La consulta para enjuiciar a los expresidentes que en rigor no es para juzgar a los expresidentes se inscribe en lo que es ya habitual en este gobierno: simulación y simulacro. La consulta será vinculante si el 40% del censo electoral vota a favor de la pregunta. En caso contrario, será un ejercicio estéril pero muy costoso, lo suficiente para pagar las medicinas de los niños con cáncer. En otras palabras, deberán concurrir a las urnas 30 millones de mexicanos que se posicionen a favor del juicio. López Obrador con este gesto exhibe su manera de gobernar. La responsabilidad de llevar ante los tribunales a quien viole la ley no debe someterse a consulta. Es obligación de la autoridad denunciar a presuntos delincuentes. Andrés Manuel abdica de su responsabilidad para trasladarla a la ciudadanía. Se trata de una simulación porque prescinde de los mecanismos legales, deteriora la democracia, desprestigia al poder judicial, recurre a la demagogia como estartegia preferente de gobierno. El mismo consejo que le dio a Silvano Aureoles cuando no lo recibió en Palacio Nacional es el que debería aplicarse a él mismo. La consulta es un simulacro porque todo indica que no saldrán 30 millones a votar a favor del juicio a los expresidentes. Incluso, los presuntos delitos de los expresidentes de Carlos Salinas a Felipe Calderón ya han prescrito. No así los de Peña Nieto a quien, de cualquier manera, no se juzgará por el pacto de impunidad con López Obrador. El propósito del referéndum debe ser otro, por ejemplo mantener engrasada la maquinaria electoral de Morena, pero a costa de todos los mexicanos. El partido oficial no ha dejado de hacer campaña desde las últimas elecciones. Están en ese proceso permanentemente.
La consulta se justifica como promesa de campaña, pero como todas las promesas del Presidente de la República se quedará previsiblemente en palabras. Una nueva decepción que añadir a las decepciones derivadas del incumplimiento de las promesas. Tal como está redactada la pregunta de la consulta el propio Andrés Manuel podría ser objeto de juicio. De hecho tiene un amplio repertorio de posibles acusaciones: abandono de la población civil frente al terror del crimen organizado, medio millón de muertos a causa del Covid, corrupción rampante de familiares y allegados. Cualquiera de las denuncias presentadas contra expresidentes puede aplicarse al actual inquilino de Palacio Nacional. El asunto interesa porque en caso de que proceda ese juicio más tarde podrá sentarse a Andrés Manuel en el banquillo de los acusados. Cabe sospechar que la consulta que seguramente será rechazada sea una estrategia de encubrimiento e impunidad para el propio López Obrador una vez que abandone la investidura presidencial.
Ante este panorama, la consulta sólo se justifica para decir que cumplió con una promesa de campaña a sabiendas queno puede cumplirla. Pero lo peor no es el uso demagógico de las instituciones democráticas, sino el desprecio al poder judicial, a la investidura presidencial. López Obrador fue elegido en 2018 para tomar este tipo de decisiones, no para que responsabilice a la ciudadanía, ni mucho menos al pubelo bueno y sabio. La 4T es sólo un gran simulacro en que nada es lo que debería, pero que opera como repuesto de la verdad.
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