Del pasmo en el ejercicio de sus funciones ante la tragedia de Ayotzinapa, el Presidente Enrique Peña Nieto pasó a responsabilizar a las autoridades locales del Estado de Guerrero, y luego cuando surgió y se extendió la protesta nacional en su contra la identificó como intento desestabilizador, de los que buscan frenar el desarrollo de México. Siempre ha tratado de zafarse de la indiscutible responsabilidad constitucional y legal que tiene en materia de seguridad pública y la crisis de derechos humanos.
Con el denominado decálogo de acciones por la seguridad y la justicia, el Presidente propone institucionalizar esa misma actitud, evasiva, y esa precaria visión, responsabilizar al ámbito municipal como principio y fin del fracaso policial y la infiltración del crimen organizado, como si los gobiernos estatales y el federal estuvieran al margen de las complicidades y entramados corruptores.
Ahora agrega el apresuramiento al Congreso para que sean desahogadas en un periodo extraordinario las iniciativas que envió la semana pasada, varias de ellas, sin diagnóstico cierto, carentes de sustento y otras con claros propósitos autoritarios y de centralización del poder. El gobierno anunció con bombo y platillo que el Ejecutivo daría a conocer un plan de acción, y el Presidente salió con un paquete legislativo. Ni siquiera de fondo, que cimbrara las estructuras del poder corrompido. Es burda la maniobra: ahora buscará responsabilizar al Congreso si no lo hace bajo su cronómetro.
Los Diputados y Senadores no debemos permitir esa presión, enmarcada en una estrategia mediática, mucho menos cuando están pendientes de discusión y aprobación varios temas que son esenciales y anteriores a varias de las propuestas de Peña. Primero debe discutirse la reforma anticorrupción, no sólo a partir del Sistema Nacional que se propone y cuya iniciativa debe ser revisada y revalorada a la luz de los recientes escándalos de corrupción que involucran al mismo Presidente, sino de un conjunto de reformas para regular fuentes históricas de la corrupción política, por ejemplo, el gasto en medios de comunicación, esto es, la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en la vertiente de propaganda gubernamental. Vinculado directamente con la actuación de la policía, se requiere definir primero el estatus legal de la nueva Gendarmería nacional, o eliminarla de plano. Debe abrirse por lo tanto un proceso de análisis y discusión seria sobre el modelo policial que queremos, y ello no puede dejar de tomar en cuenta el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el continuado proceso de militarización de la policía, contrario a la Constitución.
Toda vez que una de las iniciativas toca esencialmente el pacto federal, el Senado debe tener partícular cuidado en ese análisis, pues la desaparición de ayuntamientos ya está debidamente previsto en el artículo 115 constitucional.
Luego la Cámara de Diputados se ha sacado de la chistera, al final de sus trabajos en este periodo, dos minutas cuyo proceso de estudio y dictamen no fue compartido con la Cámara de Senadores y han causado mucha confusión y disgusto entre algunos sectores de la sociedad. La primera se refiere a modificaciones al artículo 11 y 73 constitucional. La segunda, expide una nueva Ley de Juegos y Sorteos, que contiene normas anticonstitucionales, y legaliza figuras muy amplias del juego, como son los Casinos, zonas de natural conexión con el lavado de dinero.
La que ha sido objeto de mayor polémica es la que establece en el artículo 11, como derecho humano, la movilidad universal, dejando a la ley general establecer las bases para hacer efectivo el derecho a la movilidad. Este agregado constitucional va junto con una nueva fracción al artículo 73 para dar atribuciones al congreso a efecto de que pueda expedir la Ley general en materia de movilidad universal.
Se ha dicho que estas dos redacciones están dirigidas a restringir las marchas, manifestaciones, los derechos de libre asociación y tránsito de los mexicanos. A primera vista me parece que hay una sobreinterpretación de ello, pero el momento aconseja no cometer ingenuidad alguna, ni dar pie a ambigüedades que, en efecto, se presten después para limitar derechos en lugar de ensancharlos. Ahí está el reciente caso de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, en la que principios constitucionales ambiguos fueron utilizados no sólo para reducir libertades, sino para generar un mayor control autoritario de la Secretaría de Gobernación en la vigilancia de contenidos.
El Congreso debe darse su tiempo. Los senadores y diputados comprometidos con México, debemos atajar el entreguismo parlamentario a Peña Nieto, que ademas de lo anterior, nos sigue debiendo la explicación de la Casa Blanca.
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