El proceso de consolidación de nuestra democracia ha significado una creciente transición hacia la división de Poderes, en donde tanto el Poder Legislativo como el Judicial han adquirido una real capacidad para ejercer sus facultades y participar en las acciones de gobierno.
La creciente capacidad del Poder Legislativo para ejecutar sus facultades se ha enfrentado a diversos retos, entre ellos, su profesionalización. Y es que hacer más leyes no significa contar con mejores leyes.
Hoy también sabemos que nuestra historia política, en donde el Poder Ejecutivo ejercía todas las funciones reales del Estado, nos impidió durante muchas décadas realizar funciones efectivas de control, incluyendo las del desempeño y ejercicio de recursos públicos, y que hacerlo requiere conocimiento y especialización.
Hace una década los legisladores, primero en el nivel federal y luego en el local, comprendieron que es parte vital de su trabajo profundizar su conocimiento sobre la creación y reforma de legislación, y que los asesores y cuerpos de apoyo deben ser especialistas en la variedad de temas en los que trabaja el Legislativo. Resalta, por supuesto, la técnica legislativa, pero cuentan temas tan amplios como genética, pobreza, relaciones exteriores o seguridad nacional, por citar solo una mínima parte de los asuntos que ocupan al Poder Legislativo.
Y enfatizo que el conocimiento de técnica legislativa, así como la especialización en los temas que tratan en las comisiones, son obligación tanto de legisladores como de asesores.
El esfuerzo del Poder Legislativo por la profesionalización tiene resultados diferenciados a nivel federal y en los congresos estatales. En la Cámara de Diputados y en la de Senadores desde hace varios años contamos con un cuerpo profesional de servicios parlamentarios y de centros de investigación dedicados a la investigación y asesoría especializada. El Senado de la República tiene el apoyo del Instituto Belisario Domínguez, en el que los Senadores hemos invertido tiempo y esfuerzo para impulsar un cuerpo experto, con credenciales académicas y en la investigación parlamentaria, que sea de verdadera utilidad para los legisladores y las comisiones. Este esfuerzo de reforma aún está en marcha, pero ya vemos resultados.
Por su parte, varios congresos estatales han dado enormes pasos en el mismo camino. Pero no es la realidad en otros: por ello el interés de las Cámaras de Diputados y Senadores por contribuir al fortalecimiento de los servicios de asesoría de los congresos en los Estados.
La semana pasada, con el esfuerzo y a solicitud del Congreso de Chiapas, celebramos en el Senado de la República un curso de técnica legislativa impartido por la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Senado. Fue una experiencia enriquecedora tanto para los funcionarios de ese congreso como para los servidores públicos del Senado: hay mucho que aprender de los congresos estatales, no sólo sobre sus experiencias sino sobre sus esfuerzos.
La profesionalización del Poder Legislativo, en todos los niveles de gobierno, es una tarea y reto permanente. Los senadores hemos expresado y reiteramos nuestra firme voluntad para impulsar acciones e intercambios que nos permitan desempeñarnos con conocimiento, especialización y profesionalismo.
A todos invito a consultar las investigaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en la página web del Senado.
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