Nadie niega que exista la tortura en nuestro país. No hay más que enterarse por los periódicos o los medios de los crímenes que se relatan uno tras otro en macabra y vergonzosa sucesión. La mayoría de los asesinatos exhibe huellas de tortura.
Amnistía Internacional lanzó en septiembre de 2014 una campaña mundial instando a los gobiernos a erradicar la tortura, añadiendo que en una década ese crimen aumentó nada menos que en 600%. Aunque en México se alegue que la tortura es “excepcional”, es sabido que está arraigada en todas las fuerzas, sean policiacas, de seguridad y en el crimen organizado por las mafias.
Con la ecuanimidad acreditada con muchos años de experiencia profesional, Juan Méndez, Relator Especial de la ONU, afirmó en su Informe, presentado recientemente en Ginebra, que en México “la tortura es generalizada, como lo prueban cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las prisiones y centros de detención”. No sólo son las policías o los agentes de diversas corporaciones oficiales los que realizan las atrocidades. “He expresado en repetidas ocasiones mi preocupación respecto a la violencia generalizada en partes de América Central y en México, y a sus vínculos con el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y con las autoridades locales y centrales”, ha dicho el relator especial.
El rechazo de nuestra cancillería al Informe llegó al grado de instruir a nuestro representante en Ginebra ejercer una inaudita presión para eliminar las frases que ofendían la susceptibilidad oficial mexicana. Es más, se denunció al señor Méndez, funcionario de sólida reputación, “de faltar al Código de Conducta para los titulares de mandato de los Procedimientos Especiales”. En su respuesta, el relator especial confirmó que el gobierno de México lo presionó, sin éxito, para que cambiara su Informe que describe a la tortura como “práctica generalizada” y como “epidemia”. “La falta de ética se hubiera dado en… cambiar mi parecer”.
No es la primera vez que México se contrasta con la ONU en el tema de derechos humanos. Hace tiempo otra la alta comisionada, paquistaní, entonces, fue acusada por nuestro gobierno por sus censuras a nuestro comportamiento en la materia.
Estos choques contrastan con el trato que la señora Mary Robinson, también alta comisionada, recibió en 2012 del entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, todo género de apoyo para la realización de sus indagaciones, precisamente en asuntos de derechos humanos.
La reacción actual del gobierno puede explicarse por la necesidad que siente de defender el prestigio y honor de nuestras Fuerzas Armadas, cuya contribución es imprescindible en el combate al crimen organizado ya globalizado. El asunto no es fácil. Tanto el Ejército como la Armada han reclamado, desde la administración de Vicente Fox, que carecen de respaldo jurídico para su actividad. Sigue pendiente en las cámaras legislativas la aprobación de un estatuto específico que autorice constitucionalmente su valiente acción.
La recomendación al gobierno del relator especial de la ONU es la de “hacer una urgente revisión del sistema de defensoría de las personas en la primera fase de la detención y avanzar en la reparación del daño…”.
No hay que ocultar las verdades. El Vaticano, que entre todas las instituciones de fama mundial más interés puede tener en mantener incólume y limpia su fama, decidió en estos días admitir la probabilidad de irregularidades en sus cuentas y operaciones financieras, incluso las bancarias, y las abrió al escrutinio de las autoridades italianas. Así defiende su buen nombre.
La actitud que las autoridades mexicanas debieron asumir al recibir el Informe y sus recomendaciones era la de admitir su veracidad y renovar su compromiso de hacer todo lo posible para erradicar por completo el vicio social que el relator especial califica como “epidemia”.
Hubiera sido más honorable ser congruente con la realidad incómoda que negarla.
There is no ads to display, Please add some
