Jesús Ortega hace bien en defenderse

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El político perredista Jesús Ortega demandó a la periodista Sanjuana Martínez. La periodista en uno de sus trabajos mencionó que Ortega era cliente frecuente de un par de prostíbulos en los que incluso se cometían asesinatos. Es una acusación grave que Ortega hizo bien en no dejar pasar.

Los políticos están expuestos no solamente al escrutinio público que incluye la crítica, por supuesto, pero que también pasa por señalamientos falsos, caricaturas y ridiculizaciones. La libertad de expresión debe amparar al ciudadano y le debe dar licencia ante el poderoso, pero hasta eso tiene un límite porque si no viviríamos en una selva, pues al final del día los políticos, aunque algunos lo duden, también son personas. La defensa de la intimidad y de la reputación de las personas debe ser interés de todos.

El periodismo es un activo de la libertad y, por lo tanto, de la vida democrática. Pero deshacer personas mediáticamente es una mala práctica a la que se dedican con singular alegría algunos. La buena o mala reputación de cualquiera de nuestros políticos no debe ser motivo para las falsedades y ruindades como a las que es tan proclive la señora Martínez. En esta moda de hacer leña política de cualquiera que se pueda se adhieren profesionales del odio prestos a solicitar que se suspenda la resolución judicial. Se equivocan, lo que hace la señora Sanjuana no es periodismo, es cualquier otra cosa (exhibición de miseria moral, desahogo, productos de la frustración), pero no periodismo. El daño que puede causar el mal periodismo no es menor al que causan los malos políticos; de hecho, en la mayoría de las ocasiones van de la mano.

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En su muy particular lucha por el periodismo y contra el género humano, la señora Martínez la ha emprendido contra todo tipo de personas. Sorprende la solidaridad con esta exponente de la bazofia periodística de ciertos personajes que se presentan sin rubor en los homenajes a Julio Scherer. Sanjuana acusó en múltiples tuits —y también demandó— al fundador de Proceso de «robarse el dinero de sus trabajadores», de «exaltar narcos«, de ser «un macho» y «hacer el ridículo» y una serie de bajezas francamente grotescas. No solo eso, la señora Martínez ha demandado a medio mundo, como es el caso de su ex marido, el abogado y fiscal español Carlos Castresana, quien llevó a cabo la investigación que permitió acusar a Augusto Pinochet de genocidio, tortura y terrorismo; también presidió por encargo de la ONU la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Con él sostiene un pleito de escándalo en el que la señora ha sido ya detenida por la autoridad.

Jesús Ortega debe defender su derecho a ser respetado. Su reputación política es asunto suyo y debe asumir los efectos propios de su vida pública. Mal haría en retirar la demanda que defiende su vida personal. La libertad requiere también de contención. Más que códigos de ética, los medios necesitan un buen código penal que les impida pasar por encima de los demás. La suerte de Ortega no es la de los políticos, sino la de los ciudadanos en general, desarmados también ante quien tiene de tintero un vaso de veneno.


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