El efecto de la presión social es cada vez mayor y algún costo está teniendo.
Dos hechos destacaron de la promulgación -en una gran ceremonia en Palacio Nacional- de la legislación por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El primero de ellos se trata de la disculpa que ofreció el presidente Peña Nieto durante su discurso por el escándalo de la Casa Blanca, y el otro se dio poco antes con el anuncio que hiciera Virgilio Andrade de su renuncia al frente de la Secretaría de la Función Pública.
Nadie se esperaba que 20 meses después, Peña Nieto se refiriera a la investigación del equipo de Carmen Aristegui por la cual se dio a conocer la adquisición que hizo su esposa de una residencia en las Lomas de Chapultepec propiedad de Grupo Higa, que es uno de los contratistas favoritos del gobierno.
No es menor el que el presidente haya reconocido que la Casa Blanca fue un error -aunque defendió su legalidad-, que causó irritación, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno para luego expresamente pedir perdón.
Las reacciones en estos días han sido diversas y aunque algunas voces lo han calificado como un hecho sin precedente -se olvidan de las lágrimas de López Portillo- o incluso un acto de dignidad, la mayoría coincidimos en que es insuficiente, llegó demasiado tarde y que, cuando menos en el corto plazo, no tendrá ninguna consecuencia jurídica. Una frase que encontré en redes sociales quizá pueda reflejar el sentir de muchos: Si no violó la ley, ¿por qué pide perdón? Y si la violó, ¿con pedir perdón basta?
Lo que queda claro es que el intento por recuperar la credibilidad de la sociedad y mejorar la maltrecha imagen presidencial -que quizá era el principal propósito- fue infructuoso y en una lógica de rendición de cuentas sigue estando reprobado, pero queda el consuelo que el efecto de la presión social es cada vez mayor y algún costo está teniendo.
Igualmente llama la atención que hayan esperado casi dos años para informar que un mes después de que se publicó el reportaje, Angélica Rivera canceló el contrato de compra-venta, devolvió el inmueble y Grupo Higa le reintegró los pagos que había realizado con sus respectivos intereses -que suerte tuvo pues no es lo común-. Sin embargo, es inevitable preguntarse ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo para hacer este anuncio siendo que se estaba generando un impacto tan importante en el ánimo colectivo?
Por otra parte, la salida del titular de la Función Pública resultaba inevitable aunque también fue tardía. Virgilio Andrade asumió con disciplina -y probablemente con resignación- el sacrificio que le impuso su jefe, y de llegar a esta dependencia con la reputación de un hombre serio, inteligente, austero, terminó como el político más caricaturizado representando el rostro de la corrupción y la impunidad.
Seguramente, y conforme a la más rancia tradición priísta verán la forma de recompensar los “servicios” prestados al presidente, ya que difícilmente podrá reinventarse para retomar su incipiente carrera política, y mucho menos recuperar el prestigio del que alguna vez gozó.
Todavía queda mucho camino por andar y habrán de pasar varios años para que podamos medir la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero por lo pronto, y a pesar de la resistencia de la clase política, hay señales que demuestran que algo se empieza a mover en México.
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