En el debate que ha montado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus mañaneras para distraer la atención –no ha abordado el tema de #TelevisaLeaks, por ejemplo–, Ernesto Zedillo se mantiene como el villano favorito del sexenio, por lo que rechazó la propuesta de éste para auditorias independientes a obras de AMLO, argumentando que para eso está la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Pero un poco antes, pidió respetar la presunción de inocencia de Cuauhtémoc Blanco y manifestó su confianza respecto a Cuitláhuac García, ambos señalados precisamente por la ASF por diversas irregularidades durante sus mandatos como gobernadores de Morelos y Veracruz, respectivamente, algo que ha motivado que las actuales gobernadoras presenten denuncias.
Y ya que la presidenta muestra confianza en la ASF y asegura que no permitirá actos de corrupción –incluso buscando que su partido regrese a los principios que le dieron vida y se destierren vicios como actos anticipados de campaña o lujos–, debería ser congruente y revisar algunos de los reportes que dio la Auditoria solamente para 2023:
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado en su revisión de la Cuenta Pública 2023 irregularidades por 51,979 millones de pesos, correspondientes al quinto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este monto, identificado tras 1,623 auditorías, señala posibles daños al erario en diversas dependencias, con 43,206 millones aún por aclarar. Entre los hallazgos destacan pagos duplicados, contratos irregulares y servicios no comprobados, especialmente en el sector salud (IMSS, ISSSTE, Birmex), educación superior (900 millones por aclarar) y el Instituto Nacional de Migración.
El análisis de la ASF subraya deficiencias sistémicas en la gestión de recursos públicos, como la falta de documentación justificativa, que representa el 64% de las irregularidades. Entidades como Durango, con 3,900 millones por aclarar, y el IMSS, con una parte significativa del 80% de los montos observados, reflejan problemas estructurales en la transparencia y rendición de cuentas.
Estas denuncias refuerzan críticas previas sobre la opacidad en proyectos prioritarios, como el Tren Maya, donde en 2022 se detectaron 785 millones en irregularidades, incluyendo pagos sin avalúos y adquisiciones innecesarias. La ASF también ha señalado prácticas de nepotismo y viajes injustificados en el INAI, evidenciando fallos en la gobernanza.
Así que, si quiere ser congruente con sus palabras y presume la existencia de la Auditoria Superior de la Federación, debería exigir que se investigue y actúe hasta sus últimas consecuencias respecto a los informes presentados por la ASF sobre las irregularidades del sexenio pasado, ya sea que involucre a su antecesor o a exgobernadores morenistas.
A menos que lo que busque es seguir con distractores para desviar la atención sobre el desastre de la elección judicial y los candidatos vinculados con el crimen organizado, la marcha de la economía nacional, la inseguridad en estados como Sinaloa, el tema de los desaparecidos y otros más.
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