Los nuevos instrumentos jurídicos no deben quedar sujetos a la voluntad de los actores políticos.
Ahora que finalmente el tema de la corrupción ocupa un lugar prioritario en el debate público nacional debido al hartazgo de la ciudadanía -que la ubica como uno de los temas más importantes casi en el mismo nivel que la inseguridad y violencia-, a que diversos estudios han documentado con mayor precisión sus graves consecuencias, así como a la presión que ha ejercido la sociedad civil organizada, organismos internacionales e instituciones académicas, naturalmente se ha abierto también la discusión sobre sus causas.
Se han dicho muchas cosas al respecto, desde la muy desafortunada declaración del presidente Peña Nieto en cuanto a que se trata de un fenómeno cultural, hasta quienes sostienen que es un factor de entendimiento y cohesión entre los grupos de poder para mantener la estabilidad del sistema político, pasando por quienes la atribuyen a los incentivos creados y a la deficiencia del marco regulatorio que es en el que en este momento se han concentrado los esfuerzos a partir de la aprobación de una reforma constitucional y la subsecuente legislación secundaria.
Por supuesto me parece que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es un paso fundamental para su prevención y combate, y que debemos cuidar que en el proceso de análisis y de las siete leyes que actualmente se está llevando a cabo en el Senado no se dejen resquicios o cabos sueltos que lo vuelvan ineficaz, también que se debe seguir ejerciendo presión para que la implementación y cumplimiento de los nuevos instrumentos jurídicos no queden sujetos a la voluntad de los actores políticos, pero me temo que ningún esfuerzo va a ser suficiente en tanto no se imponga la cultura de la legalidad en nuestro país.
Cuantas veces no hemos visto cómo la aplicación de la ley se determina en función de los intereses políticos, la coyuntura electoral, la capacidad económica de las partes o de sus relaciones e influencia. Además de provocar una gran indignación, las escenas que se difundieron ayer en las que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retienen en Chiapas a un grupo de maestros que no quisieron participar en su plantón, los obligan a caminar descalzos con carteles mediante los cuales los califican como traidores y los rapan en público son fiel reflejo de ello.
Estos actos de barbarie no sólo constituyen una vejación inadmisible hacia quienes cometieron el “pecado” de pretender cumplir con su responsabilidad e impartir clases a sus alumnos, así como una burla a las autoridades -incluso al parecer estaban presentes algunos policías que no hicieron nada-, sino que manifiestan un profundo desprecio a la ley pues saben que, como en otras ocasiones, lo más probable es que todo se resuelva en una negociación política y no pase nada. Por eso insisto que en tanto se mantengan los incentivos para violar la ley, se sigan imponiendo criterios económicos y políticos, su aplicación sea negociable y prevalezca la impunidad, es muy poco lo que se puede hacer para enfrentar y poner límites a la corrupción. Anticorrupción y legalidad son un binomio indisoluble.
There is no ads to display, Please add some
