Shenzhen pacta la impunidad de los poderosos

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Un documento breve con ambición mayúscula

La «Declaración hacia la paz» firmada el 19 de noviembre en Shenzhen reúne por primera vez en este formato a Trump, Xi y Putin. El texto fija cuatro compromisos sin calendario ni mecanismo de verificación. Esa ausencia define su naturaleza: es una declaración de intenciones, no un tratado. Sin embargo, el clima político que crea puede pesar más que su fuerza jurídica.

Reforma de la ONU: ¿para quién?

Los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad se comprometen a reformar la organización para que responda mejor a los desafíos globales. El texto no precisa el tipo ni el alcance de las reformas. La contradicción es evidente: quienes disponen del veto, y lo han usado para paralizar el Consejo, se erigen en reformadores. Para el resto de los países, que llevan décadas reclamando ampliar la representación, la lectura razonable es que una reforma dictada por los tres grandes consolidaría su peso en lugar de repartirlo.

Energía: estabilidad con intereses cruzados

Aumentar la producción y el suministro de derivados refinados del petróleo suena a alivio para los mercados. Pero reúne a un productor y exportador dominante, un consumidor gigantesco y una potencia sancionadora de la energía rusa. Para importadores como México, la promesa de flujos estables es atractiva; la pregunta es quién fijará las reglas y a quién beneficiará el aumento de oferta. Un acuerdo entre tres puede convertirse en un cartel de facto o en una simple coincidencia de conveniencia, y el texto no lo aclara.

La cláusula sobre la Corte Penal Internacional

Es el punto más corrosivo para el orden jurídico internacional. Los tres líderes afirman que el consentimiento estatal y la inmunidad de los funcionarios son de suma importancia y que la Corte no debe abusar de su jurisdicción. La postura cobra relevancia porque Putin enfrenta una orden de arresto vigente de ese tribunal y la administración de Trump impulsa sanciones contra la institución.

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Los defensores de la cláusula argumentan que la justicia penal internacional ha sido selectiva y que la soberanía no puede ser letra muerta. Es un argumento con historia: ni Washington, ni Moscú, ni Pekín son parte del Estatuto de Roma. Pero los críticos responden que los firmantes legislan en causa propia: piden límites a un tribunal que juzga precisamente a quienes concentran el poder. Para los Estados parte, la ventana de respuesta será la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2027. Allí se medirá si Europa y América Latina contestan o callan.

Riesgo nuclear: el consenso de lo obvio

Afirmar que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse repite el principio sostenido por las potencias desde 1985. La novedad sería el diálogo sobre reducción de riesgos y no proliferación entre los tres, que incluye a China, hasta ahora reticente a negociar límites a su arsenal. Trump dijo que los tres países están en una posición única para discutir cómo reducir el número de armas nucleares. Pero un diálogo no es un tratado, y la arquitectura de control de armamentos está desmantelada. Sin cifras, plazos ni verificación, el compromiso corre el riesgo de quedarse en retórica.

Lo que el texto calla

La declaración omite lo esencial. No menciona las guerras en Ucrania ni en Irán, aunque Trump aseguró haberlas planteado en reuniones bilaterales con Putin y Xi. Un documento titulado «hacia la paz» que evita los dos conflictos armados más graves del momento invita al escepticismo. Analistas y medios han señalado que el alcance fue sobre todo diplomático y simbólico. Además, el especialista Lyle Morris advierte que la cumbre rompe el aislamiento occidental de Putin y le da una plataforma para legitimar su guerra de agresión. Trump, por su parte, matizó: Putin y Xi «no son nuestros amigos». Putin, a su vez, indicó que los líderes no acordaron reunirse regularmente en este formato.

Impacto en el escenario mundial

El mensaje de fondo es la normalización de un directorio de tres potencias en un momento de fragmentación. Para Europa, que no estuvo presente, significa pérdida de voz. Para los países medianos, como México, implica un entorno donde las reglas multilaterales se negocian sin ellos. Para la justicia internacional, supone una presión sin precedentes desde las tres capitales con más capacidad de veto.

La declaración no cambia la ley, pero sí el costo político de aplicarla. ¿Será Shenzhen el punto de partida de una reforma del orden mundial o el recordatorio de que la paz, cuando la redactan los más fuertes, suele ser a su medida?

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