El escándalo Taddei es la nueva “telenovela” de la mal llamada transformación, que lleva semanas con el mismo libreto: culpar a todos los personajes posibles de las acciones corruptas y corruptoras de Guadalupe Taddei y su clan morenista, impulsado por el oficialismo.
Lo más lamentable es que fue Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, quien, siguiendo el ejemplo de su mentor y antecesor, decidió encabezar esta estrategia actuando como jefa de partido y no como representante de todos los mexicanos. Los motivos son evidentes: Sheinbaum llegó a Palacio Nacional cuando el Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la conducción de Taddei permitió libre y descaradamente una elección de Estado.
López Obrador, no sólo dio bastón de mando a Sheinbaum, también sometió al INE. 52 quejas interpuestas en su contra -específicamente de ese periodo-, 330 expedientes acumulados en su sexenio, la mayor parte desechados o sobreseídos. Aunque el INE no fue el único organismo cómplice de ese abuso, también lo fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) del que ahora poco se habla por lo grotesco de las actuaciones de la exfuncionaria electoral y su proveedor, evidenciadas en audios y videos.
Los capítulos de esta historia de tragedia, comedia y romance se han caracterizado por una narrativa oficialista que incluye hipótesis increíbles, que llegaron al absurdo de señalar que los videos expuestos por la prensa fueron alterados o que se trataba de inteligencia artificial. Todo ello, no sin antes poner en el patíbulo de los acusados a exconsejeros electoral propuestos por cierto por el PRD, antes partido del originario de Macuspana y exfuncionarios de la época de Salinas de Gortari, hasta llegar a la creación de una comisión especial para investigar la elección de 2006, que tiene como protagonista a Felipe Calderón, el “villano” favorito del régimen y de sus propagandistas.
Lo hemos reiterado: destruir al INE -y a todas las instituciones autónomas- fue un objetivo del régimen, anunciado desde hace más de 20 años.
Andrés Manuel López Obrador fue candidato presidencial en tres ocasiones: 2006, 2012 y, finalmente, 2018, año en el que alcanzó su tan anhelado deseo de llegar a Palacio Nacional. Como buen narcisista, en todas y cada una de sus campañas su estrategia se centró en él mismo, en su supuesta honestidad de 200 pesos en la cartera y en su departamento de Copilco Universidad, con lo que construyó la imagen de ser un político distinto a todo lo que se conocía.
En sus recorridos por el país logró sembrar entre los mexicanos un odio contra lo que llamó “la mafia del poder”, en la que enlistaba a televisoras, empresarios y políticos que, curiosamente, fueron sus compañeros de partido. Esa narrativa constante le dio grandes dividendos electorales, al grado de que en el año 2000 fue electo Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Por supuesto, cosecha también de la siembra de otros políticos -como Cuauhtémoc Cárdenas– a los que luego desconocería y que fueron parte de la lucha democrática de México.
Lo cierto es que muchas de sus acciones, especialmente desde su mandato en la ahora Ciudad de México, desnudaron su verdadera personalidad, porque sus dichos estaban muy lejanos a sus hechos.
La corrupción de López Obrador fue siempre evidente: ¿quién no recuerda a René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada? ¿Se nos olvidaron ya las imágenes de Carlos Imaz, en ese tiempo esposo de Claudia Sheinbaum, guardando los fajos de billetes de parte del mismo empresario? ¿Por qué los morenistas no hablan de los videos que mostraron a Gustavo Ponce Meléndez, entonces Secretario de Finanzas de López Obrador, apostando en Las Vegas, Nevada? ¿Quién duda de que la extorsión y corrupción son el origen de “las aportaciones voluntarias” a su movimiento?
Pero no solo es el pasado el que nos lanza datos de la verdadera cara del régimen. El presente del obradorato está lleno de esos personajes antes criticados, miembros de “la mafia del poder”, en las posiciones más importantes del movimiento:
Ignacio Ovalle Fernández, político salinista acusado de los desfalcos de CONASUPO a finales de los años 80, regresó como titular de SEGALMEX y causó un daño multimillonario al país.
Ignacio Mier Velazco, Javier Corral Jurado, Miguel Ángel Navarro Quintero y Óscar Cantón Zetina fueron algunos de los legisladores que votaron el tan cuestionado FOBAPROA en la década de los 90. La ahora morenista Patricia Armendáriz era vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la crisis financiera y fue directora de calificación bancaria y crediticia de este Fondo. Mientras, Arturo Zaldívar fue el abogado representante de las instituciones bancarias que solicitaron ser rescatadas.
Los morenistas, antes perredistas, priístas y hasta panistas, se han envuelto en la bandera de la democracia acusando fraudes electorales de los gobiernos. Lo paradójico es que Manuel Bartlett Díaz, acusado de la caída del sistema de 1988, es uno de los personajes más defendidos por el líder moral del movimiento.
La mafia del poder solo creó su propio partido, si revisamos todos los casos, la lista es interminable. Los morenistas van falsificando la historia y pretenden borrar la memoria histórica de los mexicanos para que, en las acusaciones permanentes, olvidemos su verdadero talante antidemocrático y corrupto.
Y mientras hoy se atrincheran y se agrupan para mantener el poder a cualquier precio, fenecen las instituciones. Pero que no se confundan: la historia no se borra por decreto ni se reescribe con comisiones a modo. El régimen podrá controlar al INE, al Tribunal y hasta el relato, pero no podrá controlar la memoria de un país que ya vio quiénes son, de dónde vienen y a qué vinieron.


















