La “justicia” que padecemos nos indigna, atormenta y divide.
Son innegables los esfuerzos de sociedad y gobiernos para mejorarla. Académicos, juristas, líderes, organismos intermedios, los poderes ejecutivos —federales y locales—, así como los congresos legislativos, han logrado en las leyes avances importantes para regir, en estas materias, la conducta de gobernantes y gobernados.
La Suprema Corte ha merecido reconocimiento internacional por su defensa a los derechos humanos, y constantemente produce tesis y resoluciones que amplían los ámbitos de libertad de las personas, así como su protección frente a excesos de los demás poderes, al tiempo que a las autoridades las respalda cuando cumplen y hacen cumplir la ley.
A lo largo y ancho del territorio nacional contamos con militares, policías, ministerios públicos y juzgadores probos, capaces y valientes que prestan un nobilísimo servicio a la comunidad.
Sin embargo, a la par de lo antes señalado, existe un alto grado de venalidad que da lugar a infinidad de verdaderas canalladas, en las que litigantes rapaces y poderosos sin escrúpulos, tienen una participación tan evidente como oprobiosa. Abundan las investigaciones negligentes, amañadas o bajo tortura para culpar a inocentes o exonerar a responsables; así como sentencias producto de la paga o el compromiso, a través de las cuales se despoja a los débiles de sus bienes y derechos. Y lo más grave es la frecuente interacción de otros funcionarios en los atracos a la ley.
Por eso la sociedad no confía, y ha optado por una salida falsa, que conlleva el cáncer que la corroe: EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO. Emite, así, sentencias inapelables, sin escuchar a los imputados, sin valorar pruebas ni expedientes y sin conocer la ley. Un rumor, una denuncia, una difamación son suficientes para la condena a través de redes, radio, prensa y televisión.
La explicación es sencilla: sin presión, sin escándalo, sin alboroto todo lo cubre la impunidad. Así quedan más de 95% de los delitos en México. Si la víctima está sola, sin dinero ni influencias deberá sufrir en silencio el ultraje.
Estamos, pues, en el peor de los mundos: cuando la justicia no es atropellada por la autoridad, lo será por los modernos e influyentes medios de comunicación.
Esta doble perversidad exige múltiples acciones. Entre ellas: más y mejor personal, bien remunerado, y mayor presupuesto para las instituciones de justicia; y crear una verdadera cultura de legalidad para que la sociedad y los medios, en sus justos reclamos, no asuman funciones jurisdiccionales.
Pero el paso urgente, de más trascendencia, es que todos los jueces sean honestos y enfrenten con firmeza a litigantes corruptos, a poderosos abusivos y a cretinos que —en el anonimato o bajo firma— a través de los medios de comunicación se anticipan y los sustituyen con sentencias irresponsables.
LOS LINCHAMIENTOS MEDIÁTICOS TAMBIEN SON CORRUPCIÓN. LOS MÁS GRANDES CRÍMENES DE LA HISTORIA SE HAN COMETIDO INVOCANDO A DIOS O A LA JUSTICIA.
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