Una protesta en Twitter y la advertencia de iniciar acción legal por parte de la actriz Ashley Judd ha vuelto a poner a discusión cuáles son los límites de la libertad de expresión en las redes sociales.
¿Es suficiente descartar como idiota a alguien que amenaza con violar a una mujer porque no le gustó que acusara de “jugar sucio” a los integrantes de un equipo de basquetbol? ¿O el autor debiera ser penalmente responsable de sus dichos?
Los hechos ocurrieron así la semana pasada:
La actriz estadunidense tuiteó que los jugadores de la Universidad de Arkansas jugaban sucio contra los de su equipo favorito, la Universidad de Kentucky.
Ambas escuadras disputaban el título de la Conferencia Suroeste del basquetbol colegial de Estados Unidos, dentro de la fase final de la competencia conocida popularmente como March Madness.
En respuesta, Judd, quien fue víctima de violación siendo niña, fue llamada “puta” por varios tuiteros, algunos de los cuales incluso amenazaron con abusar sexualmente de ella.
Quienes participan activamente en Twitter y otras redes sociales saben que la violencia verbal, que incluye insultos y amenazas, se ha vuelto cotidiana, especialmente contra personas más visibles por sus actividades públicas.
Basta con que alguien no concuerde con una opinión que se expresa allí para que reciba una andanada por parte de quienes piensan distinto. Hay quienes dicen que eso es parte de la libertad de expresión, pero, ¿realmente lo es?
He escuchado y leído opiniones en el sentido de que la libertad de expresión debe incluir el derecho de insultar. En general, estoy de acuerdo. Lo equiparo con el aficionado al futbol que, desde el anonimato en la tribuna, le mienta la madre al árbitro o llama “pendejo” a un miembro del equipo rival.
Me parece que ese tipo de insultos no debieran preocuparnos como sociedad ni como usuarios de las redes sociales. Quien es víctima de la mofa o la grosería puede sacudírsela de encima más fácil de lo que se retira un excremento de pájaro del parabrisas.
Para ello, sólo se necesita un poco de madurez. Misma de la que, por cierto, suelen carecer las personas más propensas a insultar a los demás: cuando las ofenden, generalmente enloquecen.
No olvidemos que el ser humano no es siempre racional. Una parte de nuestro cerebro sigue siendo primitiva y ésta, en muchos casos, guía las actitudes de las personas a la hora de hacerse notar.
Sí me preocupan las descalificaciones que van acompañadas de la amenaza de acción física —peor aun, de ejercer violencia sexual— o las que buscan propiciarla por parte de terceras personas.
También debieran concernirnos los intentos de marginar a otros por su origen, aspecto o ideas. Cuando alguien llama “avaro” a un judío o “chango” a una persona de piel negra o “vendido” a alguien que piensa distinto, lo que intenta es que otros la rechacen.
El problema es dónde debe trazar la línea el derecho. ¿Cuándo constituye una amenaza expresada en las redes sociales un peligro inminente para la integridad física de alguien? ¿Cuándo es una difamación un golpe que pone a la víctima en riesgo de no poder desempeñar su trabajo por los prejuicios que éste crea?
A nivel internacional, el derecho ha resuelto mejor la protección de las personas afectadas cuando las amenazas contra la integridad física y el daño moral se producen cara a cara o se expresan en los medios de comunicación tradicionales.
Las redes sociales constituyen un problema por su globalidad y el anonimato de la enorme mayoría que tiene actividad en ellas.
Aun así, se están creando antecedentes de personas sentenciadas a pena corporal en razón de expresiones vertidas en las redes.
Por ejemplo, apenas en septiembre pasado una corte británica sentenció a 18 meses de prisión a Peter Nunn, un hombre de 33 años de edad, por amenazar con violar a una parlamentaria laborista luego de que ésta propuso que en los nuevos billetes de diez libras esterlinas apareciera la imagen de la novelista Jane Austen.
Ese es precisamente el tipo de acción que está buscando Ashley Judd. En declaraciones a la cadena MSNBC, la actriz dijo que procuraría el procesamiento penal de las personas que la amenazaron.
Lo ocurrido a Judd en las redes no es realmente noticioso. Todos los días, miles de personas —famosas o no— reciben insultos terribles en las redes. Es lugar común decir que el precio de expresar una opinión en internet es sumergirse en un torrente de bilis.
Lo que sí es noticioso es que la actriz, quien tiene casi 255 mil seguidores en Twitter, quiera ver en prisión a quienes la amenazaron.
Varios expertos han dicho que eso será complicado, pues la ley estadunidense, a diferencia de la británica, exige pruebas concretas de que la amenaza realmente se iba a consumar.
Más allá de eso, la discusión es relevante. Lamentablemente es una que quizá nunca avance en México porque pesan mucho en la opinión de los políticos las posiciones políticamente correctas que se manifiestan en las redes sociales.
Y allí, estoy seguro, las voces más estruendosas —aunque no las que debaten con razones— alegarían que cualquier intento de castigar las amenazas o el discurso de odio equivaldría a una “ley mordaza”.
Aun así, es necesario seguir insistiendo en que la libertad de expresión, como todas las libertades, debe estar bien definida y delimitada para cumplir mejor su función.
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