La elección para jueces y magistrados ya es negocio para consultores y universidades privadas

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Con la reforma al Poder Judicial viene la elección de jueces y magistrados para 2025, una medida polémica por el costo –el INE estima, y pidió como presupuesto, un costo de 13 mil millones de pesos–, así como por la cantidad de candidatos que participarán en dicho proceso electoral.

Para participar en el proceso, de acuerdo a la convocatoria respectiva, se registraron poco más de 49 mil personas que serán evaluados por un comité legislativo que tiene de plazo el para que el 15 de diciembre para determinar cuantos aspirantes continuan en el proceso. Arturo Zaldívar, asesor presidencial en este tema en su calidad de expresidente de la SCJN, informó el pasado 25 de noviembre que tan sólo en el caso del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo tenían en su poder 18 mil 447 registros.

En dicha elección habrá 881 cargos judiciales en juego, divididos en Ministros de la Suprema Corte, Magistrados electorales y de disciplina, magistrados de circuito y jueces de distrito, para lo cual se espera la participación de hasta 5 mil 100 candidatos; en la CDMX,  por ejemplo, cada votante tendría que elegir hasta 200 cargos, mientras que en Colima serían unos 26.

Con estos números ya es claro que habrá muchos interesados en participar, pero tomando en cuenta que para la elección deberán hacer campaña para ganar el voto –el pueblo elegirá a los jueces, como se han cansado de repetir desde el partido oficial– y con esto ya entramos en un terreno que implica un negocio que empieza a ser percibido por consultores e incluso por algunas escuelas.

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Y es que una cosa es ser abogado y buscar convertirse en juez gracias a esta reforma que abrió la oportunidad para llegar a esa posición mediante una votación, y otra es participar en una campaña electoral para ganar esa posición convenciendo a los electores.

En este punto es en donde aparecen consultores, asesores y centros educativos para aprovechar la coyuntura y ofrecer sus servicios para quienes están inmersos en el proceso y su registro fue aprobado para participar en la elección del 1 de junio de 2025.

Una de las primeras muestras del negocio que ya se está gestando se dio cuando circuló en redes sociales la información del curso «Reforma Judicial: Estrategia para una Campaña Exitosa» del ITAM, en modalidad presencial y a un costo de 45 mil 800 pesos, impartido por especialistas vinculados al PRI, como la exdiputada tricolor –hoy en Morena– Mariana Benítez Tiburcio, así como César Castillejos Rangel, exsecretario de Comunicación Institucional del PRI y coordinador de Comunicación en la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México.

La indignación de la comunidad estudiantil y las críticas en redes sociales, en la página web del ITAM el curso aparece como «expirado», aunque queda constancia del primer indicio del negocio que se está gestando.

Otro curso que se ofrece es el que presenta la consultora TAKTIKOM, que se dirige también a quienes buscan participar en la campaña para apoyar a los candidatos y que se denomina diplomado titulado «Cómo ganar la campaña a juzgador federal» con un costo de 25 mil pesos.

En el dossier se comenta que el curso «es una formación especializada diseñada para brindar a los participantes las herramientas estratégicas y prácticas necesarias para enfrentar con éxito las elecciones de juzgadores en 2025. Con un enfoque en campañas políticas adaptadas a cargos judiciales, este programa ofrece 12 materias y 4 talleres impartidos por consultores internacionales y nacionales con experiencia en campa³as ganadoras».

También la Universidad Anáhuac Puebla pone a disposición de los interesados su diplomado Campañas Políticas: Estrategias para Ganar Elecciones a un costo de 19 mil 100 pesos, diseñado para «formar expertos en manejo, dirección y ejecución de campañas políticas con conocimientos teórico-prácticos que fortalecerán su liderazgo y habilidades gerenciales mediante el uso de técnicas y herramientas de la administración de proyectos aplicadas a las campañas», mismo que dará inicio a inicios del año que entra.

Llegan los consultores

Universidades privadas no son las únicas que pueden aprovechar esta coyuntura para hacer negocio, pues también tenemos a las consultoras que se aprestan a brindar sus servicios a los interesados en contar con sus consejos para tener una campaña con posibilidades de éxito.

El despacho de Gabriel Guerra Castellanos –»Diseñamos, desarrollamos y ejecutamos estrategias hechas a la medida, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de comunicación», como se presenta en su portal–, informó que se asoció con Ojesto Martínez y Asociados con el fin de «fortalecer las capacidades políticas y comunicativas de quienes competirán por la integración del Poder Judicial, y tener la mayor certeza de que ingresarán las personas más aptas para el puesto».

Lo anterior se hará mediante «servicios de inteligencia, análisis y estrategia en comunicación, política y capacitación (de parte de Guerra Castellanos y Asociados). Por su parte, Ojesto Martínez y Asociados brindará servicios de asesoría jurídica y litigio en materia jurídico-electoral».

Fernando Ojesto Martínez Porcayo, fue Magistrado Electoral de 1988 a 2006 y su despacho se presenta, de acuerdo al boletín, como «una consultoría jurídica “boutique”, especializada en asesoría jurídica especializada sobre temas en materia política-electoral, constitucional y legislativa».

Una campaña sui generis

El proceso electoral para elegir a ministros, magistrados y jueces tendrán 60 días para hacer campaña –en esta ocasión no habrá etapa de precampaña–; ninguno de los candidatos tendrá el respaldo económico de los partidos políticos ni financiamiento público o privado, por lo que tendrán que costear sus actividades de promoción con sus propios recursos.

Los mecanismos de fiscalización, que competen al INE, no están claros y será algo complejo por el número de candidatos que se presentarán, por lo que la autoridad electoral trabaja a contrarreloj para definir los criterios y capacitar a su personal para esta tarea.

Hay que considerar en este particular que el INE tendrá la facultad de acordar el límite de gastos y de fiscalizar las campañas con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ante la cantidad de candidatos que participarán, dato que conoceremos a mediados de febrero del 2025, es claro que habrá muchas oportunidades para que consultores, asesores, universidades y especialistas ofrezcan sus servicios entre los que puedan pagarlos.

El otro tema que se deberá revisar es de dónde saldrán los recursos para que los candidatos hagan campaña buscando convencer a los ciudadanos que ven este proceso electoral con recelo y poco interés.

Imagen de portada: Flux.


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