El caso del periodista Jorge González Valdez en Campeche, es un ejemplo paradigmático de las tensiones entre libertad de expresión y acusaciones de violencia política de género. Este informe detalla los hechos, el contexto legal y las implicaciones para la democracia mexicana, basándome en desarrollos recientes hasta agosto de 2025.
El origen del conflicto radica en las críticas que González, un veterano periodista de 72 años y exdirector del diario Tribuna durante tres décadas, ha formulado contra el gobierno de la gobernadora Layda Sansores San Román (Morena). Sansores, quien asumió el cargo en 2021, ha enfrentado señalamientos por presuntos actos de corrupción y opacidad en su administración, particularmente en el DIF estatal. González, jubilado desde 2017, pero activo en un programa personal llamado «Expediente» y vinculado anónimamente a la columna «Las tripas del jaguar» en Tribuna, ha sido un voz crítica persistente. Esta columna, una respuesta satírica al programa televisivo de Sansores «Los martes del jaguar», acusa al gobierno de corrupción, mentiras y populismo.
En abril de 2025, González sufrió una agresión física por parte de policías municipales durante un incidente en San Francisco de Campeche, donde fue golpeado, esposado y retenido por 48 horas. Este evento, grabado en video, exacerbó las tensiones. Posteriormente, Sansores presentó una denuncia penal contra él por incitación al odio y violencia, alegando que las publicaciones causaron daño psicológico motivado por misoginia. El 13 de junio de 2025, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada lo vinculó a proceso, ordenando el cierre temporal de la plataforma digital de Tribuna, la prohibición de ejercer periodismo por dos años y una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social estatal, Walther David Patrón Bacab. Aunque González demostró su jubilación, la jueza lo responsabilizó por los contenidos anónimos.
El punto álgido llegó en julio y agosto de 2025. El 16 de julio, la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May impuso medidas cautelares adicionales: un «censor oficial» designado por el Tribunal Superior de Justicia de Campeche supervisaría todas las publicaciones de Tribuna relacionadas con Sansores, aprobando o vetando contenidos antes de su difusión. Además, se prohibió a González mencionar, opinar o publicar imágenes sobre la gobernadora. Tribunales federales suspendieron inicialmente estas restricciones por violar la libertad de expresión, pero el Tribunal Superior de Justicia las ratificó el 29 de agosto de 2025. Ahora, González debe ser vigilado permanentemente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, y Tribuna debe enviar simultáneamente todas las notas sobre Sansores al área de Derechos Humanos del tribunal para revisión, bajo pena de multas de hasta 5,657 pesos.
Esta supervisión previa choca frontalmente con la Constitución mexicana, que en su artículo 7 prohíbe explícitamente la censura previa a cualquier expresión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que tales mecanismos son inconstitucionales, alineándose con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que veta restricciones indirectas a la prensa. Sansores defiende las acciones como una lucha contra la violencia de género, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumenta que no busca encarcelar, sino reconocer la misoginia. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 denuncian un patrón de acoso judicial: en 2025, 39 periodistas y 12 medios en Campeche han enfrentado procesos, superando récords anuales. Otros casos incluyen a Carlos y Abraham Martínez, obligados a disculparse públicamente por expresiones «estereotipadas» en un video de agosto de 2025.
Políticamente, este caso revela un uso faccioso de leyes contra la discriminación y violencia de género para silenciar disidencia. El PRI, liderado por Alejandro Moreno (exgobernador de Campeche), ha condenado el «autoritarismo» de Sansores, mientras Morena lo enmarca como protección a mujeres en el poder. La Alianza de Medios Mx y defensores de derechos humanos advierten de un precedente peligroso: si un censor puede vetar críticas, se erosiona el derecho a la información de la ciudadanía. En un estado con historial de control mediático —de cinco periódicos en 2021 a ninguno físico hoy—, esto fomenta autocensura y miedo entre reporteros.
En conclusión, el mecanismo de supervisión en Campeche no solo viola normas constitucionales, sino que socava la democracia al priorizar la imagen de una funcionaria sobre el escrutinio público. Urge intervención federal para restaurar equilibrios y proteger el periodismo independiente, evitando que México regrese a eras de control estatal disfrazado de justicia de género.
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