La Agenda 2030: nuevos horizontes de desarrollo

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El 2 de agosto, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, las delegaciones de los 193 países miembros de la organización adoptaron el borrador final de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas específicas, constituye un plan de acción para orientar los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales que buscan mejorar la calidad de vida de millones de personas en el planeta.

La nueva agenda se ha fijado ambiciosos objetivos para sustituir las acciones que por 15 años, desde el 2000, orientaron el cumplimiento de los entonces denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron un poderoso instrumento para guiar políticas públicas relevantes y con un amplio umbral transformador en los países no desarrollados. La Agenda 2030, en cambio, no sólo está enfocada a los países en desarrollo o menos adelantados, sino a todos, bajo la premisa de que no hay ningún país en el mundo que no tenga, en mayor o menor medida, retos que afrontar en materia de desarrollo.

Asimismo, la Agenda no sólo tiene el propósito de combatir las causas de la pobreza sino, en una perspectiva más amplia, las causas de la exclusión. El eje transversal es el de la inclusión y la reducción sistemática de la desigualdad bajo el lema colectivo de “no dejar a nadie atrás”. Esto junto con la inclusión del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos como componentes fundamentales del desarrollo, así como el reconocimiento de los migrantes, mujeres y niñas como agentes habilitadores del desarrollo, constituyen importantísimas contribuciones de México a la forma en la que la comunidad internacional, a partir de ahora, comprenderá y afrontará el reto del desarrollo.

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Si bien, la adopción de la Agenda constituye un logro diplomático notable, dada la complejidad de conciliar las distintas realidades e intereses de 193 países en una visión y metas comunes, la implementación de esta Agenda a nivel nacional representa un reto extraordinario. Lo es desde el punto de vista de la formulación de políticas y la aprobación de legislación que haga compatible la visión adoptada en Naciones Unidas con los objetivos nacionales de desarrollo y su marco normativo pero, más aún, por el enorme esfuerzo financiero que se necesita. De acuerdo con los expertos, cumplir a cabalidad con los objetivos adoptados supondrá una erogación anual de entre 3.3 y 4.5 billones de dólares en gasto, inversión y asistencia. Conseguir esos recursos, en un contexto económico adverso como en el que nos encontramos, supondrá un esfuerzo titánico en términos políticos y diplomáticos toda vez que la aprobación de presupuestos, por parte de los órganos legislativos correspondientes, cobrará una importancia, prácticamente, igual que la conformación de ambiciosos programas de cooperación internacional y financiamiento.

El seguimiento, evaluación y permanente ajuste de los mecanismos de implementación de la Agenda 2030 en México, por su complejidad e importancia, debieran orientarse a partir de una auténtica política de Estado en la materia. El Congreso de la Unión no puede mantenerse al margen de este esfuerzo y de ahí la necesidad de que comience a fungir no sólo como el espacio de diálogo y discusión que por excelencia es, sino como el órgano que impulse, respalde y supervise las acciones que deberán implementarse para avanzar en México y en el mundo hacia nuevos horizontes de desarrollo y calidad de vida.


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