Héctor Orduña obtuvo la titularidad de un juzgado mixto en Veracruz en la pasada elección judicial, a pesar de que, siendo candidato, se encontraba en prisión preventiva por acusaciones de abuso a su sobrina menor de edad. Este hecho, sumado a que el INE planea retirarle la candidatura a quien fue postulado pese a las pruebas, evidencia la deficiencia en la tarea de los comités de selección del Poder Legislativo y del Ejecutivo.
Estas anomalías en la selección de candidatos no fueron las únicas en un proceso electoral que culminó el 1 de junio con una baja participación. El tema escaló hasta el Consejo General del INE, donde un grupo de consejeros electorales solicitó la invalidez de la elección judicial. La consejera Dania Ravel afirmó: “Declarar válida esta elección con estas evidencias sería decirle a la ciudadanía que no habrá consecuencias”. Por su parte, el consejero Jaime Rivera calificó el proceso como “un viaje al pasado”, una regresión en materia electoral. Arturo Castillo, otro consejero, señaló que los ganadores de la elección judicial coincidían con los nombres que figuraban en los “acordeones” distribuidos por operadores de Morena. Martín Faz Mora, al hacer un recuento de irregularidades, destacó que “el 61.74% de las casillas obtuvieron la mayoría de los votos entre 6 y 9 candidaturas de dicho acordeón”.
A pesar de los contundentes señalamientos, seis consejeros electorales, tras una defensa de los resultados y la minimización de las irregularidades por parte de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aprobaron la validez de los comicios para la renovación del poder judicial.
Irregularidades que minan la confianza
La validez de una elección no solo radica en su realización bajo un marco legal establecido, sino también en el respeto a los principios de transparencia, imparcialidad y confiabilidad. Ante la presencia de irregularidades, la cuestión clave es determinar si estas influyeron significativamente en el resultado final o si socavaron la percepción de legitimidad del proceso.
Aunque la legislación electoral contempla la insignificancia estadística de las irregularidades –buscando evitar anulaciones generalizadas por hechos menores que no alteran la voluntad ciudadana–, este criterio se vuelve controvertido cuando las anomalías, aunque cuantitativamente pequeñas, muestran un patrón geográfico, administrativo o temporal que sugiere manipulación sistemática.
Un factor crucial para determinar la validez es la naturaleza de las irregularidades. Los errores técnicos, como problemas en la digitalización de actas o retrasos en la transmisión de resultados, pueden corregirse sin invalidar el proceso. Sin embargo, si las irregularidades incluyen fraudes comprobados, exclusión deliberada de votantes, ventajas desproporcionadas a ciertos candidatos o manipulación de urnas, el impacto en la legitimidad del resultado es considerablemente mayor, independientemente de su magnitud relativa.
Frente a una elección tan compleja, que generó confusión entre los electores por la falta de información sobre los candidatos –quienes además no pudieron hacer campaña debido a las limitaciones de la propia Reforma al Poder Judicial que originó este proceso–, el surgimiento de los “acordeones” y la coincidencia con los ganadores despierta la sospecha de un patrón que, como apuntaron algunos consejeros, debe ser revisado por el Tribunal Electoral.
Existen precedentes de tribunales electorales que han anulado comicios a pesar de que las irregularidades representaban un porcentaje mínimo del total de votos. Esto ocurre especialmente cuando tales anomalías violan principios constitucionales o normativos fundamentales, más allá de su impacto numérico directo. En otros escenarios, los resultados electorales se han mantenido, argumentando que una intervención implicaría un costo institucional mayor al beneficio democrático derivado de la nulidad.
Adicionalmente, del total de 116,690,139 votos emitidos, 26,658,221 fueron nulos o con recuadros no utilizados. Esto deja un total de 90,031,918 votos válidos, con una participación de 12,965,574 electores de un total de 99,594,010 en la lista nominal.
Las denuncias de consejeros electorales y ciudadanos el día de la jornada no son un asunto menor; sin embargo, las voces oficialistas se apresuraron a calificar el proceso como un “éxito” o un ejemplo democrático. La última esperanza de purificar este proceso, cuyas irregularidades cuestionan su validez, recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, su alineación con el partido oficial invita a dejar de lado esa esperanza.
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