en el umbral de una ofensiva natural o inducida de seguridad para combatir al crimen organizado, aunque la tarea no debe ser de choques violentos, sino que hace falta una estrategia de fondo para desarticular las complicidades de sociedad y funcionarios con las bandas delictivas.

 Zona Zero

Como registro de la complicidad institucional con el crimen organizado, el periodista Ricardo Ravelo está circulando su libro Los narco políticos (editorial Harper Collins). En la primera parte de su texto aparecen nueve gobernadores de estados con creciente actividad delictiva y con evidencias de protección por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno. La segunda parte dedica muchas páginas a reorganizar buena parte de la información existente sobre el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en proceso de enjuiciamiento en una corte de Estados Unidos. Y en la tercera parte pasa revista a la actividad de diez de los más importantes capos criminales, algunos de ellos ya presos, pero con estructuras delictivas en creciente actividad. Esta parte del crimen organizado –la complicidad social e institucional– sigue siendo un pasivo en el abordamiento informativo de estas décadas decreciente actividad delictiva.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no de la publicación.

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