Da tristeza que sean los jóvenes quienes estén minimizando este hecho. La justificación radica en una expresión reflejo de la falta de cultura de la legalidad: “Todos lo hacen”. Esa condescendencia con los actos inmorales nos está hundiendo cada vez más, especialmente ahora con la globalización.
Que el derecho constitucional deje de ser la poesía del derecho.
Miguel Estrada Iturbide.
Nunca ha tenido México tantas leyes, tantas instituciones y tantos organismos “autónomos” y nunca hemos estado tan mal. Tal parece que la generación de leyes es directamente proporcional con los malos resultados.
Podría ya bautizarse al siglo XXI como el de la mensurabilidad, “que se refiere a la cualidad del atributo, fenómeno, etc. de ser medido”. En otras palabras, todo puede ser medido y comparado. Tristemente, cuando se dan a conocer resultados, México sigue cayendo en las mediciones en todos los órdenes.
De acuerdo con el artículo primero constitucional, “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes”. He aquí un buen ejemplo de los efectos mágicos de nuestros ordenamientos jurídicos. Un esclavo, por el solo hecho de pisar territorio nacional, obtiene su libertad. Sin embargo, recientemente leí la siguiente noticia: “México, en el lugar 120 de 167 países en índices de esclavitud (…) En México habría aproximadamente 376 mil 800 personas que se encuentran en esta situación”.
Estamos ahora escuchando propuestas para regular la violencia que el Estado utiliza en la aplicación de la ley. En otras palabras, lo que se denomina violencia legítima. Aquí hay un principio muy claro: el Estado la ejerce contra quien comete un delito y está suficientemente regulado cómo debe ser ejercida, en el marco del respeto a los derechos humanos. No tenemos por qué seguir legislando sobre lo mismo. La primera pregunta, antes de elaborar una iniciativa, es si el problema puede ser resuelto en el ámbito jurídico. Manuel Gómez Morin lo expresó siendo estudiante de derecho: “Más que modificar leyes, debemos fijar en bronce en la conciencia de los mexicanos la necesidad de cumplirlas”.
Los funcionarios públicos son propiedad pública y asumen, por lo tanto, deberes de ineludible cumplimiento. Las normas jurídicas son reactivas, responden a un problema ya definido; la ética es proactiva, parte de una convicción íntima que obliga a una actitud y a una conducta. El hecho mismo de un mayor número de leyes exigiendo a los funcionarios rendición de cuentas, transparencia, cumplimientos de numerosos requisitos, es señal de la magnitud de nuestra crisis. Esos deberes están implícitos en la protesta al asumir el cargo. Nacen de la conciencia y de la vocación política.
Bastaría con asomarnos a las naciones con auténtico Estado de derecho para constatar la forma en que reaccionan los servidores públicos cuando se prueba una desviación de las tareas asignadas, o bien sospechas de incongruencia.
Es, verdaderamente, lamentable que haya quienes consideren irrelevante los plagios en la tesis de Enrique Peña Nieto o bien que se diga que el propósito es dañar la institución presidencial. Da tristeza que sean los jóvenes quienes estén minimizando este hecho. La justificación radica en una expresión reflejo de la falta de cultura de la legalidad: “Todos lo hacen”.
Esa condescendencia con los actos inmorales nos está hundiendo cada vez más, especialmente ahora con la globalización. No podemos seguir leyendo todos los días cómo nos seguimos hundiendo en las tablas de instituciones que miden la competitividad internacional.
De las viejas generaciones recibimos lecciones de vergüenza, pudor, dignidad, integridad y que hoy se les relegan por intrascendente. Este es el más grande desafío del México actual: rescatar el respeto a la ley como la más depurada expresión de la voluntad popular.
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