Causaron revuelo las conversaciones telefónicas de familiares de presuntos criminales y del abogado de éstos, sobre dineros requeridos para resolver su caso. 10 mil pesos para comer con un agente del Ministerio Público, y 400 mil para éste y el juez; con la aclaración del litigante de que sus honorarios “los veremos después”.
Esas revelaciones fueron suficientes para escuchar voces exigiendo “todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, porque “no es posible aceptar actos de corrupción”, y “de comprobarse la participación de los funcionarios imponerles severos castigos”, pues “ya basta de impunidad”.
Las sesudas declaraciones parecen, como se advierte, inmaculadas, sin embargo, si se carece de elementos serios que hagan suponer la participación de particulares o funcionarios en actos criminales, aceptemos que tales comentarios —aparentemente procedentes— resultan impertinentes y en sí mismos ofensivos, pues abonan a la deshonra de quienes no han dado motivo para ello.
Después de lo sucedido, recordé en estos espacios que donde solo existe el dicho de mafiosos suelen correr en paralelo, para denostar alevosamente, su perversidad y la irresponsabilidad de otros.
Comenté la socorrida práctica de abogados réprobos que piden a sus clientes dinero “para entregar”, y los enjuiciados no reparan en darlo, si es para quien va a decidir.
Me mofé de la bondad del litigante que dejó “para después” sus honorarios.
Pues el Consejo de la Judicatura Federal llevó a cabo, como debía, la investigación de lo sucedido, y resulta que la decisión del juez fue legal y justa, y que no existen pruebas o indicios que permitan siquiera suponer un acto de corrupción.
Cuando se conozca oficialmente el resultado de esa investigación habrá silencio sepulcral por parte de quienes salieron a la palestra para “evitar la impunidad”. Las pláticas de malandros y los reclamos aparentemente válidos de voces justicieras pusieron a dos funcionarios en el banquillo de los acusados. La felonía de unos no produciría daños mayores si no fuera acompañada por declaraciones simplemente oportunistas de quienes aprovechan cualquier escándalo para proyectarse como personajes impolutos, aunque su quehacer público deje mucho que desear.
Es difícil escapar a la insidia de delincuentes. Hace años recibí la llamada telefónica de una mujer —que se ostentó esposa de Arturo Beltrán Leyva, violento criminal— para agradecerme de parte de éste los servicios que como abogado supuestamente yo le prestaba. Le respondí: diga a su marido que no lo conozco, ni le he prestado servicios, que nada debe agradecerme, que ojalá rectifique su vida y le vaya bien. Tiempo después fue abatido en un enfrentamiento.
Por esa realidad, y ante el riesgo de quienes deciden el destino de sujetos altamente peligrosos, debemos repudiar el injusto descrédito provocado por expresiones tendenciosas.
El fiscal que se sujeta a la ley y el juez que la toma para impartir justicia, y da a cada quien lo suyo, merecen respeto.
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