Los partidos políticos son instrumentos de los ciudadanos, no de sus dirigencias, ni de sus bases, ni de los colectivos, grupos o facciones, y en la medida en que estén lejos de los ciudadanos, la confianza en los partidos va minándose hasta diluirse completamente.
Seguramente, responder al reclamo ciudadano fue una de las razones del Partido Acción Nacional para presentar, a principios de noviembre pasado, la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, fue mencionada dentro de los 10 puntos presentados por el Presidente de la República el pasado 27 de noviembre, a dos meses de que ocurrió la tragedia de Ayotzinapa.
Los esfuerzos en materia de anticorrupción vienen dándose desde hace tiempo, tiene que ver con la creación de la Auditoría Superior de la Federación y con muchas reformas e iniciativas. Recuerdo que quien fuera mi coordinador en la 59ª Legislatura, Francisco Barrio Terrazas, presentó una iniciativa a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos con el fin de “cerrar los espacios a la impunidad”. Con el tiempo también se han llevado a cabo esfuerzos internacionales, la iniciativa del Sistema Nacional se refiere a tres convenciones internacionales firmadas por México: 1) Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (OCDE); 2) Convención Interamericana contra la corrupción (OEA); 3) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Los esfuerzos evidentemente han sido insuficientes.
De acuerdo con la iniciativa, el Sistema Nacional Anticorrupción se conforma por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y el Comité de Participación Ciudadana. Como es un Sistema, lo supone también en ámbito local. Implica la reforma a 10 artículos constitucionales e incluye la reforma correspondiente al artículo 122 del Distrito Federal.
Tengo entendido que esta iniciativa está principalmente elaborada por especialistas sin partido, es un esfuerzo serio que merece discutirse y espero que en él participen muchas organizaciones y personas de la sociedad civil. Hay sin duda mucho qué opinar y vale la pena seguirla.
Sin embargo, no todo está en las leyes, ni siempre se requiere la ley para resolver los problemas. El Estado de derecho no depende únicamente de lo que las leyes detallan sino del cumplimiento de las mismas. En comparación con otros países, pocos son los que requieren tantas leyes y órganos para evitar la corrupción; pocos son los que tienen como uno de los temas de conversación principal: el crimen desde la autoridad, el soborno, el conflicto de interés, la corrupción y la impunidad.
Este impulso legislativo requiere unir el esfuerzo personal de todos para evitar la corrupción. De ahí que los cursos de legalidad que se imparten por personas físicas y morales son tan importantes como las leyes anticorrupción. Además, los partidos políticos tenemos que revisar nuestro propio sistema y nuestras actuaciones en todos los ámbitos. Un ejemplo de ello es lo que Juan Pardinas denuncia: que en el propio presupuesto federal, hay miles de millones de pesos que se entregaran para que los diputados decidan qué hacer con ellos. De ser así, el incentivo es perverso: las candidaturas tendrán precio, pondrán precio al apoyo electoral; hará que el que reparta a cada diputado tendrá otra herramienta para amenazar, premiar o manipular; y por si fuera poco, podemos llegar al momento en que los diputados aprueben un presupuesto de egresos únicamente en razón del dinero que se les da para que personalmente decidan y no en razón del bien de México y las políticas públicas. Si eso se aprobó, los diputados metieron en una trampa al Congreso.
Un conmovedor escrito de Ezequiel Mora respecto a su hijo Alexander apareció en las redes sociales y fue leído en una de las marchas. Nos recuerda, entre muchas cosas, que hay quienes necesitan más que nunca de nuestra solidaridad.
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