Madrid, (apro).- El juez 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó hoy el sobreseimiento provisional de la causa contra el expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, por los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho.
El magistrado considera que no resulta “debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a estas diligencias judiciales”.
En el auto conocido este mediodía, recuerda que “la justicia española no es competente para investigar posibles delitos cometidos en México y Estados Unidos” y que “no hay base alguna para apreciar la integración de Moreira en una organización criminal”.
En su resolución, el juez rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de librar una Comisión Rogatoria internacional a México para verificar la documentación que aportó en la Audiencia Nacional la defensa de Humberto Moreira, en relación con sus empresas y la actividad de las operaciones económicas cuestionadas.
Lo hace bajo el argumento de que casi todos los documentos aportados son “testimoniados por Notario Público” y por tanto no se precisa su verificación.
El criterio del juez Pedraz en relación a esta petición de la fiscalía para verificar las operaciones económicas que dieron lugar a la creación de las empresas investigadas (Unipolares y Espectaculares del Norte y la otra Negocios, Asesoría y Publicidad) y que la fiscalía presupone ilícitas, resalta que esas actividades supuestamente ilícitas se realizaron en México y Estados Unidos, “pero ninguna en España”.
Por ello, concluye, “lo que se pretende con la Comisión Rogatoria es investigar un presunto delito de blanqueo cometido en México por extranjeros, acaecido antes de 2007 y 2005 (fecha de la creación de las sociedades de Moreira) lo cual no es factible, pues la jurisdicción española no sería competente”.
Esto se refiere a la publicación periodística del diario Reforma y de Grupo Fórmula, cuyos periodistas hicieron recorridos por los supuestos domicilios de las empresas de Moreira y no las encontraron en la ubicación señalada.
Asimismo, en la resolución concluye que las transferencias de dinero a las cuentas de Moreira en España no son cantidades desproporcionadas, teniendo en cuenta que el político priista vino con su esposa y dos hijas para realizar un master y el dinero era para el alquiler de la vivienda y la manutención familiar, “con lo que se descarta el blanqueo”.
La fiscalía anticorrupción tiene aún la posibilidad de interponer un recurso de reforma y/o subsidiario de apelación contra el auto del juez Pedraz.
Esta resolución ocurrió a 24 días de que tuviera lugar la detención de Moreira al arribar a Madrid procedente de México, y a una semana de que –tras recobrar su pasaporte— abandonara España.
En este período, Moreira pasó siete días en la prisión de Soto del Real, a casi 40 kilómetros de Madrid.
Después que Moreira abandonó España, el diario El País publicó que la fiscalía había solicitado nuevas diligencias en su contra, sin embargo, el auto del magistrado Pedraz las echó por tierra.
La nota firmada por José María Irujo señalaba que fuentes judiciales le hicieron saber que Moreira había abandonado parte de sus pertenencias, que quedaron en posesión de la policía, como un teléfono y un Ipad, ya que se había ido “como si llevara prisa”.
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