(HLN) – Un juez federal en California le ordenó el martes a Apple que ayudara al gobierno en la recopilación de datos del teléfono de Syed Rizwan Farook, uno de los atacantes responsables de la muerte de 14 personas durante el tiroteo que hubo en San Bernardino, California en diciembre.
Parece bastante simple: una solicitud de ayuda para investigar un acto de terrorismo.
Sin embargo, según la carta abierta (verla al final de este artículo) que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, le escribió a sus clientes, la solicitud es «sin precedentes», es una «extralimitación» y tiene implicaciones «escalofriantes».
Apple tiene los medios técnicos para ayudar en la investigación sobre lo ocurrido en San Bernardino, pero se ha negado a ayudar, según los fiscales federales. Cook dice que lo que el gobierno les está pidiendo actualmente no existe. De hecho, Apple específicamente diseñó su sistema operativo para cifrar datos, de modo que ni siquiera la compañía puede acceder a ellos.
Para tener acceso a los datos en el teléfono, el FBI quiere una forma de probar tantas claves como sea necesario, tan pronto como sea posible, sin que se borren los datos del teléfono. Para hacer esto, están solicitando un iOS modificado solo para ellos que funcione solo en este dispositivo, y están usando la ley All Writs Act de 1789, un amplio estatuto del siglo XVIII, para obligar a Apple a que lo haga.
«Generalmente, las compañías sí tratan de colaborar en las investigaciones. Sin embargo, el gobierno no está pidiendo información que Apple tenga», dijo Irina Raicu, directora del programa de éticas de Internet en el Centro Markkula para la Ética Aplicada en la Universidad de Santa Clara. «Ellos están pidiendo un nuevo software que haría posible que Apple entrara a los teléfonos de sus clientes, algo que va en contra de las promesas que Apple le ha hecho a sus clientes sobre sus productos».
Cook afirma que crear la función representa una puerta trasera de seguridad, o una forma de evitar las funciones de seguridad que pueden hacer que el software o el hardware sea vulnerable a los hackers,
Y esta es una pendiente resbalosa, advierte Marc Goodman, asesor de seguridad global y presidente de políticas y derecho en la Universidad de la Singularidad. «Al momento en el que Apple obedezca habrá cientos, si no es que miles de solicitudes. Este es un caso de terrorismo, pero luego vendrá un asesinato, un fraude fiscal, y luego demandas civiles como procedimientos de divorcio».
Goodman también hizo referencia a lo siguiente: «¿Qué pasa cuando sea el gobierno chino, ruso o iraní el que presente los papeles?
Por la carta de Cook se sabe que es el gobierno de Estados Unidos el que busca la información. Él escribe que con esta solicitud bajo la ley All Writs Act de 1789, el gobierno podría tener el poder de acceder a tu información financiera, a tu información de salud, a la cámara e incluso al micrófono de tu teléfono sin que te des cuenta.
«Esto gira en torno a la confianza… entre las compañías y los clientes, los ciudadanos y el gobierno, Silicon Valley y Washington», dijo Raicu, en referencia a las revelaciones del informante de la NSA, Edward Snowden, como el punto donde se perdió la confianza entre las compañías de tecnología como Apple y el gobierno de Estados Unidos.
Esta no es la primera pelea entre Apple y el gobierno bajo el disfraz de la ley All Writs Act.
En octubre de 2015, por ejemplo, el Tribunal de Distrito del Distrito Oriental de Nueva York le ordenó a Apple que ayudara a desbloquear un iPhone en el caso de Estados Unidos vs. Jun Fen, un caso en contra de un hombre acusado de poseer y distribuir metanfetaminas. La respuesta de Apple fue que hacerlo era una carga excesiva, que desviaba las horas de trabajo de sus operaciones de negocios, podía obligar a sus ingenieros a testificar en un juicio y perjudicaría la confianza que tienen con los clientes y por lo tanto, con la marca de Apple.
La respuesta de la corte detalló casos en los que Apple, de hecho, ya había ayudado a los investigadores a sobrepasar contraseñas: un caso de explotación infantil de 2008 en Nueva York y otro caso de explotación sexual en Washington, D.C.
Feng más adelante se declaró culpable, pero estuvo claro que esta no sería la última batalla entre la aplicación de la ley y las compañías privadas por el acceso a los datos de teléfonos inteligentes.
Tanto Raicu como Goodman dijeron que, por lo que ellos sabían, el gobierno tiene otras herramientas a su disposición para esta investigación. «Hace cincuenta años, no teníamos teléfonos inteligentes ni Internet, y la policía aun así podía hacer su trabajo», dijo Goodman. «Existe información adicional en 47 sitios distintos. Ellos probablemente han analizado computadoras, han citado a la compañía que ofrece los servicios telefónicos, han entrevistado a sus amigos y familiares y han analizado sus viajes al extranjero. Una investigación no depende de una única pieza de información».
Este desafío probablemente no será la última vez que el pueblo estadounidense tendrá la discusión acerca de sopesar los beneficios de la seguridad pública versus los costos de la privacidad personal. Nuestro marco legal actual tiene demasiadas lagunas como para ser útil. «Tenemos un conjunto de leyes de privacidad… algunas aplican al gobierno federal, pero no a los negocios, algunas solo aplican en un contexto de salud, algunas son para proteger a los niños menores de 13 años, pero no a otras personas. La mayoría de las leyes que vemos provienen de los estados», dijo Raicu.
California, donde se encuentra Apple, está al frente de ese movimiento, dijo, e hizo énfasis que el artículo I de la Constitución de California menciona la protección de la privacidad como un derecho humano.
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, quien sin duda enfrentará batallas similares, expresó su apoyo hacia la posición de Cook en Twitter.
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<blockquote class=»twitter-tweet» data-lang=»es»><p lang=»en» dir=»ltr»>1/5 Important post by <a href=»https://twitter.com/tim_cook»>@tim_cook</a>. Forcing companies to enable hacking could compromise users’ privacy</p>— sundarpichai (@sundarpichai) <a href=»https://twitter.com/sundarpichai/status/700104298600886272″>febrero 17, 2016</a></blockquote>
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«Tienes que admirar al director del FBI, James Comey, y a lo que está tratando de hacer por la seguridad pública y el pueblo estadounidense», dijo Goodman. «Sin embargo, él también tiene la responsabilidad de apoyar y proteger a la Constitución, lo cual le da a las personas el derecho a estar seguras en nuestros papeles y efectos».
Carta abierta de Tim Cook
(Ver la carta en el sitio de Apple clic aquí)
February 16, 2016
A Message to Our Customers
The United States government has demanded that Apple take an unprecedented step which threatens the security of our customers. We oppose this order, which has implications far beyond the legal case at hand.
This moment calls for public discussion, and we want our customers and people around the country to understand what is at stake.
The Need for Encryption
Smartphones, led by iPhone, have become an essential part of our lives. People use them to store an incredible amount of personal information, from our private conversations to our photos, our music, our notes, our calendars and contacts, our financial information and health data, even where we have been and where we are going.
All that information needs to be protected from hackers and criminals who want to access it, steal it, and use it without our knowledge or permission. Customers expect Apple and other technology companies to do everything in our power to protect their personal information, and at Apple we are deeply committed to safeguarding their data.
Compromising the security of our personal information can ultimately put our personal safety at risk. That is why encryption has become so important to all of us.
For many years, we have used encryption to protect our customers’ personal data because we believe it’s the only way to keep their information safe. We have even put that data out of our own reach, because we believe the contents of your iPhone are none of our business.
The San Bernardino Case
We were shocked and outraged by the deadly act of terrorism in San Bernardino last December. We mourn the loss of life and want justice for all those whose lives were affected. The FBI asked us for help in the days following the attack, and we have worked hard to support the government’s efforts to solve this horrible crime. We have no sympathy for terrorists.
When the FBI has requested data that’s in our possession, we have provided it. Apple complies with valid subpoenas and search warrants, as we have in the San Bernardino case. We have also made Apple engineers available to advise the FBI, and we’ve offered our best ideas on a number of investigative options at their disposal.
We have great respect for the professionals at the FBI, and we believe their intentions are good. Up to this point, we have done everything that is both within our power and within the law to help them. But now the U.S. government has asked us for something we simply do not have, and something we consider too dangerous to create. They have asked us to build a backdoor to the iPhone.
Specifically, the FBI wants us to make a new version of the iPhone operating system, circumventing several important security features, and install it on an iPhone recovered during the investigation. In the wrong hands, this software — which does not exist today — would have the potential to unlock any iPhone in someone’s physical possession.
The FBI may use different words to describe this tool, but make no mistake: Building a version of iOS that bypasses security in this way would undeniably create a backdoor. And while the government may argue that its use would be limited to this case, there is no way to guarantee such control.
The Threat to Data Security
Some would argue that building a backdoor for just one iPhone is a simple, clean-cut solution. But it ignores both the basics of digital security and the significance of what the government is demanding in this case.
In today’s digital world, the “key” to an encrypted system is a piece of information that unlocks the data, and it is only as secure as the protections around it. Once the information is known, or a way to bypass the code is revealed, the encryption can be defeated by anyone with that knowledge.
The government suggests this tool could only be used once, on one phone. But that’s simply not true. Once created, the technique could be used over and over again, on any number of devices. In the physical world, it would be the equivalent of a master key, capable of opening hundreds of millions of locks — from restaurants and banks to stores and homes. No reasonable person would find that acceptable.
The government is asking Apple to hack our own users and undermine decades of security advancements that protect our customers — including tens of millions of American citizens — from sophisticated hackers and cybercriminals. The same engineers who built strong encryption into the iPhone to protect our users would, ironically, be ordered to weaken those protections and make our users less safe.
We can find no precedent for an American company being forced to expose its customers to a greater risk of attack. For years, cryptologists and national security experts have been warning against weakening encryption. Doing so would hurt only the well-meaning and law-abiding citizens who rely on companies like Apple to protect their data. Criminals and bad actors will still encrypt, using tools that are readily available to them.
A Dangerous Precedent
Rather than asking for legislative action through Congress, the FBI is proposing an unprecedented use of the All Writs Act of 1789 to justify an expansion of its authority.
The government would have us remove security features and add new capabilities to the operating system, allowing a passcode to be input electronically. This would make it easier to unlock an iPhone by “brute force,” trying thousands or millions of combinations with the speed of a modern computer.
The implications of the government’s demands are chilling. If the government can use the All Writs Act to make it easier to unlock your iPhone, it would have the power to reach into anyone’s device to capture their data. The government could extend this breach of privacy and demand that Apple build surveillance software to intercept your messages, access your health records or financial data, track your location, or even access your phone’s microphone or camera without your knowledge.
Opposing this order is not something we take lightly. We feel we must speak up in the face of what we see as an overreach by the U.S. government.
We are challenging the FBI’s demands with the deepest respect for American democracy and a love of our country. We believe it would be in the best interest of everyone to step back and consider the implications.
While we believe the FBI’s intentions are good, it would be wrong for the government to force us to build a backdoor into our products. And ultimately, we fear that this demand would undermine the very freedoms and liberty our government is meant to protect.
Tim Cook
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