Durante su último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó como un triunfo de su administración haber “cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo”. Este discurso de autocomplacencia sobre uno de los problemas que más preocupan a la sociedad mexicana ha sido constante a lo largo de su mandato, aun cuando los casos de corrupción, tanto en su gobierno como en la esfera pública, no han dejado de acumularse. A pesar de las promesas de erradicar las prácticas corruptas, los mecanismos y redes de corrupción no sólo se han perpetuado, sino que han adquirido nuevos rostros y beneficiarios.
Un episodio emblemático ocurrió el 31 de agosto de 2019, un día antes de su primer informe de gobierno. El presidente, confiado, declaró que se había ganado la batalla contra la corrupción. En esa ocasión, sacó por primera vez el “pañuelito blanco” para afirmar que “ya no hay corrupción arriba”. Sin embargo, menos de un año después, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que revelaba el que sería el caso de corrupción más grande de su sexenio: los desvíos de más de 15 mil millones de pesos destinados a los programas alimentarios para las poblaciones más vulnerables, ejecutados a través de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El caso continúa impune en su parte más alta, pues quien fuera su titular durante los desvíos, Ignacio Ovalle, no fue investigado; por el contrario, fue premiado con otro puesto en la Secretaría de Gobernación.
A pesar de este escándalo monumental y de otros casos que se sumaron a lo largo del sexenio, el discurso del presidente no cambió. Día tras día, insistió en que la corrupción en su gobierno era cosa del pasado. Fue hasta el 29 de junio de 2023 que el mandatario reconoció públicamente las irregularidades en Segalmex, pero lo hizo bajo una narrativa que buscaba minimizar su impacto. “Es el único caso”, afirmó, como si con ello pudiera borrar el rastro de otros episodios que también fueron documentados por medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Peor aún: dijo que los directivos habían sido engañados por algunos priistas que seguían en la administración.
En los últimos seis años, han sido abundantes las evidencias de diversas formas de corrupción en distintas áreas del gobierno. Ello nos obliga a hacer una clasificación que facilite su comprensión y análisis, además de ponerle nombre y apellido a los presuntos responsables. En este “sexenario de la corrupción”, hemos agrupado los casos que registramos en seis grandes categorías: justicia discrecional, sobornos, moches y enriquecimiento ilícito; desvío de recursos públicos, corrupción electoral, ejercicio abusivo de funciones, así como conflicto de intereses. Cada una de estas categorías refleja no sólo los patrones que han persistido en el gobierno actual, sino también la capacidad del poder corruptor para reinventarse y operar bajo nuevas formas, ahora disfrazadas de un discurso de austeridad y transformación.
Los casos de justicia discrecional son unos de los más preocupantes, ya que involucran la manipulación política del sistema judicial para favorecer a ciertos actores cercanos al poder, mientras se castiga selectivamente a quienes resultan incómodos. Ejemplos de este fenómeno incluyen el uso político de las instituciones judiciales para perseguir a quienes se consideran opositores en el ámbito empresarial, académico, periodístico y de las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado la corrupción del régimen.
En cuanto a sobornos, moches y enriquecimiento ilícito, hemos visto cómo la vieja práctica de intercambiar dinero por favores políticos entre personas cercanas al poder sigue siendo una constante en diversas secretarías y niveles de gobierno. Aunque el discurso oficial insiste en que la corrupción se ha erradicado, las investigaciones demuestran que, bajo la superficie, continúan existiendo redes de complicidad entre empresarios y funcionarios.
El desvío de recursos públicos es uno de los mecanismos de corrupción más documentados durante el sexenio, se ha materializado en programas sociales diseñados con el propósito explícito de beneficiar a sectores vulnerables, pero cuyos recursos han sido sistemáticamente desviados hacia otros fines. Segalmex es sólo el ejemplo más visible y de mayor envergadura de un esquema que se ha repetido en otros programas sociales clave.
La corrupción electoral, presente en los comicios de 2018, 2021 y 2024, ha evidenciado el uso de recursos públicos y programas sociales con fines proselitistas, lo cual viola la equidad electoral. Estos casos no han sido suficientemente sancionados, lo que ha contribuido a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.
Finalmente, el ejercicio abusivo de funciones y el conflicto de intereses se han manifestado en múltiples áreas del gobierno, desde la emisión de decretos para favorecer a empresas vinculadas a amigos y familiares del presidente, así como a integrantes de su círculo más cercano, hasta la manipulación de licitaciones públicas en favor de consorcios cercanos al poder. Estos episodios nos recuerdan que la corrupción, lejos de ser un problema erradicado, sigue siendo un fenómeno sistémico que afecta a la democracia y al estado de derecho en México.
A continuación, presentamos un recuento breve —pues para hablar detalladamente de cada caso requeriríamos varios cientos de hojas— pero exhaustivo de los principales mecanismos y casos de corrupción que sucedieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
JUSTICIA DISCRECIONAL
Una de las formas más efectivas de controlar la corrupción es abatir la impunidad. Un sistema de justicia capaz de investigar y sancionar actos de corrupción no sólo permite recuperar los recursos desviados, sino también modificar las condiciones que permitieron estos actos y disuadir que sucedan en el futuro.
Al analizar los casos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, es evidente que la impunidad fue un factor que los favorecía. Seis años después, el sistema de justicia aún opera como una extensión del poder político. Aquellas personas que forman parte del grupo en el poder —o que se alinean con él— reciben un trato preferencial e incluso pueden evadir las sanciones. En cambio, quienes no aceptan enfrentan un trato más severo. Aún peor: algunas de las voces críticas acaban por recibir acusaciones sin pruebas.
Un elemento adicional de preocupación es que muchas de las acusaciones penales en casos de corrupción no han resultado en sentencias. Esto no sólo es reflejo de un sistema judicial ineficaz, sino de fallas en las autoridades responsables de investigar.
Ante las acusaciones de corrupción en contra de aliados, el gobierno de López Obrador adoptó cuatro estrategias: negó o minimizó las acusaciones, las atribuyó a maquinaciones de sus opositores, defendió a los acusados como personas honorables o, ante la abrumadora evidencia, prometió una investigación que nunca sucedía.
Desde sus conferencias mañaneras, el presidente defendió a Ignacio Ovalle por los desvíos en Segalmex alegando que eran sus subordinados los responsables; elogió a Delfina Gómez tras las acusaciones de cobrar diezmos en Texcoco y justificó a Alejandro Esquer tras la divulgación de videos en los que se le ve depositar millones de pesos en efectivo a un fideicomiso de Morena, como lo dio a conocer MCCI en diciembre de 2021. Ante las acusaciones contra su familia —hermanos, hijos, primas—, fustigó a los medios que lo revelaron.
Alejandro Murat dejó el gobierno de Oaxaca en 2023 con irregularidades por más de 6 mil millones de pesos para acciones de salud, según la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, ahora es senador por Morena. Su compañero de bancada, Javier Corral fue originalmente acusado de conflicto de intereses por el gobierno de López Obrador, pero ahora es protegido por el oficialismo de las acusaciones de corrupción en su contra. Incluso, personajes como Alfredo Del Mazo, exgobernador del Estado de México, quien renunció al PRI en 2024 y está vinculado a varios casos de corrupción, nunca enfrentó investigaciones ni acusaciones desde el gobierno federal.
Para quienes se oponen al gobierno, el trato ha sido marcadamente distinto. Rosario Robles, acusada por participar en la Estafa Maestra, estuvo en prisión preventiva por más de tres años, antes de ser absuelta en 2024 por un juez. Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada desde 2021, lo que lo llevó a perder la candidatura a diputado federal plurinominal en 2024, aunque aún no ha comenzado el juicio en su contra.
Cuando comenzó el sexenio, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil impulsaban una agenda de reformas que pretendía separar la procuración de justicia de los criterios políticos. Seis años más tarde, esta situación está inalterada. Si acaso, ahora opera con mayores criterios políticos. Los casos de personas cercanas al poder que fueron investigados se resolvieron normalmente a su favor, mientras que quienes fueron considerados como adversarios enfrentaron condiciones más adversas.
CORRUPCIÓN ELECTORAL
Hace seis años, MCCI e Integralia Consultores advirtieron que el financiamiento y el gasto ilegal en campañas políticas eran los mayores problemas de la democracia electoral en México. De acuerdo con el estudio, las campañas gastan hasta 25 pesos por cada peso reportado a las autoridades electorales. Este financiamiento ilegal afecta la equidad en la contienda, encarece las campañas y fomenta el desvío de recursos públicos. Hoy las preocupaciones sobre la penetración del dinero ilegal en las elecciones siguen siendo las mismas.
A pesar de la complejidad de documentar el financiamiento ilegal de campañas, existen notables esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por detectar irregularidades en el gasto de los partidos, como en los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate en el 2000, Monex en 2012 y los diezmos de Delfina Gómez en Texcoco en 2015. Además, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil también han documentado mecanismos ilegales de financiamiento. En 2018, MCCI reveló la Operación Sáfiro (con ese), un esquema de desvío de 650 millones de pesos que involucró al gobierno federal y a autoridades de siete estados para financiar campañas del PRI en las elecciones locales de 2016. Este esquema fue confirmado posteriormente en la investigación del “caso viuda negra”.
Los casos consignados en esta categoría muestran las diversas formas en que se financian ilegalmente las campañas a pesar del complejo marco legal vigente. Esto es especialmente preocupante ante la próxima elección de ministros, jueces y magistrados.
Están documentadas otras tres irregularidades de Morena en procesos electorales. La primera viene de 2023, cuando Televisa mostró videos de colaboradores de Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo en las oficinas del gobierno de Campeche antes de la elección estatal de 2021. Los funcionarios alegaron que el dinero era para “gestiones en favor del pueblo”. No obstante, el entonces gobernador interino Carlos Aysa González fue nombrado embajador en República Dominicana y su hijo, diputado federal del PRI, se unió a Morena. La segunda ocurrió en San Luis Potosí, dónde Mónica Rangel, excandidata de Morena a la gubernatura se declaró culpable en 2022 de cometer fraude por 22 millones de pesos y uso abusivo de funciones públicas. Recuperó su libertad tras devolver el dinero. La tercera involucra a Que Siga la Democracia, una agrupación política cercana a Morena, que utilizó firmas de casi 15 mil muertos para la consulta de revocación de mandato de 2022. El INE le impuso una sanción de medio millón de pesos; no obstante, en 2023 consiguió el registro como agrupación política nacional y acompañó a Morena en las elecciones federales de 2024.
There is no ads to display, Please add some